Operadores de justicia y periodistas independientes en la mira de la «justicia»
Parece una obra surrealista con marionetas. La justicia guatemalteca se mueve dócilmente con los con los hilos que controla la alianza oficialista, dispuesta a quitar del camino a los incómodos “enemigos”, ya sean estos jueces, periodistas o activistas. Retorcer la ley no es problema alguno.
No es casualidad que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) proceda contra jueces independientes. Tampoco lo es que el Ministerio Público (MP) actúe contra fiscales independientes y busque la forma de intimidar a la prensa, ni que se aplique toda la fuerza del sistema en contra de activistas que exigen el cumplimiento de los acuerdos y leyes en El Estor, Izabal.
La estrategia de controlar todas las instituciones de justicia del país se inició muchos meses atrás y se ha ido cumpliendo paso a paso. Primero fue congelar en el Congreso la elección de magistrados para nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados de sala. Eso facilitó el segundo paso: tomar el control absoluto de los hilos que mueven a la nueva Corte de Constitucionalidad (CC).
Mantener inconstitucionalmente a la CSJ garantiza que los magistrados marioneta, continúen en sus cargos y respondan a los intereses de la alianza oficialista para proteger a diputados y funcionarios que pudieran ser acusados de corrupción.
Ellos son pieza clave para mantener el marco de impunidad que requieren las fuerzas oscurantistas del país. Los magistrados afines al oficialismo en la CSJ son: Silvia Patricia Váldes, Nery Osvaldo Medina, Vitalina Orellana, Josué Felipe Baquiax, Sergio Amadeo Pineda, José Antonio Pineda, y Manuel Duarte.
Son tres magistradas únicamente quienes mantiene independencia y suelen votar en contra y razonar sus votos en los casos que apuntan a mantener la impunidad. Ellas son:
María Eugenia Morales, Silvia García Molina y Delia Dávila Salazar.
Pieza clave en el entramado de impunidad es el Ministerio Público, que debiera ser el encargado de encabezar la lucha contra la corrupción. En vez de ello, la fiscal general, Consuelo Porras, se ha encargado de entorpecer las investigaciones más importantes.
Con control sobre el Organismo Judicial, el MP y la CC, el círculo está cerrado a favor de la alianza oficialista.
Tras los enemigos
Como en una batalla, las fuerzas oficialistas –MP, CSJ y CC– han sido colocadas en posición de ataque en contra de quienes consideran enemigos. La primera acción se produjo en el campo de los operadores de justicia independientes. La mira se puso sobre fiscales y jueces, a los que primero se sometió a un acoso periférico, para atacar a fondo más adelante.
La primera cabeza que rodó fue la de Juan Francisco Sandoval –Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), porque había que detener investigaciones importantes, entre ellas, la de la tristemente célebre Trama rusa.
Para hacerlo, la fiscal Consuelo Porras tuvo que dejar ver sus intenciones, muy lejos de sus promesas de mantener una línea independiente en el MP. A partir de la caída de Sandoval, el movimiento interno de fiscales ha sido constante, buscando que cada pieza estuviera en su lugar, cerca los amigos, lejos o fuera los más independientes.
El siguiente blanco destacado fue la eficiente fiscal de Derechos Humanos (FDH), Hilda Pineda, quien fue retirada del cargo y enviada a la poco relevante fiscalía de Delitos contra Turistas. Se aseguran así que los procesos contra militares no prosperen.
En ambos casos –Sandoval y Pineda– se utilizaron argumentos legales –en realidad retorcidos–, pero se logra la finalidad: debilitar las investigaciones los procesos que seguían la FECI y la FDH.
La ruta está trazada. La misma actitud se ha visto en el Organismo Judicial, en donde los jueces independientes son sometidos a acoso, sufren amenazas y las solicitudes de antejuicio en su contra se mueven a velocidad inaudita y, lo peor, sucede mientras la CSJ protege a los corruptos, mientras a los buenos jueces los coloca en posición vulnerable y se aceptan los antejuicios en su contra.
