- Esto es lo que el presidente Bernardo Arévalo y su Gobierno debe enfrentar y esperar para los próximos meses. Es difícil pensar que claudicarán… Este análisis fue publicado en la revista Crónica del mes de abril.
En casi cuatro décadas no se había visto una alianza política que reuniera tanto poder, como la que se integró en torno al oficialismo durante los cuatro años de la administración del presidente Alejandro Giammattei. El 14 de enero perdió el poder Ejecutivo y parecía venir a menos, pero simplemente entró en un proceso de reacomodo… y el peligro está latente.
Análisis de Crónica
En la jornada del 14 de enero la alianza oficialista hacía sus últimos esfuerzos por impedir que asumiera la presidencia Bernardo Arévalo. Las fuerzas antidemocráticas que imponían su voluntad a diestra y siniestra en el país, perdían un pulso en el que enfrentaron a la voluntad popular y el poder de la comunidad internacional, el cual perdieron… en ese momento.
Cuando el país volvió a la democracia en 1986, se sabía que el camino tras los gobiernos militares sería complicado, pero finalmente se apostaba a la consolidación de un sistema en el que las instituciones funcionaran en beneficio del pueblo y pudiera encontrarse una senda hacia el desarrollo integral como Nación.
La nueva Constitución de la República estableció la independencia entre los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), además de crear contrapesos para impedir los abusos desde el Estado y garantizar los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos. No es perfecta, pero en teoría creea el marco regulatorio propicio para el buen desarrollo de la democracia.
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En algunos períodos constitucionales, desde aquel momento, se vio que el partido oficial reunía poder al ganar los poderes Ejecutivo y Judicial por la vía electoral, pero hubo total o cierta independencia del Poder Judicial y de instituciones creadas precisamente para mantener el contrapeso que necesita toda democracia.
Entre estas, se pueden citar la Corte de Constitucionalidad (CC), la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) y otras menos relevantes, pero importantes dentro del sector justicia.
Aún en períodos de mucho poder concentrado entre el presidente y su partido político –como sucedió con Vinicio Cerezo (DC), Álvaro Arzú (PAN), Alfonso Portillo (FRG) y Álvaro Colom (UNE)–, era evidente que la institucionalidad estaba por encima de los gobernantes, aunque algunos de ellos mostraron tendencia autoritaria.
Se retuerce el camino
Con la llegada al poder de Otto Pérez y Roxana Baldetti en 2012, la situación principió a cambiar radicalmente, pues había principiado una trama –que luego se extendió–, para controlar la mayor cantidad posible de magistrados e instituciones del sector justicia, mientras la corrupción alcanzaba niveles pocas veces vistos con anterioridad.
La caída del binomio del Partido Patriota (PP) a causa de grandes escándalos de corrupción descubiertos por la Comisión Internacional Contrala la Impunidad en Guatemala (CICIG), dio paso al inicio de una intensa batalla que se libró de diferentes formas en los siguientes dos gobiernos.
Solapado en sus intenciones, llegó a la presidencia Jimmy Morales, quien tuvo en sus manos la decisión de expulsar a la CICIG y prácticamente dar el tiro de gracia a la que prometía ser una eficaz lucha anticorrupción.
Es entonces cuando se pone en marcha la estrategia de controlar todas las instituciones del sector justicia y tener un escudo de impunidad que funcione en los casos de gran corrupción que, para entonces, investigaba una FECI con autonomía bajo las órdenes de Juan Francisco Sandoval y la prensa independiente. E lpago por cumplir con su obligación fue su destitución, por parte de la fiscal general Consuelo Porras.
Al final del período de Morales se logra estancar la elección de magistrados del Organismo Judicial (OJ) en el Congreso y queda servida la mesa para que su sucesor, Alejandro Giammattei pueda concluir la tarea y consolidar lo que ya se vislumbraba como una importante alianza oficialista, un grupo al que muchos siguen llamando Pacto de corruptos.
A Giammattei y sus primeros aliados les favorece la pandemia por el covid-19, que distrae y concede espacios para consolidar la alianza, primero en el Congreso de la República, con la mayoría de partidos políticos que reciben prebendas del Estado.
Se hereda el control del Ministerio Público (MP), con Consuelo Porras a la cabeza, así como una Corte Suprema de Justicia (CSJ) a la que se le prolonga en el Congreso su período –de forma inconstitucional–, para cerrar el primer círculo de poder: Ejecutivo-Legislativo-Judicial. Primera violación constitucional, al perderse la independencia de poderes.
Esa sintonía total garantiza la elección de magistrados ad-hoc para la CC, vital para que nada pueda ir en contra de la alianza oficialista. Por primera vez desde su creación, los cinco magistrados de la alta sala responden a un interés común: el del oficialismo y sus aliados.
Para ese entonces, la amalgama de poder es muy sólida: reúne a los tres poderes del Estado, a la mayoría de partidos políticos, militares, empresarios, estructuras de corrupción y mafias.
Se concreta el asalto institucional, y se logra controlar a todas las instituciones del sector justicia, a la PDH, la Universidad de San Carlos (USAC) y al influyente Colegio de Abogados, todas ellas piezas clave para mantener y fortalecer el marco de impunidad que ya venía creciendo, a la vez que se golpeaba y perseguía severamente a la prensa independiente.
