- Los casos de Virginia Laparra, ex jefa de la FECI en Quetzaltenango, y de José Rubén Zamora, han servido para dejar al desnudo el “modus operandi” del Ministerio Público en la persecución de periodistas y operadores de justicia que tienen perfil de “luchadores contra la corrupción”. La comunidad internacional así lo destaca… y los hechos, ¡también!
El delito de Virginia Laparra fue librar como fiscal la lucha anticorrupción que se libró en el país a partir de 2015.
El delito José Rubén Zamora fue poner su medio –elPeriódico– a favor de la causa de denuncia de la corruptela y publicar los casos más icónicos del saqueo al que se sometió el país por más de una década.
Ambos personajes, aunque son figuras públicas, no se conocen, pero ahora saben que han sido víctimas de un sistema de justicia cooptado, el cual pretende mantener el manto de impunidad que se ha tenido en torno al saqueo al que se ha sometido al país y que ha involucrado a funcionarios del más alto perfil, bien protegidos por quienes debieran perseguirlos.
Los casos de José Rubén Zamora y Virginia Laparra han generado gran controversia no solo en Guatemala, sino también a nivel internacional. El Grupo de Trabajo de la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, denunció, en diferentes momentos, que los dos personajes prominentes en la lucha contra la corrupción estaban presos por acciones arbitrarias iniciadas en su contra por el MP, con resoluciones igualmente manipuladas de jueces y magistrados.
El modus operandi
¿Coincidencia o patrón? No es difícil dar una respuesta, cuando se analiza la forma de actuar de la fiscalía, ver al querellante adhesivo, los procesos viciados y las resoluciones de los jueces, sumado al escarnio público al que los acusados se someten en las redes sociales. Es sencillo ver que se trata de un patrón en el que operan figuras coludidas.
Veamos. El primer paso suele ser una campaña de desprestigio en redes sociales, orquestada por netcenters vinculados con la Fundación Contra el Terrorismo(FCT), un grupo parajudicial que opera desde hace años en Guatemala, primero defendiendo a militares en casos por violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, y luego entraron de lleno en los casos de personas vinculadas a la lucha anticorrupción. Paralelo a eso, la Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), lleva a cabo una supuesta investigación, aunque en realidad se trata de un montaje con una estructura previamente planificada.
El segundo paso es la orden de captura que emite un juez coludido y apalabrado, para que el MP actúe con prontitud, impidiendo que el acusado pueda salir al exilio. En estos casos funcionó, aunque en muchos otros las víctimas lograron salir del país y encontraron protección en el extranjero, pero siempre con los daños colaterales que significa tener que dejar atrás su tierra, familia y empleos o medios para ganarse la vida.
Se sabe que gran parte jueces y magistrados del Organismo Judicial (OJ), están coludidos por las mafias que promueven la corrupción y actúan de común acuerdo con ellas, el MP, y el grupo parajudicial, que por cierto es el primero en su tipo en el país.
Ya capturadas las víctimas, se llega al tercer paso, que está previamente establecido: el juez escogido para el caso de forma muy específica, dicta auto de prisión… y principia el calvario. Lo vivió La exfiscal Laparra y lo sigue padeciendo el periodista Zamora, sometidos incluso –antes del cambio de Gobierno en enero pasado– a prácticas de tortura sicológica, como lo constataron organismos internacionales que hicieron denuncia pública de ello.
Las irregularidades dentro de los procesos que se han seguido contra estas dos víctimas, son las siguientes, de manera general, aunque con algunas diferencias particulares:
- Persecución selectiva (lucha anticorrupción) y detención arbitraria
- Acoso a equipos de defensa legal.
- Testigos dudosos.
- Jueces coludidos.
- Fabricación y manipulación de evidencia.
- Violación del Debido Proceso.
- Negación a la presunción de inocencia de las víctimas.
- Retrasos maliciosos en audiencias, para prolongar el encarcelamiento.
- Sentencias condenatorias.
- Acumulación de procesos
Los nombres se repiten
No es casualidad que el esquema creado funciones con bastante eficacia en estos casos. Muchos de los nombres de los principales actores se repiten lo mismo que la estrategia para llevar a cabo el acoso, persecución, procesamiento penal y encarcelamiento. Laparra logró salir de prisión, pero sabiendo el deseo de verla nuevamente en prisión, optó por sumarse a los más de 20 operadores de justicia que han tenido que salir del país hacia el exilio para proteger su libertad.
Zamora cumplió el 29 de julio dos años de prisión, sin que hasta el momento el MP haya podido probar ninguna de sus teorías de conspiración criminal montadas para acusarle.
Importante es destacar que hay muchos nombres que se repiten, aunque en el caso de Laparra, por ser juzgada en jurisdicción de Quetzaltenango, cuenta con algunos actores diferentes en el primer proceso.
Otra vez: ¿casualidad o patrón calcado?
La coordinación general parte de la fiscal general y jefa del MP, Consuelo Porras, quien ha seleccionado como su alfil principal para los casos más paradigmáticos a Rafael Curruchiche, que utiliza a la FECI como brazo principal. Tanto Laparra como Zamora, han tenido que sufrir el acoso y abusos que promueve la FCT, bajo las directrices de Ricardo Méndez Ruíz y el abogado Raúl Falla. Ambos suelen anticipar en sus redes sociales los pasos y acusaciones que luego utiliza el MP en su persecución penal. Suelen actuar a título personal o bajo el paraguas de la fundación parajudicial.
