- La fiscal general acciona contra el presidente y varios de sus funcionarios y Arévalo responde con una denuncia penal contra Porras; LA CC EN EL CENTRO DE TODO
Apenas una semana después de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país (CIDH), la fiscal general Consuelo Porras pretende que la Corte de Constitucionalidad (CC) destituya a funcionarios del Gobierno y se ordene procesar al presidente Bernardo Arévalo, mientras que el mandatario vuelve a plantear antejuicio contra «la complice» de la corrupción.
En un hecho sin precedentes, la fiscal general emitió el miércoles un mensaje en las redes sociales MP, en el que acusa al Ejecutivo de pretender “tomar el control del Ministerio Público” y anuncia que ha solicitado a la CC la destitución de algunos miembros del gabinete del presidente, al que pide se le abra una accion legal por sus acciones.
EL MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:
El mensaje y las acciones del MP provocaron la reacción fuerte del Gobierno y ayer el presidente convocó a conferencia de prensa para anunciar que ha solicitado el retiro de inmunidad de la fiscal para ser procesada por «violación a la Constitución y abuso de poder», en lo que parece será una batalla legal que mantendrá en vilo al país.
Porras solicitó a la CC una «debida ejecutoria» basada en un amparo provisional otorgado el 8 de mayo a favor del MP, en el que se ordena al Ejecutivo «evitar acciones que tiendan a coartar la autonomía funcional y económica del Ministerio Público» y considera que las declaraciones del mandatario sobre su labor son un incumplimiento a ese mandato.
“Hemos presentado ante la Corte de Constitucionalidad una debida ejecución de la resolución de amparo provisional que nos fuera otorgado el 8 de mayo de 2024, ya que al no cumplir con lo ordenado por la Corte deben quedar separados Ipso facto de sus cargos (…) el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica; el Procurador General de la Nación, Julio Roberto Saavedra Pineta; y el ministro de Finanza, Jonathan Menkos; como autoridades denuncias, y el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo Vila, cuya subordinación depende del presidente de la República”, dice la fiscal general en una parte de su mensaje en la que identifica a los funcionarios que desea ver fuera de la administración.
EL MENSAJE DE LA FISCAL GENERAL:
En respuesta, Arévalo anunció que se ha pedido a la CC que resuelva a favor del Ejecutivo de manera definitiva, al tiempo que se informó en la rueda de prensa que los funcionarios señalados por el MP recibieron de la sala Constitucional informes circunstanciados que deben entregar este viernes a más tardar.
El presidente Arévalo ha señalado que el MP de Porras no cumple con la persecución penal de los involucrados en actos de corrupción y censura las acciones que desde hace más de 11 meses mantiene la FECI para demostrar un fraude electoral, sin tener pruebas de ello hasta la fecha. En efecto, ninguna investigación sobre actos de corrupción de la administración del presidente Alejandro Giammattei ha avanzado en las fiscalías del MP.
La fiscal niega que alguna fiscalía hubiera secuestrado en un allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) el Padrón Electoral, como lo denunciaron públicamente la presidenta de ese organismo, Blanca Alfaro y el propio mandatario.
En efecto, el fiscal Rafael Curruchiche ha dedicado grandes esfuerzos y recursos para probar el supuesto fraude y a casi un año de aquellas elecciones, siguen sin elementos probatorios, aunque no desisten de sus acciones contra el TSE, sus magistrados y el proceso electoral, enfocados también el presidente Arévalo y la vicepresidenta Herrera.
Además, Porras exige a la CC el “inmediato encausamiento” para librar la certificación de lo conducente para iniciar el proceso penal en contra del presidente Arévalo, a quien acusa de intentar tomar el control del Ministerio Público. Arévalo ha señalado que Porras no actúan contra la corrupci. n y promueve la impunidad. La señala deostruir la justicia y ser parte de las mafias antidemocráticas que persisten en el país
A pesar de lo fuerte del ataque de la fiscal hacia el Ejecutivo, no se ha emitido ningún comunicado ni tampoco se ha pronunciado el presidente por medio de las redes sociales, como suele hacer en otros casos.
La braza en manos de la CC
Hasta el día de hoy, la CC se ha mostrado proclive a defender siempre la postura de Consuelo Porras. De hecho, organismos internacionales y analistas locales consideran que la CC, la CSJ y el MP constituyen un eje que actúa de común acuerdo.
Cortes de magistrados anteriores en la CC mantuvieron la independencia del máximo organismo, hasta que la alianza que se integró durante el período de Alejandro Giammattei logró cooptar todas las instituciones del sector justicia. En el caso de la CC, los cinco magistrados han respondido a los lineamientos de ese grupo, que incluso intentó impedir que Arévalo tomara posesión.
Estados Unidos y la comunidad internacional en general han sancionado a Consuelo Porras y varios fiscales del MP, por sus acciones «corruptas y antidemocráticas». Más de 40 países han retirado permiso para que pueda ingresar a su territorio, convirtiéndose en la guatemalteca mas repudiada en el mundo.
El problema de fondo radica en que los fallos de la CC no pueden ser apelados en ninguna instancia y no acatarlos es caer en desacato, lo que podría provocar, si la situación se complica para el presidente Arévalo en esta batalla jurídica, que pueda ser sometido a un antejuicio en el Congreso de la República, como pretende la fiscal Porras.