Ignorar, ver de menos o criticar, en nada ayuda para fomentar armonía social y provocar actitudes de respeto en todas las direcciones. Las consultas populares tienen un valor invaluable.
Gonzalo Marroquín Godoy
Asunción Mita es la tierra de la maestra luchadora por los derechos ciudadanos María Chinchilla Recinos, la líder magisterial asesinada en una protesta heroica y valiente organizada contra el dictador Jorge Ubico Castañeda el 25 de junio de 1944.
Hoy, 78 años después de aquella gesta histórica, la comunidad de Asunción Mita se encuentra en medio de otra lucha, esta vez para oponerse al desarrollo de explotaciones mineras en su territorio, enfrentada al poder político y económico, pues se le niega el reconocimiento de lo expresado en la consulta popular celebrada el 18 de septiembre, apenas tres días después de la celebración de nuestra independencia.
Tengo entendido que la consulta popular fue organizada por las autoridades municipales y, sorpresivamente, tuvo una participación del 27% de los vecinos empadronados, lo que se considera una representación importante para este tipo de votaciones, en las que difícilmente se sobrepasa el nivel del 20%.
Más relevante es el resultado, pues un altísimo 87.8% votó a favor del NO a la pregunta planteada, que textualmente decía: ¿Está usted de acuerdo con la instalación y operación de Proyectos de Minería metálica en cualquiera de sus modalidades y que impacte en los recursos y ambientes naturales en el municipio de Asunción Mita, departamento de Jutiapa?
Esta es la respuesta contundente que ha dado la comunidad. Hubo una participación más que aceptable. Para tener un parámetro de comparación, la consulta popular para someter a la justicia internacional el diferendo sobre Belice, realizada en 2018, alcanzó una participación del 26.65% de los empadronados y fue suficiente para que la Nación entera siguiera esa vía para buscar una solución a un problema dimensiones mucho más elevadas.
Sin embargo, la respuesta de las autoridades y la propia minera implicada fue muy diferente en el caso de Asunción Mita. Primero se intentó detener por la vía de amparo la votación, pero la notificación llegó cuando la votación se había consumado.
Luego la respuesta del ministro de Energía y Minas trata con desdén la opinión expresada en las urnas: fue ilegal y la comuna se extralimitó, dijo el funcionario, sin emitir alguna opinión sobre el resultado de la consulta. Ni siquiera se tomó la molestia de decir, al menos, algo como tomaremos en cuenta el sentir de la comunidad.
Elver Resources, operadora de la mina Cerro Blanco adoptó la misma postura. Su representante legal, Bob Gill, no mostró ni el mínimo respeto por el sentir de la comunidad expresado en las urnas, y se limitó a decir que continuaremos con el desarrollo del proyecto, y aseguró que la actividad minera no provoca daño al entorno ecológico.
Más allá del debate mundial que existe sobre la minería, no cabe duda de que las autoridades municipales tienen la obligación y el deber ético de tomar en cuenta a los vecinos para facilitar o rechazar la actividad en su territorio. Finalmente, si hay algún daño, los efectos los sufren los vecinos, no los funcionarios gubernamentales y tampoco los ejecutivos de las compañías.
Las autoridades municipales explican que la consulta popular se hizo al amparo del Código Municipal, pero creo que lo importante es que se tome en cuenta la voz de la comunidad y que no se proceda simplemente a indicar que es ilegal y de ninguna manera vinculante, porque lo que se estará haciendo, además de violar el derecho de la población a expresarse y decidir sobre su futuro, es promover un foco de conflictividad social como los que se han dado en otros territorios con proyectos mineros.
Entiendo que en este momento las instituciones del sector justicia no se apegan al Estado de Derecho ni responden a los intereses de la población, pero es inconcebible que en un país democrático sea el propio Estado el que impida que la voluntad popular prevalezca sobre los intereses particulares y los de un funcionario de opaca gestión en el MEM.
En el pasado, la Corte de Constitucionalidad (CC) tuvo fallos rechazando amparos e hizo respetar la voluntad de las comunidades. En La Guatemala de hoy, hay pocas dudas sobre el resultado que tendrá este amparo. Siendo la línea oficialista la que señala el ministro Alberto Pimientel, es fácil anticipar que se declarará ilegal el voto de un fuerte sector de los mitecos y las resoluciones judiciales serán a favor de la minera. ¡Punto!
Se impondrá el autoritarismo, como se impuso con la mina rusa en El Estor, como se impone en todo aquello a lo que la alianza oficialista apuesta o apoya –sea o no legal– incluso cuando es inmoral y evidentemente ilícito.
Por supuesto que se han sumado voces a favor del oficialismo y en contra de la consulta de Asunción Mita. Sin embargo, es llamativo que ninguna de ellas habla del deber ser. Lo que se tendría que hacer. Nadie habla de la importancia de la expresión popular y no lo hacen, porque les importa un carajo sentar un nefasto precedente si para ellos es un buen negocio.