Un juez federal denegó este miércoles una demanda de asociaciones de derechos humanos para bloquear temporalmente una nueva normativa del gobierno del presidente Donald Trump para restringir las condiciones del asilo en Estados Unidos.
El juez Timothy J.Kelly del Distrito de Columbia negó la petición de las asociaciones RAICES y la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes del Área de la Capital para implementar una restricción temporal.
La nueva normativa, que entró en vigor el 16 de julio, hace que la mayoría de los migrantes que llegan a través de México no sean elegibles para solicitar asilo.
Según un comunicado de la oficina de comunicaciones de la Casa Blanca, «la corte rechazó adecuadamente el intento hecho por unos pocos grupos con un interés especial para bloquear una normativa que desalienta el abuso de nuestro sistema de asilo».
Con la nueva norma, Estados Unidos solo procesará casos de extranjeros que demuestren que solicitaron asilo en al menos un país y su petición haya sido denegada en última instancia; quienes entren en la definición de «víctimas de una forma grave de tráfico de personas»; y quienes hayan llegado por países que no forman parte de la Convención de Refugiados de 1951 o del Protocolo de 1965.
El director ejecutivo de RAICES Jonathan Dryan, defendió que muchas personas que entran por la frontera con México tienen demandas de asilo legítimas.
«Estamos muy preocupados de que este nuevo reglamento entre en vigor, los migrantes que busquen refugio y que vienen de lugares extremadamente peligrosos van a tener menos opciones para protegerse a ellos mismos y a sus familias», dijo Dryan en un comunicado publicado en Twitter.
Ken Cuccinelli, director interino de la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración en la Casa Blanca (USCIS, por sus siglas en inglés) celebró la medida como «una gran victoria».
En junio, 104 mil personas fueron detenidas tras cruzar la frontera de forma irregular, un aumento del 142% respecto al año anterior. Esta cifra incluye detenciones y a personas no inadmisibles.
La mayoría son familias de Guatemala, Honduras y El Salvador, pero también hay mucha gente de Haití y países africanos.
La cantidad de migrantes ha desbordado la capacidad de Estados Unidos para alojarlos y muchos, incluidos niños, permanecen recluidos durante semanas en condiciones denunciadas como miserables.
Otras tres organizaciones de derechos humanos, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), el Southern Poverty Law Center y el Center for Constitutional Rights, tienen abierta otra demanda similar que es analizada este miércoles en una corte federal en California.