Barcelona, España | AFP |
A dos días del referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española, los dirigentes independentistas de Cataluña debían explicar este viernes cómo celebrarán la votación ante el despliegue policial y judicial que lastró su organización.
El gobierno independentista catalán aseguró este viernes que tiene previstos más de 2.300 centros de voto para que el domingo los habitantes de Cataluña, en el noreste de España, puedan participar en el referéndum de autodeterminación prohibido por la justicia española.
«Los puntos para votar en todo el territorio al final serán 2.315 colegios electorales», anunció en rueda de prensa en Barcelona el portavoz del ejecutivo regional, Jordi Turull.
«Hay llamados a votar un total de 5.343.358 catalanes que tienen este derecho de voto», agregó.
El Tribunal Constitucional, al que recurrió el gobierno conservador español de Mariano Rajoy para impedir la consulta, prohibió este referéndum. Y una jueza de Barcelona ordenó a la policía cerrar todos los centros de votación.
Sin embargo, según el vicepresidente del gobierno catalán, Oriol Junqueras, los independentistas tienen planes de contingencia.
Tras cinco años reclamando una consulta sobre la independencia de esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, rechazada repetidamente por el gobierno español Rajoy, el presidente catalán Carles Puigdemont decidió llevarla a cabo desoyendo las prohibiciones judiciales.
Pero la incertidumbre rodea su celebración: numeroso material electoral fue incautado, departamentos claves en su organización están controlados de cerca por la policía, el órgano de supervisión electoral tuvo que ser disuelto y además la justicia ordenó cerrar las sedes de votación.
«Sabemos que el día 1 de octubre habrá muchas dificultades, pero también sabemos que ante cada dificultad (habrá) dos soluciones», intentó tranquilizar el jueves Carles Puigdemont.
Este viernes, el vicepresidente regional Oriol Junqueras y otros dos altos cargos deben «explicar el dispositivo de la jornada del referéndum del 1 de octubre», informó un comunicado gubernamental.
– Precinto de colegios –
Las incógnitas son numerosas: el organismo creado para supervisar el sufragio se disolvió cuando sus miembros recibieron multas de 12.000 euros diarios por desobedecer al Tribunal Constitucional y el departamento gubernamental encargado de contar los votos fue registrado la semana anterior por la policía.
Además, una jueza, que investiga al gobierno regional por desobediencia, malversación y prevaricación, ordenó el miércoles a las policías en la región el cierre de los diferentes espacios (escuelas, polideportivos e incluso centros sanitarios) designados como puntos de votación.
La policía regional catalana se mostró reticente a cumplir esta instrucción alegando el «más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar».
El ministerio del Interior español, que coordina el dispositivo de seguridad frente a la votación, insiste en la necesidad de actuar por parte de la policía catalana, dependiente del gobierno regional, pero también cuenta con miles de policía nacionales y guardia civiles enviados de refuerzo a esta región.
En las últimas semanas, los agentes de estos dos cuerpos incautaron abundante material electoral, detuvieron a catorce altos cargos regionales implicados en la organización electoral y cerraron decenas de páginas web sobre el referendo.
Esto generó indignadas protestas en Barcelona y otras localidades de esta región que, aunque dividida sobre la independencia, es mayoritariamente favorable a celebrar un referéndum legal y acordado.
Estibadores, bomberos, campesinos, abogados, sindicatos y estudiantes realizaron protestas denunciando la presunta represión del gobierno español, que también recibió una advertencia de dos expertos de Naciones Unidas recordándole la necesidad de «garantizar el respeto a derechos fundamentales».
El jueves, unos 16.000 estudiantes marcharon por el centro de Barcelona para defender el referéndum y varios sindicatos estudiantiles planean la ocupación de los colegios electorales para evitar el precinto policial.
– ¿Votar o no votar? –
La crisis económica y el recorte parcial por parte del Tribunal Constitucional de un estatuto regional aprobado en referéndum en 2006 que dotaba de más autonomía a Cataluña hicieron crecer exponencialmente el sentimiento independentista en esta región.
En septiembre de 2015, con un 47,6% de los votos, los independentistas se hicieron con una justa mayoría en el parlamento regional con la que tiraron adelante su plan de secesión, recibiendo reproches de la oposición de vulnerar los derechos de los discrepantes.
En la última encuesta del gobierno regional de julio, un 41,1% de los preguntados apostaba por la secesión contra un 49,4% en contra que, en estos momentos, duda o rechaza participar en esta votación ilegal, poco transparente y sin apenas campaña electoral.
«Llegar a este punto sin que nadie te explique porque está bien el sí, es de locos», decía Lorena Torrecillas, una fisioterapeuta de 27 años en Barcelona.
«Prefiero quedarme con lo conocido que con lo que va a venir, porque puede ser muy bueno o muy malo», añadía sin saber todavía si votaría.
Pero el firme despliegue de Madrid contra la votación parece haber movilizado algunos votantes: según una encuesta del periódico digital eldiario.es, la participación del domingo será del 63,3% contra el 52,9% pronosticado dos semanas atrás.