Un tribunal de justicia peruano evaluará este jueves si vuelve a ordenar prisión preventiva para la líder opositora Keiko Fujimori, quien salió de la cárcel hace un mes, después de que la fiscalía anticorrupción presentara nuevas pruebas que la incriminan en el escándalo Odebrecht.
La audiencia está prevista a partir de las 09h00 (14h00 GMT) en la sede de la Sala Penal Nacional y ha sido considerada como «inaplazable» por el Poder Judicial, a pesar de que coincide con una huelga parcial de magistrados que reclaman mejoras salariales.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido al juez Víctor Zuñiga que dicte 36 meses de prisión preventiva alegando que existe peligro de fuga y de obstrucción a la justicia por parte de Keiko Fujimori, a raíz de nuevas pruebas surgidas en las últimas semanas.
El pedido contra la líder del partido Fuerza Popular (derecha radical) se evaluará cuando falta un mes para las elecciones congresales extraordinarias, donde su agrupación figura en segundo lugar en los sondeos detrás del centrista Acción Popular.
Keiko, de 44 años y madre de dos hijas (de 12 y 10 años), ha dicho que dará la cara este jueves y ha rechazado las acusaciones del fiscal.
«No existe peligro de fuga porque así lo determinaron los jueces, y los presuntos peligros de obstrucción, el Tribunal Constitucional en su fallo que me dio libertad, los descartó», señaló en una reciente declaración.
El fiscal Pérez estima que existen nuevos elementos contra Keiko, a la que acusa de recibir dinero sucio de la constructora brasileña Odebrecht y otras fuentes para financiar sus campañas electorales del 2011 y 2016.
A la acusación de lavado de activos, Pérez quiere sumar las de obstrucción a la justicia, asociación ilícita, falsedad genérica, fraude procesal y organización criminal.
El fiscal estima que los nuevos elementos incrementarían el riesgo de fuga y obstrucción a la justicia.
Presa 13 meses
La primogénita del encarcelado expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) salió en libertad el 29 de noviembre, tras permanecer casi 13 meses en prisión preventiva. Lo hizo después de que el Tribunal Constitucional aceptó un habeas corpus a su favor, el cual anuló su encarcelamiento.
La opositora había sido enviada a prisión el 31 de octubre de 2018 por supuestamente interferir las investigaciones de la fiscalía anticorrupción. Debía permanecer en prisión hasta abril de 2020.
La defensa de Keiko Fujimori confía en que esta vez el juez rechazará el pedido de prisión.
La fiscalía, que aceptó a regañadientes la decisión del Tribunal Constitucional, volvió a la carga luego de obtener en Brasil una declaración de un exejecutivo de Odebrecht, Luiz Eduardo da Rocha Soares, quien confirmó ante los fiscales peruanos el aporte de 1 millón de dólares de la empresa para solventar la campaña de la líder de Fuerza Popular en 2011.
Este dinero, registrado como «Campaña Nacional», habría sido remitido a su candidatura vía la denominada Caja 2 de la división de «operaciones estructuradas» de Odebrecht, que servía para sobornos y financiamiento no declarado a partidos políticos, según reveló el portal IDL-Reporteros, especializado en el caso.
Proceso y pausa política
La líder opositora había anunciado hace una semana una pausa en sus actividades políticas, ante el nuevo pedido de la fiscalía de prisión, alegando que su prioridad es su familia.
«Voy a hacer una pausa en mis actividades políticas porque mi prioridad es y será siempre mi familia, y enfrentaremos este proceso con la familia completa», dijo Keiko en un pronunciamiento difundido por la televisión.
«Es el regalo más perverso que he recibido en mi vida», dijo sobre el hecho de haber programado la audiencia al día siguiente del día de Navidad.