- Argumentos sólidos de la defensa no fueron tomado en cuenta por el juez Fredy Orellana
Fue una extensa jornada de primera declaración para la fiscal Samarai Gómez y el periodista José Rubén Zamora, en la que se escucharon los argumentos de las partes y la defensa de ambos acusados mostró las ilegalidades e incongruencias que mostraron los acusadores, el Ministerio Público y la Fundación Contra el Terrorismo (Fundaterror).
Ha quedado establecido que el caso contra Zamora y luego contra Gómez fue armado por la Fiscalía Contra la Impunidad en apenas tres días y que no se han podido presentar ante el juez pruebas que muestren que efectivamente los acusados cometieron los delitos que se les imputan.
Los abogados defensores de ambos acusados atacaron la legalidad de las grabaciones e intervenciones telefónicas –que el MP no pudo justificar–, pero el juez Orellana argumentó durante casi una hora sobre antecedentes «en España, un país muy democrático» y las tomó como válidas, a pesar de los argumentos mostrados en forma contraria.
Aunque reconoció que las pruebas presentadas por el MP no eran más que «indicios,» ordenó que los acusados siguieran privados de libertad durante –al menos– los tres meses de concedió al MP para que haga más investigaciones para armar su caso.
Zamora, quien ha sido sometido a presiones sicológicas en la cárcel de Mariscal Zavala, en donde el lunes sufrió de una «requisa agresiva» a las 3:00 de la madrugada y temió por su vida ante la actitud hostil de los guardias penitenciarios.
La resolución del juez establece que el presidente de elPeriódico debe ser procesado por lavado de dinero u otros activos, chantaje y tráfico de influencias, mientras que la fiscal será procesada por revelación de información privada o reservada. El abogado de la fiscal argumentó que no había peligro de fuga y que como madre y no tener pruebas contundentes en su contra debía ser dejada en libertad para poder ganarse la vida dignamente y atender a sus pequeños hijos.
El juez, Orellana, a quien se le vincula por amistad con Fundaterror, fue impacable e igualmente la envió a Mariscal Zavala.
La abogados defensores destacaron las contradicciones entre la fiscal del MP y la declaración del abogado de la Fundaterror, quien hizo evidente las contradicciones existentes, incluso en la presentación de fechas por las partes acusadoras.
La defensa pidió al juez Fredy Orellana que tome en cuenta que las pruebas presentadas por el MP como audios de llamadas telefónicas y grabaciones “son absolutamente ilegales” toda vez que se hicieron sin que hubiera orden de juez competente. Se indic´po que el abuso de grabar llamadas telefónica y una resolución que las acepte como legales, «pone en peligro la privacidad de todos los guatemaltecos, contemplada en la Constitución.
El defensor de Zamora, Christian Ulate Durán, señaló que el único indicio de un posible chantaje es la declaración de García Navarijo, sindicado en otros tres procesos penales, ya que ni en los audios ni en ningún otro elemento se hace referencia a ese delito.
Además, Ulate consideró que para que existiera un tráfico de influencias era necesario que se demostrara sobre quién se influyó y no existe ningún elemento que permita evidenciar que Gómez sostuvo comunicaciones con el exfiscal Juan Francisco Sandoval, como lo había indicado la fiscal Cinthia Monterroso.
Ulate cuestionó también la legalidad de las grabaciones de audio, cuando es el denunciante el que se acerca a los señalados con el fin de obtener audios para incriminarlos, contrario a lo ocurrido en otros casos en los que los agraviados son los que realizan la grabación para evitar ser víctimas de un delito.
También cuestionó el argumento de la fiscal Monterroso, quien dijo que no tiene que presentar pruebas sobre la ilicitud del dinero que supuestamente se lavó, además, el defensor criticó que el MP utilizara a García Navarijo para seguir haciendo el trabajo de investigación, el cual debió efectuar con la Unidad de Métodos Especiales de Investigación, para realizar escuchas, o con agentes encubiertos para ejecutar la recepción del dinero, entre otras.
Según Ulate, al permitir a García Navarijo hacer el trabajo del MP se propició que el supuesto dinero ilícito estuviera fuera del control de vigilancia de la fiscalía por dos horas, tiempo en el que pudo ser manipulado y en el que desaparecieron los cintillos bancarios y que después Monterroso señaló como lavado de dinero. “¿Qué sentido tiene lavar dinero que ya estaba en el sistema financiero nacional?”, cuestionó el defensor.