La crisis institucional hace que el país no resulte funcional para la población
El concepto de Estado fallido es polémico en su aplicación, porque algunos lo llevan a extremos, cuando las autoridades no tienen control sobre la situación que se vive en el país. Sin embargo, en su definición más directa, se define como un Estado soberano que ha fallado en el ejercicio de sus funciones básicas y esenciales. Guatemala reúne suficientes elementos para entrar en esta calificación.
Análisis de Crónica.
Pedro Velásquez y sus dos hijos salieron para Estados Unidos hace tres meses para buscar un mejor futuro, que aquí en Guatemala se les negaba. Son parte de cientos de miles de guatemaltecos que cada año deben migrar por la falta de oportunidades en su tierra.
Victoria Ajcot es una adolescente Tz’utujil que fue abusada y se convirtió en madre a los 16 años. Nunca se hizo justicia en su caso.
Los llaman los canica, son una familia completa –abuelo, hijos y tres nietas–, que trabajan en la economía informal en un mercado al sur de la ciudad. Ninguno tuvo oportunidad de estudiar más allá de la primaria.
Los esposos Guadalupe y Ernesto perdieron a su pequeño hijo, porque no recibió a tiempo la atención médica necesaria.
Estos son ejemplos de la situación que se vive en Guatemala y que muchas veces pasa desapercibida para algunos sectores de la sociedad. Lo que tienen en común los Velásquez, la familia Ajcot, los canica, y la pareja de esposos, es que forman parte de la mayoría de guatemaltecos que no reciben del Estado ni la más mínima atención. Pero esto afecta a la mayoría de la población.
Definir el concepto de Estado fallido no es sencillo, pero en términos generales, hay índices básicos que muestran la situación de cada país. Por lo regular, se ponen de ejemplo los países africanos que viven en medio de graves conflictos internos. En América Latina hay varias naciones en situaciones precarias, porque el Estado no es funcional.
En el caso de Guatemala hay demasiados elementos que permiten concluir que vivimos bajo un Estado fallido, entre los peores a nivel latinoamericano. Estos son las razones que desnudan nuestra situación en pleno siglo XXI:
¿Por qué estado fallido?
1.- MIGRACIÓN IMPARABLE: Aunque no hay cifras precisas, entre 275 y 400 guatemaltecos emprenden diariamente la peligrosa marcha hacia el norte, unos con la mirada puesta en Estados Unidos, y algunos en el vecino México. No todos lo logran, pero los que lo hacen, se convierten en parte de la comunidad de más de 3 millones de guatemaltecos que hay en Norteamérica. ¿La causa principal?: Falta de oportunidades en el país, deficiente atención de salud, educación y seguridad.
2.- POBREZA: Desde la medición de índices de Desarrollo Humano, por parte del PENUD en los años 90 del siglo XX, Guatemala ha mostrado poco avance en la lucha contra la pobreza, al extremo de estar ubicado en los peores puestos a nivel latinoamericano, siempre entre los tres países con mayor pobreza o pobreza extrema.
El 49.8% de los niños menores de cinco años padece desnutrición crónica –la peor tasa de la región– y se estima que cerca del 90% de la población tiene que vivir con algún tipo de privación. No se puede hablar de expectativa de prosperidad para ellos.
3.- DETERIORO DE SERVICIOS PÚBLICOS: La pandemia vino a mostrar de nuevo la debilidad e ineficiencia del sistema de salud. Poca capacidad para llevar a cabo la indispensable vacunación masiva. Sin embargo, desde antes de la pandemia, el sistema de salud –que no contempla la prevención–, es totalmente deficiente, particularmente en el interior. Los hospitales nacionales viven en constante crisis por falta de medicinas.
La educación igualmente deja mucho que desear, al margen del agravamiento que llega con la pandemia, ya el sistema educativo mostraba que no está a la altura de un país que aspira con ser competitivo algún día. En muchas comunidades, ni siquiera hay acceso al agua potable.
4.- INTERDEPENDENCIA DE PODERES DEL ESTADO: Pese a que la Constitución establece que debe haber total independencia entre los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo y Judicial–, se ha creado una mecánica tal, que hay total injerencia entre ellos, creando una especie de supremacía de la clase política, que coloca como representante temporal al presidente de la República, en este caso Alejandro Giammattei.
El Congreso no cumple con fiscalizar eficientemente al Ejecutivo –por ser parte del sistema–, y el poder judicial está plegado de manera total al poder político, en vez de defender su independencia.
Incluso la clase política, controla al poder municipal que, si bien tiene autonomía relativa, participa de la corruptela que emana del Congreso y de la clase política.
5.- DESQUEBRAJAMIENTO INSTITUCIONAL: Derivado de la estrategia de la alianza oficialista –formada por el Ejecutivo, partidos políticos afines, mafias enquistadas en el Estado, Corte Suprema de Justicia, crimen organizado, grupos con intereses corruptos y otros– se ha terminado de romper la institucionalidad. En este momento las instituciones del Estado responden a esos intereses particulares y no trabajan para el bien común.
