Interviene «en cada caso» que lleva esa fiscalía y controla los allanamientos
Las cosas han cambiado radicalmente en la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), cuyo fiscal especial, Juan Francisco Sandoval, ha visto limitada su autonomía, ante la virtual intervención de la Fiscal General, Consuelo Porras, quien ha pedido ver caso por caso, y anunica que solo ella puede ordenar que se solicite el apoyo de la PNC para los allanamientos que ordenan los jueces a solicitud del MP.
Estas medidas, que nunca antes de habían adoptado por parte de fiscales generales, vienen a centralizar en la Fiscal General toda la autoridad y, sin duda, limitan la iniciativa de investigaciones. «Ahora solo se investigará lo que le interese a ella», dijo un miembro de otra fiscalía que mira casos de corrupción.
Según trascendió en fuentes de todo crédito para Crónica, la decisión de intervenir la FECI se toma luego de que se filtra la noticia de que esta fiscalía estaba próxima a solicitar una orden de detención contra el ex Secretario Particular de la Presidencia y Jefe del Centro de Gobierno, Miguel Martínez, por un supuesto caso de corrupción durante su gestión.
El problema adicional a este hecho, es que, si algún juez hubiera librado la orden de detención, esta tendría que haberse efectuado en la casa del presidente Alejandro Giammattei, en donde vive Martínez.
Sin embargo, antes que se solicitara dicha orden, la noticia se filtró y de inmediato se dieron dos hechos,m claramente vinculados: 1.- El exfuncionario público salió apresuradamente hacia España, mientras se resolvía la situación en el país; y 2.- La Fiscal General Porras anunció al personal de la FECI que deseaba revisar «cada uno de los expedientes de casos bajo investigación».
Aunque oficialmente no se ha dado ninguna explicación en torno a esta determinación de la fiscal Porras, una fuente cercana a ella dijo que se tomó la decisión en base al artículo 27 de la Ley Orgánica del MP, que concede esa potestad al Fiscal General.
La fiscalía más activa en casos anticorrupción
La FECI es reconocida, local e internacionalmente, como la fiscalía que lleva los casos más importantes de corrupción en el país. Su fiscal titular, Juan Francisco Sandoval, ha recibido reconocimientos internacionales por la labor realizada, sobre todo, tras la salida de la CICIG del país en 2019.
Sandoval ha sido blanco de acoso judicial por diversos actores, quienes han elevado quejas y denuncias en su contra, a las cuáles se les ha dado trámite por órdenes de Porras, a pesar de las demandas que llegan desde la sociedad civil y organismos internacionales, particularmente el Departamento de Estado de Estados Unidos.
A la Fiscal General Porras, se le ubica entre las fuerzas que apoyan la llamada alianza oficialista, que ha tomado control sobre todas las cortes (CC, CSJ y TSE), por ser el MP una pieza clave en esquema de justicia. Los críticos a su labor la señalan como la pieza que cierra las posibilidades de que se libre una lucha anticorrupción en el país y asegura que la impunidad persista.
Fuentes cercanas a la presidencia de la República aseguran que se había preparado el protocolo para que los agentes de la SAAS no fueran a tener ningún enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, pero finalmente no llegó la orden de ningún juez. Las mismas fuentes confirmaron a este medio que Martínez volverá muy pronto, aunque negaron que su salida del país tuviera que ver con algún problema legal. Era un viaje programado con sus padres, indicaron.
El resumen de los hechos conocidos Crónica establecen un cronograma claro: la FECI investiga un caso contra Martínez; se prepara una solicitud de orden de captura en su contra, la cual supondría el allanamiento de la residencia del presidente Giammattei; la noticia se filtra al ejecutivo; el exfuncionario abandona la residencia del gobernante y parte a España; la Fiscal General Porras, interviene a la FECI y ordena que solamente ella pueda decidir sobre las solicitudes de apoyo a la PNC para allanamientos.
Ahora, Martínez puede volver sin peligro, y otros casos de corrupción que seguía la FECI se verán entorpecidos, detenidos y posiblemente muchos de ellos perderán fuerza en sus presentaciones ante los tribunales.