La justicia escocesa sumó el miércoles un revés a los recientes golpes políticos recibidos por el primer ministro británico Boris Johnson, al declarar «ilegal» su decisión de suspender el parlamento hasta dos semanas antes del Brexit.
El gobierno de Londres insistió en que «nada ha cambiado» puesto que no hubo de momento una orden de anulación. Y apelará inmediatamente ante el Tribunal Supremo, quien según algunos analistas debería darle la razón debido a las diferencias entre los sistemas legales de Escocia e Inglaterra.
Las dos cámaras del parlamento británico vieron sus labores suspendidas el martes de madrugada, al término de un debate largo y acalorado sobre la salida de la Unión Europea, y no deben reanudarlas hasta el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha prevista del Brexit.
Johnson justificó esta decisión por la necesidad de elaborar y presentar su programa de política nacional, una práctica habitual cuando hay cambio de gobierno. Sin embargo, los opositores a un Brexit sin acuerdo la denunciaron como un intento de atarles las manos.
La tradicional ceremonia de suspensión, rodeada de gran pompa, fue boicoteada por la inmensa mayoría de los Lores en señal de protesta, mientras algunos diputados gritaban «¡vergüenza, vergüenza!» tras haber denunciado un «ultraje constitucional».
Este miércoles, el tribunal de apelación de Edimburgo les dio la razón. Por unanimidad, sus tres jueces consideraron que la medida tuvo «como objetivo obstaculizar al parlamento» y la declararon «ilegal», invalidando una sentencia pronunciada una semana antes por una corte inferior.
En aquella ocasión, el juez, interpelado por un grupo de 75 diputados de varios partidos, había considerado que la decisión se inscribía en el «dominio de la política y no puede evaluarse con criterios legales sino solamente políticos».
El Supremo deberá decidir
Esta es la primera victoria judicial de los opositores a la controvertida decisión de Johnson. Otras dos demandas judiciales están pendientes en Belfast y Londres. El primero sigue en estudio mientras que el segundo, denegado la semana pasada, será analizado por el Tribunal Supremo el 17 de septiembre.
Ahora el Supremo deberá pronunciarse también sobre este caso a raíz del recurso presentado por el ejecutivo de Johnson, que se declaró «decepcionados por la decisión».
«El gobierno del Reino Unido debe presentar un programa legislativo nacional sólido. La suspensión del parlamento es la forma legal y necesaria de hacerlo», insistió en un comunicado.
El comentarista jurídico David Allen Green, entre otros, consideró probable que el caso fracase en el próximo estadio.
«La ley escocesa es diferente, a veces muy diferente a la ley de Inglaterra y Gales» y «esto incluye un enfoque diferente en cuestiones de derecho constitucional», afirmó en Twitter, considerando que «por eso la acción fue lanzada en Escocia, donde los jueces y la ley serían mucho más receptivos».
Para la jefa del gobierno autónomo escocés, la independentista Nicola Sturgeon, «la decisión judicial de hoy tiene un significado constitucional enorme» y el parlamento debería «ser convocado de nuevo inmediatamente para permitir que continúe el trabajo esencial de escrutinio».
Sin embargo, un portavoz de Downing Street dejó claro que de momento «nada ha cambiado» porque «no se dio ninguna orden de anular la suspensión antes de la audiencia del Tribunal Supremo del martes».
Las deliberaciones de la máxima instancia judicial del país podrían durar varios días.
Los británicos decidieron abandonar la UE en el referéndum de junio de 2016, donde el Brexit se impuso por 52% de los votos.
El país debía salir del bloque el pasado 29 de marzo, pero ante el reiterado rechazo del parlamento al acuerdo de divorcio firmado por la primera ministra Theresa May con Bruselas la fecha fue aplazada dos veces.
Boris Johnson llegó al poder en julio prometiendo hacer efectivo el Brexit el 31 de octubre a toda costa: afirmó querer renegociar con Bruselas pero estar dispuesto a una retirada brutal si esta no acepta sus condiciones.
Pero chocó también con la oposición del parlamento que, antes de ser suspendido, aprobó de urgencia una ley para evitar un Brexit sin acuerdo.