La ONU pidió el viernes poner fin a la «impunidad» en Nicaragua, donde la policía y elementos progubernamentales siguen cometiendo «graves violaciones» de los derechos humanos en un contexto de crisis política.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, indicó en su informe haber documentado «graves violaciones de los derechos humanos cometidas desde mediados de abril de 2018 en el contexto de las protestas» en el país centroamericano.
«Los arrestos y detenciones arbitrarios continuaron siendo un medio de represión de la expresión de la disidencia, y persistieron los casos de torturas y malos tratos a personas privadas de libertad en relación con las protestas», precisa el documento, que pone en entredicho la actuación de la policía y los elementos progubernamentales.
La ONU observa que «se ha utilizado el sistema de justicia para criminalizar la disidencia y garantizar la impunidad de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, lo que demuestra la falta de independencia del poder judicial respecto del poder ejecutivo».
Nicaragua, uno de los países más pobres de América Latina, está dirigido desde 2006 por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega.
El país atraviesa una grave crisis desde abril de 2018 cuando estalló una ola de protestas contra una reforma del seguro social, que derivó en una demanda de salida de Ortega de la presidencia, por la represión ejercida contra los manifestantes.
La violencia dejó más de 325 muertos y 2.000 heridos, 62.500 exiliados, cientos de opositores encarcelados y una profunda recesión económica.
Más de quinientos opositores fueron encarcelados y decenas de miles de nicaragüenses se exilaron.
Hasta julio, unos 100 periodistas han salido del país.
Cesar detenciones arbitrarias y liberar presos
El informe indica que la ONU «documentó» un gran número de violaciones de los derechos humanos, «tales como el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, que se materializó en varias ejecuciones extrajudiciales y en maltrato generalizado, registrándose casos de tortura y violencia sexual en los centros de detención».
También «denunció abusos cometidos por personas involucradas en las protestas, entre ellos la muerte de agentes de la policía y miembros del partido Sandinista y las lesiones a los mismos, así como la destrucción de infraestructura pública».
Según la ONU, «la fase más reciente de la represión contra los sectores críticos con el gobierno se ha caracterizado por la violación de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica».
«La represión de las manifestaciones por parte de la policía, junto con los ataques de elementos armados progubernamentales, tuvo un efecto disuasorio que dio lugar a la cancelación de muchas protestas o a la decisión de los manifestantes de disgregarlas en concentraciones menos numerosas», agrega el informe.
Señala que las autoridades de Nicaragua han fallado en la investigación de las acusaciones de abuso y en llevar a los culpables ante la justicia.
Agrega que «esta situación refleja la falta de voluntad de garantizar la rendición de cuentas y consolida la impunidad por la violación de los derechos humanos, negando el derecho de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición». Lo que «socava, aun más, la confianza pública en las instituciones del Estado».
El informe recomienda la «investigación y el enjuiciamiento penal rápido, exhaustivo y transparente de todas las denuncias de violaciones graves de los derechos humanos ocurridos desde el 18 de abril de 2018».
Pide «la desarticulación y el desarme de los elementos armados progubernamentales y reforma general del sector de la seguridad».
La Alta comisionada hace un llamado al Consejo de derechos humanos y a la comunidad internacional para que «inste a Nicaragua a que cumpla sus obligaciones en materia de derechos humanos» y «reanude cuanto antes la cooperación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y los mecanismos regionales de derechos humanos, y a que les permita el acceso al país».
También recomienda que «ponga fin a las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas arbitrariamente de libertad en el contexto de las protestas o por manifestar opiniones críticas al gobierno».
El informe es publicado cuando el gobierno concluye esta semana las negociaciones con la oposición.