La historia se repite. El colapsado e inoperante sistema para elegir magistrados para las cortes de justicia ha seguido su torcido camino y, por segunda vez, está en la cuerda floja. Ninguna opción que se pueda presentar asegura que el resultado pueda ser el que el país necesita. Mientras, cobra fuerza la tesis sobre la necesidad de impulsar una reforma constitucional en el sistema de justicia.
Parece un déjà vu. Guatemala, un país en donde ha imperado la impunidad, necesita urgentemente un sistema de justicia independiente que, por el momento, no parece una realidad en el corto plazo y alcanzarlo podría requerir no sólo tiempo, sino también una reforma constitucional que no sea retorcida por los diputados en el Congreso de la República.
En septiembre pasado tuvo que intervenir la Corte de Constitucionalidad (CC), porque por medio de amparo se logró detener el proceso de las comisiones de postulación para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de salas de apelaciones. Con ciertos cambios se repitió el proceso de selección de candidatos, pero el resultado ha vuelto a ser el mismo: manipulación en las comisiones de postulación y en el Congreso. De nuevo ha intervenido la CC.
El llamado caso Alejos –el exfuncionario y empresario fue captado en reuniones más que sospechosas con aspirantes a cargos, operadores de justicia, diputados y comisionados postuladores–, irrumpió con fuerza en la última etapa del proceso de nominaciones, cuando ya los diputados empezaban su propio proceso de manipulación, tal como se esperaba con anticipación.
La Fiscal General, Consuelo Porras interpuso un amparo ante la CC, con el fin de impedir que se lleven a cabo las elecciones de magistrados con el resultado de las comisiones enviado al Congreso.
Gustavo Alejos y otros personajes, han mantenido actividades bajo de agua, para promover que se incluyan en las listas que llegaron al Congreso los nombres de los favoritos, para ser elegidos el grupo de diputados, curiosamente encabezada por el partido oficial y el presidente del Organismo Legislativo, Allan Estuardo Rodríguez, quien ha coordinado con las bancadas para lograr consensos a la hora de elegir, apoyado por su antecesor, Álvaro Arzú Jr. y el secretario de la Junta Directiva, Felipe Alejos.
Sistema fallido
La reforma constitucional de 1994 cambió las reglas del juego para elegir magistrados, además de modificar la integración de la CSJ –pasó de 9 a 13 magistrados– y reducir a un año el período del presidente de ese organismo del Estado. Con los cambios introducidos se le concede más poder al sector político –Congreso–, que puede influir constantemente en el sector justicia.
Además, al conceder preeminencia al sector académico, se politizó este sector, pues principiaron a surgir decanos de facultades de derecho que antes no existían. El Colegio de Abogados ha mantenido su presencia, pero se sabe que la institución profesional está controlada por grupos cercanos al poder político más oscuro que promueve impunidad.
Uno de los operadores más fuertes dentro del colegio de Abogados y las diferentes comisiones de postulación, es el abogado Roberto López Villatoro, quien se encuentra en prisión, pero ello no impide que allegados suyos de profesión trasladen los mensajes necesarios para promover a los candidatos afines a lo que ha dado en llamarse pacto de corruptos.
En cada una de las últimas tres elecciones de magistrados se han dado denuncias sobre manipulación de candidaturas, tanto en las comisiones de postulación, como luego en la elección por parte de los diputados. En anteriores ocasiones hubo denuncias concretas por parte de los grupos de la sociedad civil pro-justicia, así como de la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
El amañamiento de los procesos se convirtió en vox pópuli desde hace años, lo que llevó a la entonces diputada Nineth Montenegro a promover una reforma a la Ley de Comisiones de Postulación, la cual fue mejorada, pero no se pudieron hacer cambios más profundos por el mandato constitucional, tal como está establecido en este momento.
Incluso la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, declaró a la prensa hace algunos años, con total desfachatez, que ella había participado en la decisión para elección de magistrados, alrededor de una cama –en una habitación de hotel–, a donde acudieron políticos y operadores de justicia.
¿Reforma Constitucional?
La Asociación de Jueces por la Integridad. Emitió un comunicado en el que se manifiesta a favor de cambiar el sistema de justicia; el presidente Alejandro Giammattei, ha intentado apartarse del proceso, indicando que no meteré las manos, y seré el primer presidente en no intervenir en la elección de magistrados, a pesar que en corrillos del Congreso se comenta que la bancada oficial estaría en la línea de elegir a magistrados con señalamientos o marcados por reuniones como la sostenida con Alejos.
El mandatario ha ido más a fondo e indica que está dispuesto a integrar un equipo de abogados para analizar reformas a la constitución para el sector justicia.