A nivel de jueces, el abanico es grande, aunque el preferido –en estos casos y todos los que se llevan en contra del proceso electoral del año pasado–, es el juez Fredy Orellana, pero responde con la misma eficiencia Jimi Bremer y algunos otros.
Por eso no extraña que, en la Lista Engel, creada por el gobierno estadounidense para sancionar a personajes corruptos y antidemocráticos de la región, aparezcan Porras, Curruchiche, Méndez Ruíz, Falla, Orellana y Bremer, además de otros fiscales, jueces y magistrados más que han participado de lo que ha dado en llamarse la cooptación del sistema de justicia de Guatemala.
Los supuestos delitos
El 29 de julio, tras una investigación del caso de apenas tres días, el periodista José Rubén Zamora fue capturado y acusado de los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias. En un juicio en el que no se le permitió ni siquiera presentar pruebas de descargo, fue condenado a 6 años de prisión, aunque luego en la apelación la Sala reconoció que no fue un juicio justo y ordenó que se repitiera.
En el juicio, el MP no pudo probar la acusación, a pesar de haber acosado a abogados defensores y testigos con persecución y hasta cárcel. Mientras el juicio seguía su curso, el MP abrió al menos dos casos más, uno por supuesta obstrucción a la justicia y el otro por supuesta falsificación de documentos de migración. Ninguno ha avanzado para llegar a juicio y ya se habla en redes sociales de la FCT de otro por lavado de dinero en Estados Unidos.
El periodista perdió hasta la fecha activos y, lo más importante, su diario elPeriódico, que tuvo que cerrar por la persecución judicial y un cerco comercial que se hizo contra el medio.
Los organismos internacionales han reconocido que la persecución contra Zamora obedece a su labor informativa, la cual le llevó a publicar más de 140 casos de corrupción de la administración de Alejandro Giammattei. Ninguno de ellos ha servido para abrir siquiera una investigación superficial de parte del MP.
El periodista ha denunciado que esa es la causa de su detención y responsabiliza de todo lo sucedido a Porras y Giammattei.
Casi paralelamente Virginia Laparra sufría parecidas consecuencias. Laparra fue arrestada en febrero de 2022, acusada de abuso de autoridad y revelación de información confidencial, cargos que organismos internacionales y expertos locales consideran como represalias por su trabajo en la lucha contra la corrupción.
Se considera que su persecución y acoso de parte del MP de Consuelo Porras se debe a su trabajo anticorrupción como fiscal al frente de la FECI, así como su labor anterior dentro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la que fue mandataria judicial.
El futuro de ambos
Si bien todo indicaba que ambos casos seguirían por sendas similares, la salida al exilio de Virginia Laparra cambia los escenarios. Ella está ahora fuera del alcance de los tentáculos del MP y la cooptada justicia guatemalteca, mientras que el MP, la FCT y personalmente Méndez Ruíz, hacen todo lo posible porque el periodista Zamora no recobre su libertad y, además de apelar resoluciones que le han sido favorables en diferentes instancias, recusan a jueces para retrasar audiencia y resoluciones, mientras terminan de armar los otros casos en su contra.
Por unanimidad (el tribunal) es del criterio que debe de otorgársele medidas sustitutivas (prisión domiciliar) al señor José Rubén Zamora, dijo valientemente al leer el veredicto la presidenta del Tribunal Noveno de Sentencia, Verónica Ruiz. La apelación no ha tardado y el caso está de nuevo entrampado y Zamora sigue en prisión injustamente, aunque su equipo legal confía en lograr su excarcelación pronto.
A la espera del Ejecutivo
Desde que llegó al poder el 14 de enero el presidente Bernardo Arévalo, ha repetido en varias ocasiones que la persecución contra Zamora es por su labor periodística, pero la Procuraduría General de la Nación –que depende del Ejecutivo– no ha asumido el papel que correspondería para exigir que se respete el debido proceso y se acaten las leyes del país.
Naciones Unidas (ONU) ha solicitado la intervención del mandatario para hacer todo lo que esté a su alcance para que el periodista recobre su libertad, por lo que se esperan acciones en esa dirección.
Arévalo está enfrentado abierta y públicamente con Porras, quien insiste en que la FECI y Cuyrruchiche continúen investigando el inexistente fraude de las elecciones del año pasado, en las que perdió en las urnas la candidata Sandra Torres, una política afín al llamado pacto de corruptos, que rodeó al presidente Giammattei.
El mandatario guatemalteco se ha quejado públicamente por no poder destituir a Porras, a la que responsabiliza por el estancamiento y fracaso de la lucha anticorrupción, ya que ningún caso denunciado contra el Gobierno anterior ha prosperado en sus investigaciones.
Porras, que debería dejar el cargo en 2026, se aferra al mismo y sabe que cuenta con el apoyo de la Corte de Constitucionalidad (CC), y de las bancadas aliadas en la oposición en el Congreso de la República.
Los analistas estiman que esta pugna entre el Ejecutivo y el sistema de justicia continuará y no es de fácil solución, ya que los escenarios en donde se libran las batallas son múltiples y complejos.
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