Las reformas constitucionales enfrentan oposición y se han estancado en el Congreso, el emblemático caso La Línea sufre nuevo retraso, mientras el comisionado Iván Velásquez es blanco de criticas y la Corte Suprema de Justicia principia un reacomodo de sus magistrados, en medio de una fuerte pérdida de credibilidad.
Todo esto ha generado, no solo incertidumbre en torno al sector, sino que además, el tema de la justicia indígena ha abierto una fuerte confrontación entre la sociedad, dividida entre quienes se oponen a modificar la constitución para dar elevar de nivel ese tipo de jurisdicción, y quienes demandan mayores ámbitos para su aplicación.
Las reformas constitucionales están enfocadas a modificar el sector justicia, pero ahora están entrampadas por las modificaciones que se quieren hacer al artículo 203, al que se oponen tajantemente las organizaciones del sector empresarial organizado (CACIF), y amplios sectores de la población, que principian a manifestarse en las redes sociales.
En cambio, las organizaciones indígenas se movilizan para no tan solo para que se apruebe esa reforma, sino que piden también mayor ámbito de aplicación a su justicia ancestral, y particularmente en materia de derechos humanos, lo que podría implicar el reconocimiento a acuerdos internacionales bajo su jurisdicción.
Para CICIG –que impulsa las reformas–, hay otro frente abierto, este en los tribunales. El juez Miguel Ángel Gálvez se ha visto obligado a suspender las audiencias en su fase intermedia por una resolución de una sala superior, que resolvió a favor del ex presidente Otto Pérez Molina. Después de 6 prolongadas audiencias, se deberá repetir todo lo actuado.
No está demás recordar que a lo largo del proceso de La Línea se han interpuesto decenas de recursos y más de 30 amparos, todo lo cual ha retardado el caso, que se inició en el primer semestre de 2017. Varios de los implicados cumplirán dos años en prisión en los próximos meses.
Al parecer ha existido una estrategia de retrasar la apertura a juicio, precisamente para encontrar un ambiento menos favorable a la CICIG en el país.
De tal cuenta que el comisionado Iván Velásquez se encuentra en medio de dos torbellinos complicados. Como principal impulsador de las reformas, sufre desgaste, y al lograr retardar el caso La Línea –y seguramente otros importantes–,se esperan criticas y ataques hacia la Comisión y la credibilidad de su cabeza.
La Corte Suprema ha logrado la elección de su nuevo presidente Nery Medina, quien fue juramentado por el Congreso, pero tiene la difícil tarea ganar algo de credibilidad, luego de que varios de sus magistrados han tenido que retirarse en medio de señalamientos por corrupción, la última de ellos Blanca Stalling.
Reformas pierden apoyo de organismos
Si bien el presidente del Congreso, Oscar Chinchilla se ha pronunciado a favor de la aprobación del paquete de reformas, no cuenta con fuerza parlamentaria importante –su partido CREO, apenas tiene 5 diputados–, y no parece tener la fuerza que en su momento mostró Mario Taracena, cercano a Velásquez y la CICIG.
El presidente Jimmy Morales, que inició también como uno de los padrinos de la reforma, ha bajado su perfil, y ha dejado de pronunciarse a favor de las reformas, como tampoco ha fijado su política en torno a la aprobación –o no–, de la justicia indígena.
El nuevo presidente del OJ, Nery Medina, ha sido cuidadoso en no fijar postura tampoco, lo que supone que hay una debilidad en el apoyo de los tres poderes del Estado a las reformas.
En el ambiente se respira un clima de crisis institucional, lo que provocó también que esta semana el llamado Grupo de los Cuatro, o G4, saliera a hacer un llamado público para crear una coalición ciudadana, nada fácil de promover ante la falta de liderazgos en el país.
Este grupo, integrado por las iglesias católica y evangélica, la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Universidad de San Carlos –con sus más altas autoridades representadas–, considera que es momento de que la ciudadanía se manifieste y ejerza con responsabilidad, prudencia y sensatez sus derechos legítimos de petición y manifestación.
También exige el G4 a las autoridades de los poderes del Estado y líderes políticos para enmendar el rumbo, creando las condiciones para una transición democrática y pacífica a una situación política.
Hasta ahora no se percibe que este llamado pueda encontrar eco entre la población, precisamente por las confrontaciones que se están dando en otras instancias, pero principalmente por el tema de la justicia indígena, que es el que más divisiones marca.
En resumen, momentos complicados para el sector justicia y para la CICIG, que seguirá enfrentando oposición en estos complicados frentes.