Con el control de la Corte de Constitucionalidad (CC), se puede decir que se ha cerrado el círculo de tomar bajo el poder político, todos los pesos y contrapesos, para asegurar que el sistema político, siga con el control institucional.
6.- ESTADO DE DERECHO: Eso lleva a la pérdida del Estado de Derecho, pues las leyes se aplican de acuerdo a los intereses de la alianza oficialista, que puede brindar protección a mafias y hasta el crimen organizado.
La comunidad internacional ha señalado el peligro que existe por la falta de independencia del sistema de justicia. En este momento, CC, MP, CSJ y tribunales en general, obedecen a la mencionada alianza. El peligro del autoritarismo está presente.
7.- AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO: Obviamente el crimen organizado se beneficia de todo Estado fallido. Para presentar este tema, utilizamos el informe de la organización especializada Insigth Crime, el cuál lo explica de la siguiente manera: Las organizaciones criminales de Guatemala han sido las más sofisticadas y peligrosas de Centroamérica durante años. Algunas de ellas llevan décadas en operación. En ellas participan antiguos miembros del ejército, organismos de inteligencia y miembros de la policía, así como narcotraficantes y otros funcionarios públicos. Aunque en los últimos años estas organizaciones se han atomizado por las capturas de algunos de sus líderes.
La mayor parte de su actividad consiste en transportar drogas ilegales hacia el norte, pero el crimen organizado en Guatemala también está involucrado en el cultivo de marihuana, coca y amapola, así como en el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión, el lavado de dinero, el contrabando de armas, las redes de adopción ilegal, los crímenes ambientales, y otras actividades ilegales. Frecuentemente, trabajan con grupos de México y Colombia, así como de otros países centroamericanos. Han tenido el potencial de expandirse y comandar grupos criminales de los países centroamericanos.
No ser Estado fallido
Para no ser considerado como un Estado fallido, Guatemala y sus autoridades debieran estar cumpliendo –al menos en un porcentaje significativo–, con el mandato constitucional, el respeto a los derechos humanos, y promover el desarrollo integral del país.
La Constitución manda, en el artículo 1º., que: el Estado se organiza para proteger a la persona y la familia; su fin supremo es la realización del bien común.
En el artículo 2, añade la siguiente obligación oficial: Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.
Luego, entre los derechos que debieran ser respetados por estar contemplados en la Carta Magna, están la educación, el acceso a la salud, a la aplicación de la justicia imparcial, al trabajo y, en general, a proveer oportunidades para que las personas, sin distingo de raza o condiciones sociales, puedan desarrollarse.
Causa y desarrollo
En el caso de Guatemala, la causa para llegar a un estatus que puede calificarse como Estado fallido, es el fracaso del sistema político tal y como se conoce hasta la fecha. Con el paso de los años, los partidos políticos, sus dirigentes y quienes llegan a los cargos públicos, han dejado de lado el trabajo para promover el desarrollo de las personas, abriendo en cambio las puertas a la corrupción.
En todos los niveles del Estado se registran sin parar sobornos a cambio de obras, coimas en negocios para la compra de productos y servicios, plazas fantasmas –la burocracia ha crecido en cerca de 250 mil plazas en los últimos seis años–, y otras prácticas de corrupción, dinero y falta de interés que impiden que la inversión llegue a dónde más se necesita.
El sistema político está diseñado para que sean los mismos partidos dominantes, que se reciclan cada cierto tiempo, los que tengan mayores posibilidades de triunfar en las elecciones. Para ello es vital controlar, como sucede en la actualidad, al Tribunal Supremo Electoral (TSE), que responde a los intereses de los partidos políticos, lo que asegura mantener el statu quo.
El proceso para controlar las cortes (CC, CSJ y TSE), ha llevado largo trabajo a lo largo de los últimos procesos de elección de magistrados, en los que la clase política –ahora representada por la alianza oficialista–, ha logrado influir en las comisiones de postulación, como ha sido demostrado por investigaciones de la CICIG y luego de la FECI.
La finalidad del control del sector justicia obedece a los intereses de la alianza oficialista para asegurar el marco de impunidad y que no sean perseguidos penalmente diputados, funcionarios e incluso exfuncionarios, los cuáles cada vez gozan de mayor protección de parte de cortes, jueces y magistrados.
Otros países fallidos
Los ejemplos que se muestran para mostrar estados fallidos, son principalmente naciones africanas como Somalia , Yemén, Chad y Sudán –entre otros–. Sin embargo, a nivel latinoamericano se pueden incluir en esta clasificación Venezuela, Nicaragua, Honduras y Haití. Los cuatro, al igual que Guatemala, han generado olas de migrantes hacia países vecinos o Norteamérica, en el caso de centroamericanos y caribeños.