- La Fiscalía Contra la Impunidad (FECI), que se niega a perseguir auténticos casos de corrupción, arremete contra el presidente de la República y lo acusa de corrupto.
Un nuevo capítulo en la lucha que mantiene el Ministerio Público (MP)de Consuelo Porras en contra del presidente Bernardo Arévalo se ha anunciado hoy por parte del fiscal Rafael Curruchiche (FECI), quien ha solicitado que se le retire la inmunidad al gobernante, a quien acusa de «abuso de autoridad» y de «acciones de corrupción», por el caso de la destitución de la ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega.
El anuncio, que se hizo en horas de la mañana este miércoles en una conferencia de prensa en la que comparecieron el secretario general del MP Ángel Pineda y el fiscal Curruchiche, explicaron que le han denominado al caso “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago”, por las órdenes que giró el mandatario para efectuar los pagos a las empresas constructoras de ese ministerio.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), debe conocer ahora la solicitud de retiro de inmunidad al presidente Arévalo y, en caso de hacer efectiva la solicitud del MP y la FECI, entonces el caso llegaría a un juicio político en el Congreso de la República, que necesitaría de los votos de dos terceras partes de los diputados (107 votos), para proceder en su contra.
Esta es la primera vez que las autoridades del MP actúan en contra de un mandatario, y sucede en medio de una batalla que la fiscalía inició desde el momento en que Arévalo quedó en segundo lugar en las elecciones generales de 2023 y se intensificó y mantiene después de haber ganado la segunda vuelta ante la candidata del oficialismo y las fuerzas antidemocráticas, Sandra Torres.
Arévalo ha denunciado públicamente a Porras como «cabecilla» de las fuerzas corruptas en el país y garante de la impunidad para favorecer a exfuncionarios de los tres gobiernos anteriores (Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei), considerados los más corruptos de la historia.
El fiscal Curruchiche asegura que «hemos podido establecer entonces que el señor presidente […] es la principal persona que fomenta la corrupción y fomenta la impunidad en Guatemala», la misma acusación que durante meses han formulado contra el MP el propio Arévalo y organismos internacionales y países amigos de Guatemala.
Tanto la fiscal general Consuelo Porras, como Curruchiche y el secretario del MP, Ángel Pineda, han sido sancionados por varios países, entre ellos Estados Unidos y los que forman la Unión Europea (UE), por considerar que son actores «corruptos y antidemocráticos».
La secretaría de prensa del Gobierno dijo que hay que tener presente que «los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal».Mientras, en círculos de analistas políticos se destaca que la acción «forma parte de las acciones para entorpecer el trabajo del Ejecutivo» y crear un «mayor enredo» político en el país.
¿Qué poretende el MP?
Aunque no es tarea fácil procesar al presidente de la República por medio de un «juicio político» en el Congreso, lo que el MP pretende es «unir a todas las fuerzas de oposición», en especial a las que han asumido una postura abiertamente antidemocrática y a favor de la corrupción.
Una fuente cercana a la fiscal general declaró –a cambio de guardar su anonimato para evitar «medidas represivas», que «si no se logra la destitución final de Arévalo, al menos se le quiere someter a un proceso de desgaste y debilitar su credibilidad», aunque en fuentes gubernativas se confía en que el efecto «sea todo lo contrario a eso, porque el pueblo sabe quienes dirigen el MP».
¿Quién es Curruchiche?: Esto dice de él el departamento de Estado de EEUU: «Desbarató importantes casos de corrupción contra funcionarios del gobierno y virtió comentarios aparentemente espurios contra fiscales de la FECI, abogados privados y exfiscales de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala». (Lista Engel de 2022). Curruchiche ha sido el principal fiscal en la persecución de periodistas, exfiscales y exjueces vinculados a la lucha anticorrupción en Guatemala.
La brasa más delicada estará en los actuales magistrados de la CSJ, que deberá definir sus posiciones y demostrar si siguen bajo los lineamientos de los grupos antidemocráticos y corruptos, o están del lado del Estado de Derecho.
Abogados consultados por Crónica indican que «en un Estado de Derecho, la solicitud del MP sería desechada de inmediato», aunque reconocen que el sistema de justicia de Guatemala no goza de independencia e imparcialidad.
La conclusión de analistas y juristas es que no se trata de un caso eminentemente judicial, sino que tiene «mayor ingrediente político que legal».