Procesos judiciales son continuación de violaciones a los derechos humanos
Voz de América
Las autoridades nicaragüenses iniciaron el martes por la tarde los primeros juicios contra los líderes y activistas opositores que fueron arrestados durante la campaña electoral del año pasado, donde Daniel Ortega se impuso en un nuevo mandato.
Entre los acusados se destacan los siete precandidatos presidenciales que pretendían competir con Ortega en las elecciones de noviembre y también sus exaliados guerrilleros Dora María Téllez y Hugo Torres.
Los primeros en ser juzgados fueron los activistas políticos Yader Parajón y Yaser Vado. En el caso de Parajón, su familia informó al diario La Prensa que fue declarado culpable del delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”, por lo cual el viernes se le dictaría sentencia.
Sobre Vado aún no se tiene información debido al secretismo con el que se han manejado los casos.
La fundadora y presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez de Escorcia, dijo a la Voz de América que los juicios del martes fueron una “continuación de la brutalidad” del gobierno de Ortega, en los que se “violaron las garantías procesales” establecidas en la Constitución.
Destacó que hubo una presencia “exagerada” de policías en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como “El Chipote”, que es donde se encuentran arrestados los opositores desde hace más de seis meses.
“Queda en evidencia que el Poder Judicial se comporta una vez más como el instrumento más cruel y cobarde de la represión, actúan con premeditación y apartándose de los preceptos legales que los rigen”, denunció el CENIDH.
Para esta semana están previstos también los juicios contra Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.
Piden nulidad de procesos judiciales
Muchos opositores exiliados en Costa Rica emitieron un comunicado en el que demandaron la suspensión de dichos procesos “plagados de ilegalidades desde el momento de las detenciones, las cuales se ejecutaron sin informar la causa”.
“La reactivación de estos procesos se realiza tres meses después de haber sido suspendidos arbitrariamente con la finalidad de prolongar la prisión preventiva y arresto domiciliar como una forma de anticipación de pena ilegal”, dijo la organización opositora Alianza Cívica.