El expresidente Otto Pérez Molina llegó este miércoles 2 de febrero al Tribunal de Mayor Riesgo “B”, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, donde declaró por los señalamientos del Ministerio Público (MP) en el caso La Línea, que lo llevó a dejar el poder en 2015.
En su argumentación, Pérez Molina indicó que el caso fue “armado intencionalmente” para prolongar la permanencia de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y promover la carrera política de Thelma Aldana, durante su gestión como jefa del MP.
Criticó las pruebas que tiene la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y aclaró que de cien mil escuchas telefónicas que contiene el expediente de investigación, solo aparece en una.
«Es una llamada en la que le sugiero al superintendente al de Recursos Humanos, no fue una orden», dijo Pérez Molina. Asimismo, agregó: “Ellos -FECI- no pueden decir que fue un hallazgo inevitable, porque a mí me llamó el superintendente y me dijeron, permítame lo vamos a localizar, o sea el que estaba escuchando oyó que el presidente iba a hablar, y yo tenía inmunidad y él ahí debió haber colgado el teléfono, pero no le importó, violando la ley se quedó escuchando al presidente”.
Afirmó que además, en esa llamada no dio nada ilegal y que solo estaba hablando con el entonces superintendente de Administración Tributaria, Omar Franco, en relación al cambio del jefe de Recursos Humanos de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Recalcó que el jefe de la SAT no era su subordinado y que lo que hablaron fue de cambiar al jefe de Recursos Humanos, y Franco le comentó que quería poner a alguien de su confianza y por eso el mandatario le respondió que, si era así, que colocara a esa persona.
“Allí no hay nada, nada ilegal. Aparte es que yo le hubiera impuesto y le hubiera dicho usted me pone a esa persona a como dé lugar, ahí sí hubiera estado infringiendo la ley, porque la SAT es autónoma”, comentó Pérez Molina.
Además, el expresidente aclara que en los correos electrónicos no figura ninguno que haya sido de su dominio. Asimismo, dijo que no tuvo reuniones seguidas y prolongadas con Salvador González, alias Eco, quien también estuvo involucrado en el caso de defraudación aduanera.
El caso fue destapado por la CICIG, un órgano de las Naciones Unidas que buscaba desmantelar estructuras criminales paralelas dentro del Estado.
En declaraciones a periodistas, Pérez Molina dijo que espera demostrar su inocencia en este juicio oral y público, porque no existen pruebas en su contra.
El exmilitar fue detenido en septiembre de 2015, horas después de renunciar a su cargo por el caso “La Línea”, en el que se le acusa de enriquecerse mediante una estructura paralela en el ente recaudador de impuestos.
Pérez Molina, la ex vicepresidenta Roxana Baldetti y otros exfuncionarios de la agrupación política Partido Patriota se habrían beneficiado de millones de dólares en sobornos por la defraudación aduanera que les generaba “La Línea”, descubierta por la Cicig y el Ministerio Público con base en escuchas telefónicas.
El expresidente y la exvicepresidenta están acusados también en al menos otros tres procesos judiciales por corrupción estatal.
El caso “La Línea” es uno de los mayores escándalos de corrupción destapado en Guatemala y fue destapado en abril de 2015.
Dicho caso dio lugar a una lucha sin precedentes contra la corrupción en Guatemala entre 2015 y 2019, cuando se vio interrumpida por la expulsión en 2019 de la Cicig del país por decisión del presidente Jimmy Morales (2016.2020).
«Me quedé ciega, sorda y muda»
La exvicepresidenta Roxana Baldetti también declaró en el juicio por el caso La Línea. Durante su intervención, la exfuncionaria indicó que Juan Carlos Monzón (quien fue su secretario privado y posteriormente colaborador eficaz) se ganó su confianza y ese fue su gran problema.
«Mi gran error fue que Juan Carlos Monzón se ganara mi confianza para hacer lo que hizo», dijo Baldetti en su declaración. Aseguró que se quedó «ciega, sorda y muda» al enterarse de todo lo que Monzón hizo y que él era quien le organizaba la agenda para mantenerla ocupada.
«Yo tenía una jornada de trabajo de casi 18 horas, debido a que la agenda me la elaboraba Juan Carlos Monzón», aseguró Baldetti.
Mientras tanto, aseveró que a Salvador Estuardo González «Eco» lo conoció por Juan Carlos Monzón y que de las 30 personas que se encuentran en la audiencia, solo conoce a 5.
Entre ellas, Claudia Méndez Ascencio, la exintendente de Aduanas, pero asegura que no eran amigas y hasta la fecha no lo son. De acuerdo con la exvicepresidenta, los verdaderos responsables de todo son Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González Álvarez.
Según Baldetti, ella fiscalizó el Gobierno del Partido Patriota y en su momento presentó unas 500 denuncias ante el Ministerio Público en contra de funcionarios de su propio Gobierno.
Sin embargo, asegura que los archivos de esos casos fueron desaparecidos por la exfiscal General, Thelma Aldana.
Baldetti resaltó que a diferencia de Thelma Aldana y el extitular de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, ella no salió huyendo del país y permaneció varios meses en su residencia.