Sorpresa, golpe y cambio
Nunca antes en casi tres décadas de gobiernos elegidos democráticamente se había visto una concentración de poder tal, que hacía imposible enfrentarlo. Aquella alianza oficialista permitía pensar que incluso podría lograr, por medio del partido oficial (Vamos) o de importantes aliados (UNE y Valor), la continuidad por medio de las elecciones generales, previstas para 2023.
Las primeras encuestas confirmaron que esto podría suceder, pero los escándalos de corrupción, abusos del MP e ineficiencia del aparato estatal empezaron a mostrar un cambio en las preferencias de los electores. La primera vuelta fue contundente: el primer lugar fue para el voto nulo, ¡de rechazo!, la segunda posición fue para la aliadaSandra Torres y la tercera casilla, que aseguraba el pase a segunda vuelta para el candidato opositor Bernardo Arévalo y el partido Semilla.
Luego vino la avalancha de votos en segunda vuelta a favor del candidato que tenía un discurso anticorrupción, y la alianza oficialista se ve contra las cuerdas. Es entonces cuando intenta dar el golpe de estado judicial –así lo denunció el propio Arévalo–, liderado por la fiscal Consuelo Porras, el cual provoca una reacción de las organizaciones indígenas del país, sectores populares y la comunidad internacional que salen a defender el resultado electoral y la democracia.
En medio de una intensa persecución judicial espuria, Arévalo logra asumir la noche del 14 de enero, y así la alianza oficialista sufre su primera derrota y pierde el poder Ejecutivo, pero varias batallas estaban por llegar, pues el presidente prometió la salida de la fiscal Porras y librar una lucha anticorrupción que, necesariamente, requerían, y requieren, del MP para la persecución penal.
En el Congreso de la República se produce otra sorpresa mientras la alianza oficialista se convierte en la vieja alianza, ahora de oposición. El partido oficial, bajo el acoso aún del MP, logra una endeble victoria y reúne las fuerzas suficientes para –al parecer– controlar el Legislativo.
Poco duró aquella victoria. Tras un mes de enero de mucha incertidumbre, la vieja alianza reagrupó sus fuerzas y en las siguientes semanas y meses ha venido desarrollando una estrategia para reacomodarse y seguir la confrontación en varios frentes contra el oficialismo.
El campo de batalla
Porras se niega a dejar el cargo, la lucha anticorrupción se estanca, los partidos políticos que formaron la vieja alianza vuelven al redil y el control del Congreso retorna a las manos que lo tuvieron los cuatro años anteriores, aunque ligeramente con menor poder. El error del presidente Arévalo de solicitar un estado de calamidad para combatir el incendio del basurero de Villa Nueva, le permitió a sus enemigos en el Congreso enviar un claro mensaje: ¡Tenemos de nuevo el control! Perdió su iniciativa.
Las figuras de Giammattei y Miguel Martínez, presentes en toda la coordinación de la vieja alianza han dado paso a nuevos líderes de esa fuerza del oscurantismo: Consuelo Porras en el MP es la figura dominante. Hay quienes dicen que sirvió para hacer que varios diputados reflexionaran y le dieran la espalda al oficialismo… o enfrentarían problemas judiciales.
Remover a Porras con el respaldo de las cortes –CC y CSJ– en contra, no parece tarea viable, mientras que se barajan otras opciones, como son una consulta popular o continuar con el desgaste para la fiscal general, al abrirle procesos por cada uno de la larga lista de casos que se ha negado a investigar.
Logros de la vieja alianza
Este es el breve recuento de los logros de la vieja alianza desde el 14 de enero, fecha en la que se inició el reacomodo, que continúa luego de casi cuatro meses:
- Se ha mantenido en el cargo Consuelo Porras.
- Debilitamiento del Movimiento Semilla como partido y bloque parlamentario por la persecución judicial librada por el MP en contra sus líderes y de la propia organización política.
- La lucha anticorrupción no termina de arrancar, porque no hay avance en las denuncias que se presentan ante organismos del sistema de justicia.
- En el Congreso ha retomado la mayoría de diputados, al menos para las votaciones que no requieren los dos tercios de los parlamentarios. Controla la mayoría de comisiones de trabajo y cada vez influye más en la Junta Directiva.
- Dispone de operadores y ejecutores para mover los hilos de las comisiones de postulación.
- Al provocar incumplimiento de promesas de campaña –salir de Porras y librar feroz batalla anticorrupción–, logra debilitar el apoyo popular.
- Influye temor en sectores de la vieja alianza que se han retirado a una distancia prudente, como empresarios y algunos grupos o actores políticos.
El problema más serio para Arévalo es que está perdiendo apoyo popular. La declaración de Los 48 Cantones de Totonicapán en ocasión de los 100 días, indicando que la primavera que no llega, expresa la frustración popular por la falta de resultados.
En cambio, el presidente ha sido eficiente en mantener el apoyo de la comunidad internacional, que ve con preocupación como el acoso de la vieja alianza continúa y se ve fortalecido en la medida que logran el reacomodo importante de sus fuerzas.
Una batalla ya declarada será la elección de magistrados del OJ, en donde la vieja alianza piensa demostrar su capacidad de manipulación en las comisiones de postulación, para dejar a los diputados afines a la corriente que elijan a los más cercanos al grupo.
En el mediano plazo, la tarea es entorpecer las acciones de Arévalo para provocar que su administración frustre a la población, y puedan recuperar en 2028 el Ejecutivo, con algún candidato que pueda endulzar al electorado con promesas como ni corrupto ni ladrón, o frases como no quiero pasar a la historia como un hijo de puta más… Engaños de campaña que han tenido éxito.