Los casos evidentes y emblemáticos están dirigidos principalmente contra los jueces de mayor riesgo: Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Yassmin Barrios y Pablo Xitumul. Todos ellos son reconocidos por organizaciones nacionales e internacionales como luchadores contra la corrupción, lo que les ha valido ser mal vistos por sus propias autoridades superiores.
Los cuatro han solicitado al MP que desestime los casos espurios que se han abierto en su contra, pero la respuesta es dejar que los procesos en contra de ellos prosperen y lleguen a la CSJ, la que se encarga de que continúen.
Triste escenario. Los jueces que han dictado sentencias y siguen procesos de casos importantes de corrupción o violaciones a los derechos humanos –incluso casos de lesa humanidad–, se convierten de juzgadores en acusados.
Casos como La Línea, el agua mágica, comisiones paralelas, coperacha, y muchos más, pueden sufrir por dos lados: debilidad del MP en sus argumentaciones y, si logran destituir a los jueces, resoluciones favorables a los implicados por parte de los nuevos juzgadores.
Periodistas y activistas
Las últimas acciones que se han visto esta obra de marionetas, se ha enfocado en contra de la prensa y de activistas, aunque con algunos vasos comunicantes con la Trama rusa, esa que destapó elPeriódico cuando publicó con detalles la forma en que ejecutivos de la minera rusa llegaron una noche a la residencia del presidente Alejandro Giammattei.
Aquellos misteriosos rusos eran representantes de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) –que en realidad no es guatemalteca–, la cual a su vez pertenece al Solway Investment Group. De acuerdo con la denuncia del diario, esos personajes llevaron una alfombra con dinero en efectivo al mandatario.
Esos y otras noticias sobre casos de corrupción de funcionarios y diputados provocaron la reacción del MP y Consuelo Porras, ya que buscaron la forma de armar –sin fundamento– un caso penal contra el medio y esperaban que el juez Víctor Cruz dictara orden de allanamiento contra elPeriódico y, eventualmente autorizara la orden de detención a José Rubén Zamora, presidente del medio.
Sin embargo, para sorpresa de la propia Porras, la Contraloría General de Cuentas había realizado una investigación en 2013 sobre el caso –vinculado con publicaciones realizadas por el IGGS en elPeriódico– y comprobó que un hubo ninguna anomalía, mucho menos delito que perseguir, por lo que el caso se cayó. Ahora se sabe que hay órdenes a algunos fiscales para que investiguen a fondo y encuentren lo que sea al periodista Zamora.
A quienes les ha ido peor es a los activistas que se oponen a la actividad minera en El Estor, Izabal, pues varios de ellos han sido capturados bajo el estado de sitio, dictado por el propio Giammattei para tomar el control en la zona y terminar con la oposición a la mina, seguramente a solicitud de aquellos dadivosos visitantes rusos.
durante los últimos días se han registrado ya las capturas de los activistas Angélica Choc, Germán Chub Choc, el pescador Eduardo Bin Poou, pero los allanamientos se suceden intimidatoriamente a diario, están enfocados principalmente en contra los activistas Q’eqchi’, quienes denunciaron públicamente que la minera CGN y el ministro de Energía y Minas, Alberto Pimientel, pretenden manipular la consulta popular que obligatoriamente deben realizar, esto con el fin de favorecer a la compañía de los rusos.
El primer atropello registrado durante el estado de sitio fue el allanamiento de la radio comunitaria Xyaab’ Tzuultaq’a –que transmite en idioma Q’eqchi’–, a pesar que el estado de sitio no puede limitar la libertad de expresión, por mandato constitucional.
También se ha dado la denuncia del periodista Juan Luis Font, critico de la gestión de la fiscal Porras, en circunstancias parecidas a las de elPeriódico y Zamora, ya que se inicia una investigación, aparentmente con el fin de silenciar al periodista opositor.
Esto es un repaso a ojo de pájaro, de la forma en que la justicia guatemalteca se utiliza para acosar y quitar de en medio a los opositores, considerados por la alianza oficialista como los enemigos de la ley y el orden.
Los hilos del poder político mueven a las marionetas del sistema de justicia, supeditado totalmente y actuando sin la independencia que la Constitución manda para que operen los tres poderes del Estado. Por hoy, funcionan como mosqueteros: … Todos para uno.