- Una jueza enmendó la plana a la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche en un caso orquestado por la fiscal Cinthia Monterroso y avalado inconstitucionalmente por el juez Jimi Bremer (Bremer y Monterroso en fotografía superior)
Tras más de 10 meses de incertidumbre e intimidación de parte de la FECI, la jueza Aurora Beatriz Gutiérrez resolvió que es incompetente el área penal para conocer del tema y que si hay jueces o fiscales que se hayan sentido aludidos por publicaciones en los medios deben iniciar acciones en el ámbito correspondiente, como un tribunal de imprenta, de ámbito privado, tal como lo establece el artículo 35 de la Constitución de la República.
La juzgadora descartó seguir el proceso penal abierto por la fiscalía contra seis periodistas y dos columnistas a raíz de publicaciones sobre presuntas irregularidades en el trabajo de jueces y fiscales en el caso abierto contra el presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, quien guarda prisión mientras espera un nuevo juicio, luego que una sala de apelaciones reconociera que hubo anomalías en el proceso que se le ha seguido, montado por la misma FECI en tan solo tres días.
Ocho trabajadores y/o colaboradores del diario El Periódico, que fue obligado a cerrar a causa del acoso judicial en su contra, enfrentaban un proceso penal impulsado por Cinthia Monterroso, ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, y sancionada por EEUU en la Lista Engel, quien denunció sentirse aludida por las publicaciones periodísticas sobre jueces y fiscales y presuntos abusos en sus cargos.
Uno de los acusados en este caso fue director de Crónica, periodista Gonzalo Marroquín Godoy, quien ha dirigido varios medios en el país, entre ellos La Hora, telenoticiero 7Días, Prensa Libre, Siglo.21 y también fue presidente de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), institución de la que luego fue presidente.
La fiscal Monterroso dependía entonces del jefe de la FECI, Rafael Curruchiche y este a su vez de la fiscal general Consuelo Porras. Los tres forman parte de la citada Lista Engel, creada por EEUU para sancionar a personas calificadas como «corruptas y antidemocráticas».
ARCHIVO – Periodistas del extinto medio de comunicación El Periódico, cuyo presidente José Rubén Zamora permanece encarcelado, mantuvieron protestas, el Ministerio Público también levantó cargos contra periodistas y columnistas por publicaciones sobre casos de corrupción.
Monterroso pidió al juez Jimi Bremer investigar a los periodistas y éste accedió en febrero del año pasado a la petición de abrir expediente judicial por obstrucción a la justicia bajo la ley Contra el Crimen Organizado, una argucia judicial para manipular la ley. El juez Bremer es doctor en derecho constitucional y por su resolución hay querellas en su contra por el delito de prevaricato.
Primer argumento o razón
Sin embargo, la jueza Aurora Beatriz Gutiérrez Andrade sobre la que recayó la causa resolvió el martes que era incompetente en el área penal para conocer del tema. En la audiencia se destacó que el artículo 35 de la Constitución sobre Libertad de expresión del pensamiento dice textualmente: «…No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Los funcionarios y empleados públicos podrán exigir que un tribunal de honor, integrado en la forma que determine la ley, declare que la publicación que los afecta se basa en hechos inexactos o que los cargos que se les hacen son infundados»
La decisión aún puede ser apelada por la fiscalía, pero ha sido bien recibida por periodistas, los afectado y organizaciones que defienden la libertad de prensa en Guatemala y el mundo.
“Es un panorama más alentador, primero para seguir haciendo periodismo y segundo para poder retornar a mi país, reencontrarme con mi familia y volver a mis cosas habituales como trabajo y estudio”, se pronunció el martes Alex Valdez, de 26 años, uno de los periodistas que buscó refugio fuera de Guatemala por temor a ser encarcelado y procesado por la fiscalía. Lleva casi un año en el exilio.
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Segundo argumento
Siete de los ocho investigados tuvieron que marcharse del país ante lo que consideraron una criminalización por parte de la justicia contra su trabajo. El medio para el que trabajaban, El Periódico, cerró sus puertas alegando que era blanco de acciones penales de la fiscalía, aunque también sufrió por un cerco comercial en su contra, razones que obligaron primero al cierre de la edición impresa y luego la versión digital.
Al estar en el exilio, relató Valdez, se pierde parte de la relación familiar. “Implica una desintegración forzosa al haberme tenido que ir de Guatemala y frenar mis estudios, mi crecimiento educativo, así como poder hacer periodismo de una manera directa”, contó.
Sin embargo, la FECI y el MP, evidentemente con intención, decidieron buscar la vía penal para acusar a los periodistas y agregaron el ingrediente de la Ley contra el crimen organizado, olvidando que tanto la Constitución, como la Ley de Emisión del Pensamiento, que es de jerarquía constitucional, son superiores a dicha ley. Es más, la Constitución misma establece que «Este
derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna», lo que resulta una defensa a la libertad de prensa contundente.
Julia Corado, exdirectora de El Periódico, también fuera del país, dijo a The Associated Press que “hay esperanza de volver a retomar nuestra normalidad y podamos trabajar, retomar nuestras profesiones”.
“Siento que fue una decisión acertada y valiente la de la jueza, tomando en cuenta los entornos que hay de la justicia y tanta gente corrompida dentro del sistema de justicia; la jueza demostró estar apegada a la ley, es una luz en el sistema de justicia”.
Corado recuerda que aún falta mucho por hacer y que el fundador del medio Zamora aún sigue en prisión desde hace más de año y medio.
“Un buen Estado de derecho tendría que investigar por qué se hizo todo esto contra periodistas”, dijo Corado.
Tercer argumento
Guatemala es uno de los muchos países que han despenalizado los llamados «delitos de prensa», como son la difación injuria y calumnia. Esos delitos no aparecen en el Código Penal guatemalteco, pero sí son contemplados en la Ley de Emisión de Pensamiento, que manda a que los mismos sean discutidos y procesados ante lo que se conoce como «tribunal de imprenta», que debe integrarse en cada caso que se presente.
(Con información de la Voz de América)