La Unión Europea anunció este jueves que decidió iniciar un proceso legal contra el gobierno británico, a raíz de un proyecto de ley sobre mercados internos que modifica aspectos del Acuerdo de Retirada, la normativa que define los detalles del Brexit.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció en Bruselas que en la jornada la UE «decidió enviar una notificación formal al gobierno británico. Este es el primer paso en un procedimiento de infracción».
- Ursula von der Leyen añadió que Londres tiene un plazo de un mes para «enviar sus observaciones».
El corazón del conflicto es el proyecto de ley impulsado por el gobierno británico y que modifica cláusulas esenciales del acuerdo firmado el año pasado.
Instantes después de este anuncio, un portavoz del gobierno británico dijo a la prensa que Londres «responderá en el momento debido» a la notificación formal de Bruselas.
«Precisamos crear una red de seguridad para proteger la integridad del mercado interno del Reino Unido», justificó el portavoz.
- Este anuncio se conoció mientras europeos y británicos mantienen en Bruselas una complicada negociación para definir como será la futura relación bilateral
- pero las declaraciones de Von der Leyen reflejan el pesimismo generalizado sobre la posibilidad de un entendimiento.
Irlanda e Irlanda del Norte
Para Von der Leyen «esa ley, por su propia naturaleza, es una ruptura de las obligaciones de buena fe estipuladas en el acuerdo. Si es adoptada tal como está, estará en total contradicción con el protocolo para Irlanda e Irlanda del Norte».
La UE ya había establecido un plazo hasta el fin de septiembre para que el gobierno británico elimine de esa ley las «cláusulas problemáticas», pero el martes la Cámara de los Comunes del Parlamento aprobó el texto y lo envió a la Cámara de los Lores.
POOL/AFP / Johanna Geron La presidenta de la comisión europea, Ursula von der Leyen, se ajusta la mascarilla antes de su discurso en la cumbre de la UE en Bruselas, Bélgica, el 1 de octubre de 2020.
«El plazo venció ayer (miércoles). Los puntos problemáticos no fueron eliminados», lamentó Von der Leyen.
En tanto, en una nota oficial, la Comisión recordó que tanto la UE como el Reino Unido están obligados a «cooperar de buena fe» y en aplicar el Acuerdo.
Al impulsar este proyecto de ley, señaló la nota de la Comisión, el Reino Unido «ha violado sus obligaciones de actuar de buena fe (…) Además, ha lanzado un proceso en el que, si la ley resulta aprobada, impedirá la implementación del Acuerdo de Retirada».
Pesimismo
El proyecto de ley impulsado por el gobierno británico modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte, previstos en el Acuerdo de Retirada.
AFP/Archivos / Paul Faith Un camión pasa al lado de un cartel anti-Brexit que pide que no se regrese a una «frontera dura» con Irlanda del Norte el 1 de octubre de 2019.
El acuerdo incluye un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda y preservar la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo, de 1998.
Desde el martes, negociadores de la UE y del Reino Unido están reunidos en Bruselas para tratar de definir como será la relación posbrexit entre Londres y el bloque europeo.
Diplomáticos señalaron que esas conversaciones no se verán necesariamente afectadas por el inicio de las acciones legales contra Londres.
Si las partes no logran un acuerdo a finales de octubre, funcionarios europeos señalan que será muy difícil conseguir un entendimiento sobre la relación posbrexit de aquí a finales de año.
Este escenario arroja aún más dudas sobre el esperado impacto económico del Brexit.
- El Reino Unido se retiró de la Unión Europea el 31 de enero de este año y debería abandonar la unión aduanera y el mercado común al fin de 2020.
Aún quedan incontables conversaciones sobre temas como la situación de los ciudadanos europeos en el Reino Unido y vice versa, reglas justas de competición entre empresas, ayudas y subsidios estatales, así como el acceso de navíos pesqueros europeos a aguas británicas.