El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, manifestó su «preocupación» después de haber tenido conocimiento de la detención de dos colaboradores de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CIGIC), una entidad que creó la propia ONU y que operó durante 12 años en el país.
Guterres recordó que los procesos judiciales «deben cumplir con los requisitos de un juicio justo», y que es «deber» de todas las instituciones nacionales «respetar y observar» la independencia del poder judicial.
La abogada Leily Santizo, antigua mandataria de la CICIG, es una de las detenidas en el marco de una serie de operaciones supuestamente dirigidas contra extrabajadores de la comisión y actualmente se encarga de llevar la defensa de exfiscales de la Fiscalía especial contra la impunidad (Feci).
Santizo defendió su inocencia y ha señalado que su arresto supone una medida de «represalia» en su contra por ayudar a estos fiscales de la Feci, supuestamente implicados en la «persecución penal» de personas involucradas al entramado de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht, un caso que salpica a gobiernos de diversos países latinoamericanos.
«Son represalias que están emprendiendo. Estoy tranquila porque no he cometido ningún acto delictivo. No me fui. Aquí estoy con la valentía de afrontar este proceso», aseveró a medios de comunicación al momento de ser trasladada a Torre de Tribuanles.
Al ser preguntada sobre los posibles motivos de su arresto, ha señalado que el Ministerio Público aún no la ha informado al respecto, si bien ha valorado la posibilidad de que se deba a su vinculación con los casos de los exfiscales.
Así, ha dicho confiar en la justicia porque no ha cometido «ningún ilícito» y ha asegurado que confía que se puedan dar cuenta de su tranquilidad y de cómo afronta esto.
Por su parte, la Unidad de Protección a defensoras y defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua) indicó en un comunicado que las acciones del Ministerio Público son «alarmantes» y muestran que dicha institución continúa la criminalización de fiscales anticorrupción y pone en riesgo el derecho a la legítima defensa.