- Aún siendo condenada, las apelaciones pueden retrasar varios años el cumplimiento de la sentencia
La Fiscalía argentina ha solicitado doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, ya que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.
El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos (más de 39 millones de euros) la cantidad defrauda por una red que salpica también al difunto marido de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se han pedido diez años de cárcel.
El fiscal Diego Luciani ha anunciado que, con excepción del empresario Lázaro Báez –contra el que se reclaman doce años de prisión–, «se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos» de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre ha alegado que las múltiples causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.
«Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes», ha dicho el fiscal. «Interpuso su interés personal sobre el interés público», dijo Luciani, ha lamentado, según el diario ‘La Nación’.
La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, ya que ha quedado exenta por su actual cargo, pero desde Twitter ha anunciado por sorpresa que ha solicitado volver a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales «montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».
APOYO DEL PRESIDENTE Y EL GOBIERNO
Tras la petición de la pena por parte de la Fiscalía, el presidente, Alberto Fernández, ha dicho en un comunicado que «hoy es un día muy ingrato» para alguien como él, con experiencia en Derecho, y ha transmitido su «afecto y solidaridad» a Fernández.
El Gobierno en su conjunto se ha sumado a la tesis de la vicepresidenta sobre la existencia de una «persecución judicial y mediática» contra ella, alegando que «ninguno de los actos ha sido probado» y hay un intento de poner la Justicia «al servicio de los poderes fácticos».
Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.