Un juez de Paraguay ratificó este martes que el exastro brasileño del fútbol Ronaldinho Gaúcho deberá seguir en prisión preventiva en un cuartel de Policía de Asunción imputado por el uso de un pasaporte paraguayo adulterado.
«El juez rechazó el pedido de la defensa que pidió su libertad ambulatoria o su arresto domiciliario», anunció en conferencia de prensa el fiscal de la causa Osmar Legal.
A su lado, el nuevo juez del proceso, Gustavo Amarilla, dijo que resolvió mantener la medida cautelar de prisión de Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira «en libre comunicación y a disposición del juzgado».
Sostuvo que por la magnitud de la causa y la aparición de nuevas evidencias, además del involucramiento de funcionarios públicos y empresarios que propiciaron la llegada de Ronaldinho a Paraguay, se requiere de su presencia en Asunción «para que no se obstruya la investigación».
«Yo reconozco que puede merecer una medida menos gravosa. Pero es mi responsabilidad no entorpecer la investigación fiscal. Eso se produce con una fuga», declaró el juez.
El fiscal Legal dijo haberse opuesto al arresto domiciliario por considerar «ínfima» la garantía ofrecida por la defensa, una propiedad valuada entre 750,000 y 800,000 dólares.
«No es suficiente el monto de la propiedad ofrecida para ambos procesados. El monto es ínfimo para la solvencia económica de uno de los procesados», resolvió el magistrado.
Ronaldinho y su hermano están presos desde el viernes por la noche en el cuartel de la Agrupación Especializada de la Policía.
Ambos llegaron a Paraguay procedentes de Brasil el miércoles para desarrollar una agenda preparada por una fundación de apoyo a niños indigentes.
También tenía previsto inaugurar un casino regenteado por un empresario brasileño.
Por el caso se encuentran detenidos un empresario brasileño, dos funcionarios de Migraciones, dos mujeres de nacionalidad paraguaya y se libró un pedido de captura sobre la presidenta de la fundación caritativa «Fraternidad Angelical», Dalia López.
El juez Amarilla dijo que atendió el pedido fiscal para evitar que su ausencia obstruya una investigación que apunta a delitos de asociación criminal y lavado de dinero.
«Hay numerosas diligencias que tienen que hacerse con la presencia de ambos», dijo el magistrado en la rueda de prensa.