La Corte Suprema de Estados Unidos examina su caso más político del año este martes: la negativa del mandatario Donald Trump a entregar sus documentos financieros al Congreso y a un fiscal de Nueva York arguyendo su inmunidad presidencial.
Los nueve magistrados del alto tribunal interrogarán a las partes a partir de las 10H00 locales (14H00 GMT), en una audiencia telefónica que se transmitirá en vivo de acuerdo con un «modus operandi» puesto en marcha por la pandemia de coronavirus.
La decisión de la corte, prevista para fines de junio, puede ayudar a levantar el velo antes de las elecciones presidenciales de noviembre sobre asuntos que sobrevuelan la reputación de Trump, el primer presidente desde las década de 1970 que se niega a hacer públicas sus declaraciones de impuestos.
Trump, que en noviembre busca su reelección, alardeó de su fortuna durante la campaña de 2016, pero su falta de transparencia alimenta las especulaciones sobre su riqueza, sus relaciones con las autoridades fiscales o sus posibles conflictos de intereses.
Además de para Trump, la decisión del tribunal también tendrá profundas implicaciones en el equilibrio de poderes en Estados Unidos.
Los abogados del presidente afirman que goza de inmunidad total durante el ejercicio de su mandato y que esto es necesario para que pueda concentrarse en su trabajo sin ser «acosado» por fiscales y congresistas.
Los letrados de Trump acudieron a los juzgados para evitar que la antigua firma de contabilidad del presidente y dos de los bancos de los que era cliente transmitieran documentos financieros de Trump de entre 2011 y 2018, exigidos por varias comisiones del Congreso y un fiscal de Manhattan.
«Terrible» para la separación de poderes
Los tribunales rechazaron sus argumentos en primera instancia y luego en apelación. Si el Tribunal Supremo, que tiene dos jueces nombrados por Trump, no hubiera aceptado el caso, el gabinete Mazars y los bancos Deutsche Bank y Capital One tendrían que haber presentado los archivos del presidente.
En la primera parte del caso, el tribunal pidió a las partes que reflexionaran sobre la naturaleza política de un litigio centrado en las órdenes judiciales emitidas por tres comités de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas.
Si la corte concluyera que el caso es de naturaleza política y no legal, podría invalidar la decisiones que tomaron los anteriores juzgados en contra de las peticiones de la defensa de Trump, aunque tampoco sería una victoria para el presidente, ya que las tres entidades serían libres de presentar los documentos al Congreso o denegárselos.
Sería «terrible para la separación de poderes», dijo el profesor de derecho Stephen Vladeck en una tribuna. «Privaría al Congreso de un mecanismo para hacer cumplir sus mandatos» y debilitaría sus poderes de investigación, dijo.
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La segunda parte del caso girará en torno a una solicitud del fiscal de Manhattan al gabinete Mazars en el marco de una investigación sobre una posible violación de las leyes de financiamiento de campañas electorales de Nueva York.
El demócrata Cyrus Vance busca información sobre un pago realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre una supuesta aventura que mantuvo con Trump y que no está en los registros de cuentas de la campaña.
En este caso, los abogados del presidente aseguran que la justicia no puede hacer nada contra él mientras está en la Casa Blanca. Durante el procedimiento, incluso llegaron a declarar que Trump podía matar a alguien en la Quinta Avenida en Nueva York sin preocuparse mientras sea presidente.
Numerosos juristas, incluidos exfuncionarios del Departamento de Justicia, han escrito a la corte subrayando que no se puede acusar a un presidente en el ejercicio de sus funciones, pero que esto no prohíbe que se le investigue, como ya ocurrió en el pasado.
Y como ejemplo ponen el caso del presidente republicano Richard Nixon, obligado por el alto tribunal a entregar cintas sobre el escándalo de espionaje del Watergate; o el del demócrata Bill Clinton, contra quien se autorizó que continuara un proceso civil por acoso sexual.