Bruselas, Bélgica | AFP |
La justicia belga examina este viernes la euroorden de entrega emitida hace dos semanas por la justicia española contra el presidente catalán destituido Carles Puigdemont y otros cuatro miembros de su gobierno presentes en Bélgica, que rechazan su extradición.
Sus abogados belgas, que denuncian una «histeria judicial» en España, rechazarán la ejecución de esa euroorden fruto de un «juicio político» durante la audiencia prevista en Bruselas a puerta cerrada a partir de las 14H00 (13H00 GMT).
Los cinco políticos catalanes se instalaron en Bélgica después que el gobierno español cesara al ejecutivo catalán, pusiera la autonomía bajo su tutela y convocara elecciones para el 21 de diciembre en reacción a la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre.
Puigdemont y los otros cuatro miembros de su gobierno cesado consideran que no cuentan con las garantías necesarias para un proceso justo en España, donde se les acusa de «rebelión», «sedición» y «malversación». Ocho de sus compañeros están en prisión provisional.
Aunque la Cámara del Consejo bruselense apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica al menos hasta enero.
El juez único de esta primera instancia tendrá «entre ocho y 10 días» para pronunciarse, según los abogados. Carles Puigdemont y los cuatro exmiembros de su Ejecutivo -Antoni Comín (Sanidad), Clara Ponsatí (Educación), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig (Cultura)- deben estar presentes en la audiencia.
El 5 de noviembre, se entregaron a las autoridades belgas. Tras declarar, un juez de instrucción decidió ponerlos en libertad condicional con la prohibición de salir de Bélgica sin autorización del juez, obligación de comunicar su dirección y de obedecer a todas las citaciones de la justicia y la policía.
– Euroorden ‘atípica’ –
La orden europea de busca y captura fue creada por la Unión Europea en 2002 -y transpuesta un año más tarde a la normativa belga- para facilitar la extradición entre Estados miembros sin intervención del poder político.
Pocos son los casos en los que se rechaza la ejecución de una euroorden, según varios juristas interrogados por la AFP, puesto que este procedimiento se basa en el principio de «confianza mutua» entre sistemas judiciales que se presuponen cercanos.
Pero en esta situación concreta, con cinco protagonistas de la crisis catalana, no hay lugar para la «confianza», según los abogados.
«Es una orden de detención europea totalmente atípica […] No hay mención a una infracción penal atribuida a una persona», denuncia Michèle Hirsch, quien defiende a Comín y Serret junto a su colega bruselense Christophe Marchand.
Para los dos abogados, que coordinaron su defensa con los de los otros exdirigentes catalanes, lo que se pone en tela de juicio es un «proceso político que se desarrolló pacíficamente y cuyas intenciones no se escondían».
«Se llamó a una votación para un referéndum, no se dijo: ‘Tomen las armas, ciudadanos'», señalan.
– Rajoy se reúne con Michel –
La estancia de Carles Puigdemont en Bélgica puso en un aprieto al gobierno de coalición belga liderado por el francófono valón Charles Michel y generó roces entre Bruselas y el ejecutivo de su par español Mariano Rajoy.
Para intentar hacer olvidar las fricciones, ambos mandatarios mantuvieron este viernes una reunión bilateral en la ciudad portuaria de Gotemburgo (suroeste de Suecia), en la que «no hablaron de Cataluña», según una fuerte del gobierno español.
El partido nacionalista Nueva Alianza Flamenca (N-VA) es uno de los pilares de la coalición en el poder en Bélgica, y varias de sus figuras emblemáticas, como el ministro del Interior, Jan Jambon, expresaron su simpatía con los catalanes.
«Si la justicia toma una decisión contraria a la petición española, habrá una crisis», vaticinó recientemente la politóloga belga Emilie Van Haute, interrogada por la AFP.
Su paso por Bruselas también hará que la campaña para las elecciones regionales del 21 de diciembre en Cataluña sea atípica.
El presidente destituido quiere ser candidato a las elecciones al frente de una lista «transversal» apoyada por su partido, el Partido Demócrata Catalán (PDeCAT, conservador).
Este viernes, los candidatos deben presentar oficialmente sus candidaturas.
El presidente de la asociación independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva, suena como número dos de la lista.