- El parlamentario de oposición enfrenta varios antejuicios. El fallo de los magistrados ilegítimos no fue unánime
La mayoría de magistrados de la oficialista Corte Suprema de Justicia (TSE), resolvió hoy en contra del diputado de oposición Aldo Dávila, quien puede ahora ser investigado por un caso de femicidio, por una denuncia que puso en su contra la exdirectora de la Escuela Nacional de Enfermería, Emma Porras Marroquín, se informó en fuentes oficiales.
el diputado Dávila, del bloque de diputados de oposición en el Congreso y uno delos más críticos de la gestión del presidente Alejandro Giammattei y la «alianza oficialista», no se mostró extrañado con la noticia y dijo que como ha sucedido con los otros casos en los que ha perdido su inmunidad parlamentaria, «hará frente a las acusaciones ante la ley.
La misma Corte ha denegado más de diez antejuicios en contra de parlamentarios oficialistas, pero falla con facilidad en contra de quienes considera «opositores.
El fallo contra el diputado Dávila, llega apenas tres días después de haber participado en una conferencia de prensa en la que los diputados de oposición arremetieron fuertemente en contra delos ministros del Gobierno, a quienes señalan de actos de corrupción. El parlamentario dijo que no le teme ,a las acciones judiciales de persecución en su contra y que continuará fiscalizando al poder Ejecutivo.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros organismos internacionales han señalado que en Guatemala se utiliza el sistema de justicia para perseguir a quienes se considera opositores o enemigos del régimen.
La CIDH llegó incluso a comparar a Guatemala con las dictaduras de cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que provocó una reacción del presidente Giammattei, quien viajó a Washington para quejarse ante el pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA), por el informe en cuestión.
La CIDH ha solicitado realizar una visita al país para verificar las denuncias, pero el Gobierno se niega a permitirlo. Las misiones de la OEA deben contar con beneplácito del país o de lo contrario no verifican in loco.