- Una controversial Sala de Apelaciones giró órdenes de captura contra exjefe de la CICIG, la fiscal general de Colombia y 24 personas más, entre ellas Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval.
Una polémica gigantesca con impacto internacional ha brotado en torno a las órdenes de captura emitidas por una controvertida Sala de Apelaciones a solicitud del Ministerio Público (MP) en contra del ex comisionado de la CICIG, el colombiano Iván Velásquez, así como contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo y 24 personas más, a las que se involucra en el Caso Odebrecht.
Por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) dirigida por Rafael Curruchiche, la Sala Tercera de Apelaciones, a la que se le vincula con el diputado Felipe Alejos, emitió este lunes las órdenes de captura contra una lista de personas, entre las que se incluye al excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la actual fiscal general de Colombia, lo que le da connotación internacional al caso.
Tanto Camargo como Velásquez fueron miembros de la Cicig, una comisión antimafias de la ONU que desbarató decenas de estructuras de corrupción en Guatemala entre los años 2015 y 2019, cuando fue obligada a salir del país por el presidente Jimmy Morales, lo que supuso un golpe contra la lucha anticorrupción que se libró en nuestro país. Ambos gozan de inmunidad por sus cargos en la comisión creada por la ONU.
Por pedido de la Fiscalía, el tribunal también ordenó el arresto de la exfiscal general Thelma Aldana y el entonces jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, y otros cuatro fiscales en el exilio, lo que sufren persecución penal de parte de la fiscalía, que le ha abierto varios casos. No es la primera vez que el MP intenta abrir causas contra Velásquez. Ya lo hizo infructuosamente en 2023.
Los implicados por el MP son acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, en relación con su participación en la investigación del caso Odebrecht durante su tiempo en la CICIG .
Las acusaciones se centran en los acuerdos de colaboración eficaz que la CICIG y la FECI firmaron en 2017 con ejecutivos de Odebrecht. Estos acuerdos permitieron a los ejecutivos declarar desde Brasil sobre sobornos pagados a funcionarios guatemaltecos, a cambio de penas reducidas. Curruchiche sostiene que estos acuerdos fueron irregulares y que los involucrados formaban parte de una “estructura criminal” dentro de la CICIG .  
Valásquez, próximo a asumir como embajador en el Vaticano, criticó en su cuenta de X la acusación de Curruchiche y expresó su «solidaridad con los exfuncionarios y tantos ciudadanos guatemaltecos a quienes la fiscalía ha obligado al exilio».
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI y actualmente en el exilio, también ha sido acusado en este contexto. Sandoval ha denunciado que estas acciones son una estrategia de manipulación para desacreditar a quienes lucharon contra la corrupción en Guatemala .  
La comunidad internacional ha reaccionado con preocupación. El gobierno de Colombia ha rechazado las órdenes de captura, calificándolas de infundadas, y el presidente Gustavo Petro ha defendido públicamente a Velásquez. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. ha expresado inquietud por estas acciones, señalando que debilitan el Estado de derecho en Guatemala .  
Estas acciones del MP han sido interpretadas por analistas y organizaciones de derechos humanos como una persecución política contra quienes lideraron esfuerzos anticorrupción en el país. La CICIG, que operó en Guatemala de 2007 a 2019, fue clave en la investigación y enjuiciamiento de numerosos casos de corrupción de alto perfil. Su cierre en 2019, bajo la administración del expresidente Jimmy Morales, marcó un retroceso en la lucha contra la impunidad
La orden de captura se obtuvo de parte de la reconocida «Sala Amiga» que utiliza la FECI y el MP en casos que ha criminalizado, precisamente en contra de jueces, fiscales y periodistas que lucharon contra la corrupción en su momento. Es un «secreto a voces» que dicha sala está vinculada con el diputado Felipe Alejos. Alejos, al igual que la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal Curruchiche, ha sido sancionado por Estados Unidos por ser considerados «corruptos y antidemocráticos».
La respuesta del gobierno de Arévalo
El gobierno del presidente Bernardo Arévalo reaccionó el mismo lunes emitiendo un comunicado en el que rechaza las acciones del MP y la Sala Tercera de Apelaciones.
Dice el comunicado oficial que «estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.
Agrega el Gobierno que con «un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional».
Consecuencias
Las consecuencias inmediatas de estas acciones incluyen un posible deterioro en las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Colombia, así como un aumento en la desconfianza hacia el sistema judicial guatemalteco por parte de la comunidad internacional. Además, estas medidas podrían tener un efecto disuasorio sobre futuros esfuerzos anticorrupción en la región.
En resumen, las acusaciones contra Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y los demás implicados por el MP en este caso, representan un capítulo más para debatir sobre el control que mantienen fuerzas oscurantistas sobre importantes instituciones del sector justicia y elevan el tono del debate a nivel nacional e internacional.