Guatemala celebra este mes de septiembre el 203 aniversario de la independencia de España (1821) y, aunque siempre hay motivos para festejar, habrá un escenario paralelo en el que se desarrollarán batallas de la guerra que se libra entre fuerzas oscurantistas y las que defienden la democracia. Este es un repaso de lo que espera al país en el mes Patrio.
Septiembre de 2024 llega como un mes crucial para el gobierno de Bernardo Arévalo, pero también para la democracia y, en general, el futuro de Guatemala.
Este mes, marcado por las celebraciones de la Independencia, se presenta con grandes desafíos que pueden determinar el futuro de la administración Arevalo, pero también el rumbo que tomará el sistema de justicia, por ahora cooptado por fuerzas oscurantistas que promueven un marco de impunidad para la corrupción.
El escenario político muestra diferentes tableros en los que se verán las batallas políticas y judiciales, con múltiples participantes en ambos bandos, sin que en este momento se puedan anticipar los resultados que se irán dando de manera paulatina, aunque se sabe que, del lado de los opositores, el objetivo es destruir o al menos debilitar al presidente Arévalo, además de retener el control de las instituciones del sector justicia, en particular las cortes del Organismo Judicial (OJ).
Para las batallas por venir se puede identificar como principales protagonistas en la oposición, al Ministerio Público (MP) bajo las órdenes de Consuelo Porras, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la Corte de Constitucionalidad (CC), y lo que va quedando de la alianza de oposición en el Congreso, necesitada de reconquistar a varios diputados que han cambiado de bando.
En el otro lado de la moneda está el Gobierno con Arévalo, que representa la voluntad popular que le eligió para librar una campaña anticorrupción, y por ahora, parece tener un crecimiento de su poder en el Congreso de la República –aunque todavía no consolidada del todo la alianza oficial–, uno de los escenarios en donde pueden suceder los acontecimientos más trascendentales.
El mandatario cuenta con un respaldo importante de la comunidad internacional, con Estados Unidos y la Unión Europea al frente de los países que señalan duramente a las fuerzas antidemocráticas y corruptas que no cesan en su empeño por hacer caer al gobernante y a su partido, Movimiento Semilla.
La huella de las ampliaciones
Uno de los temas más controversiales gira en torno a la ampliación presupuestaria, aprobada de manera contundente en dos ocasiones por una mayoría calificada en el Congreso de la República, pero igualmente impugnada por los opositores y detenida la primera de ellas, mientras que en cualquier momento se darán los ataques judiciales contra la segunda.
Aquí se ha visto la intervención de la CC a favor de la oposición. Sus decisiones futuras –el amparo definitivo y las impugnaciones por venir–, son un desafío para que la alta corte se defina en la dirección quiere caminar: el bando antidemocrático o defender la Constitución.
Este incremento en el presupuesto, destinado a cubrir diversas necesidades sociales y de infraestructura es de vital importancia para la administración de Arévalo, porque de no lograr que se apruebe y esos fondos los fondos lleguen –más de Q14 mil millones–, podría terminar su primer año de gestión con pocos o nulos resultados.
Las impugnaciones presentadas ante la Corte de Constitucionalidad (CC) buscan frenar esta ampliación, argumentando que el proceso de aprobación en el Congreso fue irregular y carece de transparencia. La resolución final del primer amparo interpuesto en contra de la ampliación presupuestaria es esperada para mediados de septiembre, lo que añade un elemento de incertidumbre sobre la ejecución de estos fondos. Si la CC falla en contra del gobierno, Arévalo podría enfrentar un serio revés en sus planes de gobernabilidad y desarrollo.
Antejuicio al presidente y sus ministros
La fiscal general Consuelo Porras, no ha dejado de atacar a Arévalo, la vicepresidenta Karin Herrera y el entorno del gobernante y del suspendido partido Semilla. La fiscal, sancionada por más de 20 países a los que no puede viajar, es tildada por la comunidad internacional como corrupta y antidemocrática, pero eso no ha logrado amedrentarla.
El clima de tensión política se intensifica con la solicitud de antejuicio contra el presidente Arévalo y varios de sus ministros, un movimiento que podría paralizar la agenda gubernamental. Esta petición, impulsada por actores políticos adversos al gobierno, se basa en acusaciones de corrupción y abuso de poder, aunque muchos analistas consideran que se trata de un intento de desestabilizar su administración.
Aunque el MP actúa como fiera desesperada, logra incomodar a sus presas y ha logrado llevar a la cárcel o a procesos penales a algunos miembros de Semilla, aunque los antejuicios contra altos funcionarios no prosperan hasta ahora.
La vieja alianza que dejaron Alejandro Giammattei y compañía en el Congreso se ha debilitado y no parece capaz de recuperar los votos para que un juicio político contra el mandatario pudiera prosperar, aunque sí desgastar.
Allan Rodríguez y Álvaro Arzú han mostrado falta de habilidad política para retener a los diputados, aunque ahora recurren a la amenaza de iniciar procesos a diestra y siniestra, como una forma de, al menos, neutralizarlos.
Los analistas dicen que, si el antejuicio pasa de la CSJ al Congreso, el presidente y su equipo enfrentarían una crisis institucional y el resultado, por lo cambiante de las fuerzas en el legislativo, es en todo caso peligroso, aunque parece improbable que le retiren la inmunidad.
