Los jueces Erika Aifán, Miguel Ángel Gálvez, Pablo Xetumul y Yassmin Barrios presentaron este lunes 21 de junio una solicitud en el Ministerio Público (MP) con relación a las denuncias “espurias” que se han presentado en contra de los jueces de Mayor Riesgo.
Los togados explicaron que su presencia en la sede central del ente investigador obedecía a que buscaban plantear oficialmente la solicitud a la fiscal general, Consuelo Porras.
El objetivo es que los expedientes donde constan señalamientos contra ellos sean revisados y cerrados.
Los profesionales indicaron que a las querellas contra ellos sí se les da seguimiento, pero ocurre lo contrario con las que ellos han presentado, pues se atienden con lentitud o han sido desestimadas.
Asimismo, señalaron que las acciones para amedrentarlos persisten como una medida de presión psicológica para que no resuelvan basados en la ley.
“Cómo es posible que haya denuncias de años, hay hostigamiento a los jueces, se me ha estado hostigando con personas armadas, eso es atentar en contra del Organismo Judicial (OJ)”, denunció el juez Gálvez.
Los togados denuncian hostigamiento, amenazas, persecución por su trabajo. Afirman que los vehículos sin placas los persiguen.
La jueza Barrios dio a conocer que la semana pasada la División de Protección a Personalidades y de Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC) recibió directrices para informar sobre sus movimientos y novedades que se producen.
“Mi trabajo es libre y no tengo nada que esconder pero sí me preocupa porque tengo medidas cautelares y el Estado de Guatemala está obligado a garantizar mi seguridad y la de mi familia”, detalló Barrios.
PDH se pronuncia
A través de redes sociales, el procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, mostró su solidaridad por los jueces Xitumul, Aifán, Barrios y Gálvez.
De acuerdo con el magistrado de conciencia, es “inaceptable que el Estado use a las fuerzas de seguridad para vigilar en lugar de protegerlos”, escribió en su cuenta de Twitter.
Además, recomendó al Ministerio de Gobernación y al Ministerio Público “poner atención a las denuncias de los jueces”.