En el Congreso de la República hay un proyecto de reforma presentado en 2016 tres universidades: Landívar, del Valle y San Carlos. Uno de sus impulsores, el exprocurador de los Derechos Humanos (PDH), Jorge de León Duque, destaca que la iniciativa elevada al Congreso pretende despolitizar la elección de los magistrados, al tiempo que se le da fuerza a la carrera judicial, para que sean los jueces y magistrados con mayores méritos los que avancen y escalen posiciones.
Esta iniciativa fue discutida previamente por el movimiento que se llamó Diálogo Nacional por las Reformas al Sector Justicia, pero luego quedó entrampada en el pleno del Congreso, por ser apoyada por la CICIG en aquel momento.
Varios sectores se han pronunciado a favor de que se inicio un proceso de diálogo para buscar consensos y avanzar adecuadamente. Esto, sin embargo, no parece ser el camino inmediato para resolver el enredo en que se encuentra la actual elección de magistrados para las cortes.
El procedimiento para realizar reformas a la constitución requiere de la primera etapa de consensos, luego la discusión y aprobación por el Congreso, y luego convocar a una Consulta Popular, la que puede aprobar o rechazar en las urnas la eventual reforma.
Mientras tanto… dudas
En este momento el ambiente es de incertidumbre. Las opciones a la vista son que se continúe con el proceso como va –la corriente del Congreso–, o que la CC ordene que se repita el proceso para que sea más transparente. Si fuera el segundo caso, cabe decir que el resultado podría ser con una mejora mínima –insuficiente–, pero al menos se estaría enviando el mensaje de que debe prevalecer lo correcto. En el primer caso, la llamada clase política estaría saliendo simplemente con la suya.
El retraso en el proceso ya no tiene demasiada relevancia, tomando en cuenta que se ha vencido el plazo constitucional para el cambio y no se haría más que prolongar a las actuales autoridades –mediocres según los analistas, pero más o menos igual a lo que se estaría eligiendo–.
Recuadro (Puede ser a página completa) (Ilustrar con la portada de la Crónica de septiembre)
Frases que permanecen…
En septiembre del 2019, Crónica, presentó una portada en la que puede apreciarse la imagen de la JUSTICIA tirada en medio de arena. La idea era mostrar cuán mal funciona el sistema de justicia del país, que se ha mostrado sumiso ante el poder político, en vez de ser independiente, como lo manda la Constitución.
En el primer intento se dieron casos que indignaron a la opinión pública, como rechazo de la comisión de postulación a recibir la papelería del juez Miguel Ángel Gálvez y la jueza Erika Aifán, ambos juzgadores de casos de corrupción impulsados por la CICIG.
Ya en el primer intento frustrado, la organización internacional Impunity Watch (IW) dio a conocer el informe Cortes en juego, en el que destacan vicios que han podido comprobar en el trabajo de las postuladoras:
- El proceso se desarrolla con premura.
- Se excluye candidatos con alto reconocimiento.
- Los postuladores son candidatos en otra de las comisiones.
- La forma en que se califica a los candidatos.
En el reporte que se publicó en esa ocasión, se incluyeron frases de personalidades de la sociedad civil del sector pro-justicia, algunas de las cuáles presentamos a continuación, pues mantienen vigencia.
• Carmen Aída Ibarra (Directora del Movimiento Pro Justicia): — Algunos de los miembros de las postuladoras están cuestionados o están señalados por actos de corrupción. Entre estos se puede mencionar al rector de la USAC, Murphy Paiz y Romero Monterrosa Orellana –quien aparece también en el caso Alejos–.
• Lorena Escobar (Investigadora de Asies): — Estamos viendo que hay intereses particulares que han tejido redes para lograr su cometido y es el contar con magistrados a su conveniencia, quienes les puedan garantizar, en alguna medida, impunidad e inmunidad.
Además, destacó otros de los vicios que se dan en estos procesos. — Muchas universidades son creadas solo con el objetivo de incidir en las comisiones de postulación. Debe existir una previa aprobación de estas casas de estudio para determinar si cumplen con todas las condiciones, no solo normativas, sino en la práctica también. Se han tejido redes para lograr su cometido.
• José González (analista de IW): – Lamentablemente las comisiones no limitan la participación de abogados que se dedican sistemáticamente a defender a personas vinculadas con el crimen organizado, lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y a violadores de los derechos humanos. Dijo también esta frase para tomar en cuenta. — Los magistrados deben tener independencia y un conjunto de capacidades que son necesarias para ejercer adecuadamente la judicatura.
• Evelyn Díaz (miembro de Alianza por Reformas): Los doce magistrados de las cortes de apelaciones que integran la postuladora para la Corte Suprema de Justicia ya no deben ser parte de esta. Han violentado la Ley de Comisiones de Postulación al ser electos en planilla única, cuando esta normativa dice que dicha representación se hace mediante la repartición proporcional de minorías.