La justicia mexicana ordenó la captura de militares presuntamente involucrados en la desaparición, hace seis años, de 43 estudiantes de la escuela de maestros de Ayotzinapa, en Guerrero (sur), y que ha sido un reclamo permanente de padres de las víctimas.
Las órdenes de captura, las primeras contra elementos castrenses, fueron anunciadas este sábado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la presentación de un informe especial sobre los avances de la investigación.
«Se han ordenado órdenes de aprehensión contra militares que se van a ejecutar. Cero impunidad, el que haya participado y se demuestre va a ser juzgado», advirtió López Obrador en la ceremonia, en la que participaron padres de los estudiantes.
López Obrador no detalló las acusaciones formales contra los militares. Familiares y organizaciones civiles los han señalado de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de facilitar la actuación de los criminales.
«¿Cuándo le van a llegar (detener) a los militares?», cuestionó ante el presidente María Martínez Zeferino, madre de Miguel Angel Hernández Martínez y quien habló en nombre de los padres.
Familiares y organizaciones civiles han acusado a militares de inacción por no impedir que los estudiantes fueran atacados por narcotraficantes o hasta de haber facilitado la actuación de los criminales.
Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación (Interior) y presidente de una comisión de la verdad creada para el caso, explicó de su lado que la secretaría de la Defensa ha entregado información sobre estos batallones, desde antecedentes de sus integrantes hasta detalles de sus movimientos el día de los hechos.
El Ejército, añadió, ha puesto a disposición de las autoridades a todos los elementos de estos batallones «para presentar las declaraciones ministeriales necesarias que contribuyan con la investigación».
No tenemos nada
En nombre de los padres, Martínez Zeferino también reclamó a López Obrador mayor celeridad en las investigaciones y no descartar que los chicos puedan estar con vida.
«Nos da gusto ver que es más ser humano que los anteriores, pero sí (queremos) pedirle que apriete un poquito más. Nosotros queríamos llegar hoy 26 (de septiembre) con algo más, entiéndanos, ya son seis años y no tenemos nada», explicó.
López Obrador aseguró que «hay condiciones para saber el paradero de los muchachos» y admitió que este caso «es una gran injusticia del Estado mexicano», por lo que ofreció disculpas a los familiares de las víctimas.
El gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), blanco de fuertes críticas por la forma en que se condujeron las pesquisas, se negó siempre a que los militares fueran interrogados o llamados por la justicia.
Los 43 estudiantes desaparecieron la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en Iguala, adonde habían ido para apoderarse de autobuses de pasajeros que usarían para viajar a una manifestación en Ciudad de México.
Pero fueron baleados por pistoleros y policías coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos, que hasta ahora habían sido señalados como los principales responsables de la desaparición.
La fiscalía en el gobierno de Peña Nieto defendió lo que denominó la «verdad histórica» según la cual integrantes de Guerreros Unidos asesinaron a los jóvenes, incineraron sus cuerpos y los arrojaron a un río.
Pero el actual gobierno y la fiscalía, que tras una reforma legal es independiente del Ejecutivo, ha rechazado esta versión y han ampliado las investigaciones.
Desde marzo se han detenido 34 presuntos implicados en el caso, entre ellos Ángel Casarrubias, alias «el Mochomo», señalado como hermano de los presuntos líderes de Guerreros Unidos.
La justicia mexicana también tiene en la mira a Tomás Zerón, exjefe de investigaciones de la fiscalía general y señalado de irregularidades en las pesquisas.
El gobierno tiene informes de que Zerón, el exfuncionario de mayor rango señalado en las investigaciones, estaría oculto en Israel y ha pedido su detención.