Con un amparo provisional la Corte de Constitucionalidad favoreció a la jueza Carol Patricia Flores Polanco titular del Juzgado A de Mayor Riesgo, tras el retiro de su inmunidad en julio pasado, por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El amparo suspende temporalmente la resolución de la CSJ, que dio luz verde para retirarle el derecho de antejuicio a la jueza y así investigarla por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
En abril pasado, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra Flores Polanco, y posteriormente el juez pesquisidor, Jaime Amílcar González, recomendó retirarle la inmunidad a la togada por los delitos antes señalados.
La resolución del pesquisidor fue ratificada por el pleno de magistrados de la CSJ, el 28 de julio del presente año.
Para solicitar el antejuicio contra Flores Polanco, el MP mostró como evidencia varias pruebas documentales que indicaban que la Jueza pudo incurrir en los delitos de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito e incumplimiento del deber de presentar la declaración patrimonial jurada anual, que todos los funcionarios públicos están obligados a presentar.
Según el ente acusador, Flores Polanco no ha actualizado su declaración patrimonial en 15 años y la vivienda de la jueza ubicada en Residenciales “Entre Bosques”, en la municipalidad de Santa Catarina Pinula, excede el poder adquisitivo de la propietaria.
El MP la acusa de haber intentado ocultar la propiedad y su valor al no actualizar su declaración patrimonial.
La CC luego de realizar la correspondiente vista pública para conocer los argumentos de las partes, resolvió otorgar el amparo provisional en favor de la jueza.
La jueza también sería retirada de la judicatura A de Mayor Riesgo, luego de que la CSJ conociera un informe de Supervisión de Tribunales, en el cual se establece que la jueza ha dejado de impartir justicia pronta y cumplida, al excusarse de todos los casos que el MP presenta en su juzgado en compañía de la CICIG como querellante adhesiva.
Hasta el pasado septiembre, la jueza se excusó de 7 casos con dicha característica, todos fueron trasladados a la judicatura B de Mayor Riesgo, a cargo del juez Miguel Ángel Gálvez, un juzgado que enfrenta un gran sobrecargo de casos de alto impacto.