Dinámicas en el Congreso
El Congreso de la República es el epicentro de las decisiones políticas en Guatemala, y durante septiembre, las dinámicas y alianzas dentro del Legislativo jugarán un papel crucial en el futuro del gobierno de Arévalo. Con una bancada oficialista que no cuenta con mayoría absoluta, el presidente depende de acuerdos y alianzas con otros bloques políticos para avanzar su agenda.
Sin embargo, las alianzas en el Congreso son inestables, y muchos partidos están más interesados en sacar provecho de la situación que en apoyar consistentemente al gobierno. Además, los grupos opositores están activos en su intento de bloquear las iniciativas del Ejecutivo, lo que podría llevar a un estancamiento legislativo. La aprobación de leyes clave dependerá de la capacidad del gobierno para mantener unidas sus alianzas y evitar la deserción de diputados.
Ataques del Ministerio Público
El MP, bajo la dirección de Consuelo Porras, ha sido señalado por diversos actores nacionales e internacionales como un brazo de persecución política contra opositores al gobierno actual y figuras críticas al establishment. En septiembre, se espera que el MP intensifique sus ataques contra el entorno del presidente Arévalo, utilizando investigaciones y acusaciones para debilitar su administración.
También hay a la vista más ataques contra el proceso electoral, porque Porras no ha cesado en su afán por demostrar un fraude inexistente.
Estos ataques no solo ponen en riesgo a los funcionarios del gobierno, sino que también afectan la percepción pública y la legitimidad del propio presidente. La narrativa de que el MP actúa bajo motivaciones políticas puede erosionar la confianza en las instituciones y aumentar la polarización en el país. Además, estos ataques podrían servir como un pretexto para avanzar en el proceso de antejuicio contra el presidente y sus ministros.
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Comisiones de Postulación
Este es un campo de batalla diferente. En las primeras semanas de trabajo de las comisiones de postulación pudo apreciarse la formación de un bloque opositor con la misma tendencia de la que muestran la alianza de Porras conlas cortes y opositores.
En el trabajo de las comisiones para elegir magistrados a la CSJ y salas de apelaciones se detectó prontamente que en ambas hay un bloque opositor que forman los magistrados del OJ, juntamente con algunos de los comisionados del Colegio de Abogados y Notarios (CANG) y el decano de la USAC. Ellos ya lograron retrasar al menos en tres semanas el trabajo de selección de los candidatos.
Ha sido señalada como un conflicto de intereses –más no es ilegal–, la intención de la mayoría de magistrados que buscan su reelección.
Se dice que la estrategia de la oposición tiene al menos dos intenciones posibles: retrasar el proceso y facilitar que no haya elección este año y que las cortes continúen más allá del mes de octubre, como ya sucedió en 2019. Si no se logra, lucharán en el Congreso por hacer que la mayoría de seleccionados respondan a la misma consigna del grupo.
Para la oposición, luego de perder el Ejecutivo de forma tajante, perder este año el Congreso y las Cortes, sería un golpe contundente y, posiblemente, definitivo.
¿Entonces?
Septiembre será un mes crítico y a la vez decisivo para el presidente Bernardo Arévalo. Debe quedar resuelto el tema de la o las ampliaciones presupuestarias. Si logra que al menos una de ellas quede vigente, gran parte del camino por recorrer estará allanado. Si no se logra este paso trascendental, muchos de sus programas e iniciativas no podrán llevarse a cabo y será un gran triunfo de la oposición, deseosa de verlo fuera del poder o, en última instancia, dejarlo como un gobernante fracasado.
Si se logra consolidar la alianza oficial en el Legislativo, el futuro parece más promisorio, pues influirá en los demás temas y, aunque no llegue la ampliación presupuestaria al final de cuentas, se podría avanzar en otros temas, tal como el de modificar la Ley del MP y así poder salir de Porras, convertidaen la pieza fundamental de la oposición. Si ella saliera de la fiscalía general, la vía para librar la batalla contra la corrupción que el país necesita sería una posibilidad real.
Finalmente, lo que suceda en las comisiones de postulación será vital para el futuro del país. Ciertamente no parece que los mejores abogados y magistrados se hayan registrado, pero si al menos se logra una selección de los menos peores, se podría pensar en la posibilidad de que la justicia recupere su independencia.
Como se observa, es un mes crítico, pero también un mes que trae oportunidades. Dependerá, en gran parte, del liderazgo que asuma el presidente Arévalo como líder de las fuerzas que defienden la democracia y buscan el fin de la corrupción y la impunidad.
Lo mejor que podría suceder
De esta guerra declarada, los resultados que serían positivos para el país son los siguientes:
- Que finalmente quede firme alguna de las dos ampliaciones presupuestarias.
- Que la CSJ declare sin lugar el antejuicio contra el presidente y sus ministros.
- Que la CC deje su postura de oposición y defienda la Constitución y el Estado de Derecho.
- Que en el Congreso la vieja alianza no recupere la mayoría.
- Que se lograra la reforma a la ley del MP y Consuelo Porras sea destituida.
- Que de las postuladoras salga lo menos malo y que se renueven las cortes del OJ en tiempo.