Contrario a lo que sostiene la mayoría de aspirantes a la Presidencia, la crisis financiera que vive actualmente el Gobierno no es producto de la falta de ingresos tributarios, sino de las malas prácticas asociadas con la planificación, ejecución, monitoreo y evaluación del gasto público.
Irene Flores, investigadora del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) señaló que en la etapa de formulación presupuestaria existe una excesiva rigidez del presupuesto. En la ejecución del gasto resaltó problemas relacionados con el manejo discrecional de los fondos, que anulan cualquier tipo de planificación previa, y los procesos de adquisición, contratación y ejecución de contratos son excesivamente lentos.
También dijo que existe desorden en los registros contables y algunas obligaciones financieras pasan de un año a otro, aparte de que en la etapa de seguimiento y evaluación, la fiscalización y auditorías de los órganos de control se enfocan en el cumplimiento de normas más que en el logro de resultados.
Por lo tanto, recomendó disminuir gradualmente los gastos con destinos específicos; prohibir la concesión de nuevos incrementos salariales y pactos colectivos; e implementar controles en los sistemas financieros del Estado.
Además, sugirió continuar con la implementación definitiva de la gestión por resultados; diseñar e implementar sistemas de gestión institucional orientados a la reducción del gasto; e institucionalizar metodologías de auditoría gubernamental.