Bismarck Pineda*
La noticia de los salarios percibidos por los empleados del renglón 011 del Congreso de la República ha causado espanto e indignación en la sociedad guatemalteca, y con toda razón. Es inconcebible pensar en la racionalidad de los elevados salarios que allí se perciben, llegando incluso a sobrepasar con creces el margen de lo ridículo. Es una vergüenza, sobre todo porque en Guatemala existen tantas necesidades que demandan que el gasto público sea eficiente, algo que en la actualidad está muy lejos de serlo.
Algunos mencionan que los pactos colectivos se justifican debido a la carencia de una verdadera carrera de servicio civil. Yo respetuosamente no comparto esa opinión. Al contrario, creo que hacen más frágil la posibilidad de poder contar con una carrera de servidor público y que hacen más daño que beneficio.
Debemos recordar que una carrera de servicio civil debe incluir todo el ciclo que se inicia desde la selección y contratación de personal, la profesionalización, los incentivos, tanto horizontales (aumentos de salarios o bonificaciones) como verticales (asensos), la evaluación de desempeño y los criterios de salida. Esos criterios deben ser únicos para todos los servidores del Estado y deben ser evaluados de forma objetiva y sistemática.
Sin embargo, los pactos colectivos hacen que cada institución en la práctica tenga su propio régimen de servicio civil, ya que en ellos se plasman no solo aumentos salariales específicos, sino incrementos a vacaciones, bonos, licencias, entre otros, y nada o casi nada de evaluación del desempeño y mucho menos definir una entidad encargada de hacer esa evaluación. Por lo tanto, se convierten en instrumentos para incrementar los beneficios laborales más que para incentivar el mejor desempeño. Con esto no quiero decir que estoy en contra de beneficios laborales. Al contrario, reconozco que deben existir y su importancia, pero en el marco de una carrera de servicio civil, no de forma paralela, y mucho menos establecidos de forma política.
Todo lo anterior significa que son dos los efectos negativos de los pactos colectivos en el sector público. El primero es que daña la posibilidad de establecer una verdadera carrera de servicio civil. La segunda es de carácter económico, ya que de no medirse los aumentos salariales, se convierte en una bola de nieve, tipo los salarios que se ven en el Congreso, y después no habrá dinero que alcance para ejecutar programas y proyectos de beneficio para la población.
Es verdad que existe el derecho de la negociación colectiva, eso no se puede negar. Pero ese derecho no debe traducirse en abuso. Los pactos colectivos deben estar racionalizados y ser acordes a la situación financiera del sector público y a las prioridades como país. Creo que Guatemala ya llegó a un punto de quiebre en el cual se debe tomar la decisión de no seguir con la práctica (política) de los pactos colectivos, y en vez de ello lograr establecer una verdadera carrera de servicio civil que dignifique al funcionario público. Ello no es quitar derechos, es simplemente hacer las cosas bien.
*Analista del Centro de Inestigaciones Económicas Nacionales (CIEN)