- El periodista destaca en documento presentado ante el ministerio de Gobernación que la Fundación criminaliza y usa indebidamente su personería jurídica.
- Destaca violaciones a legislación y reglementos que rigen a las ONG.
El periodista José Rubén Zamora presentó este miércoles 18 de febrero, un requerimiento formal ante el Registro de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación para solicitar la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, al considerar que su personería jurídica «ha sido utilizada para fines contrarios a la ley, al Estado de Derecho y a los principios que rigen a las organizaciones sin fines de lucro».
En el escrito, Zamora sostiene que la entidad, conocida como «Fundaterror», ha sido instrumentalizada para «promover la criminalización, persecución e intimidación de periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos, mediante el uso de acciones legales, campañas públicas de estigmatización y mecanismos de presión orientados a limitar el ejercicio de derechos fundamentales».
“La Fundación contra el Terrorismo ha sido utilizada como mecanismo para criminalizar y perseguir a personas que ejercen su labor periodística y de defensa de los derechos humanos”, afirmó Zamora en su solicitud y reiteró ante la prensa que la organización, que dirige Ricardo Méndez Ruiz, «se ha convertido en una arma represiva», que actúa de acuerdo con el Ministerio Público.
El requerimiento señala que la Fundación ha presentado denuncias y querellas penales sin sustento fáctico ni jurídico contra periodistas, fiscales, jueces y exoperadores de justicia, participando activamente como querellante adhesivo en múltiples procesos judiciales, incluyendo los que se siguen contra el propio Zamora y que han estado plagados de irregularidades legales.
Esta figura le ha permitido intervenir directamente en la acusación penal y promover acciones que han derivado en detenciones, procesos prolongados y medidas restrictivas de libertad contra diversos actores vinculados a la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
Asimismo, el documento describe «un patrón de actuación que incluye la presentación reiterada de denuncias penales contra personas consideradas adversarias, la promoción de campañas públicas de deslegitimación y la difusión de mensajes intimidatorios en espacios públicos y redes sociales». Según el periodista, estas acciones han contribuido a generar un entorno de presión y estigmatización que afecta gravemente la dignidad, la libertad y el ejercicio independiente del periodismo y el Estado de Derecho.
“La personería jurídica de una organización no puede utilizarse como herramienta de intimidación ni de persecución contra quienes ejercen derechos fundamentales”, expresó Zamora al ser entrevistado por numerosos periodistas que cubrieron el momento en que se entregó el documento.
El periodista sostiene que estas acciones constituyen un uso indebido de la personalidad jurídica de la organización y representan actividades contrarias a sus fines estatutarios y al marco legal que regula a las organizaciones no gubernamentales en Guatemala.
“La cancelación es una medida legal cuando una entidad es instrumentalizada para realizar acciones contrarias al Estado de Derecho y al bien común”, señala el documento.
La solicitud se fundamenta en la Ley de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y su reglamento, que establecen que cualquier persona puede solicitar al Registro de Personas Jurídicas la cancelación de una organización cuando existan indicios de que ha actuado fuera de sus fines estatutarios o en contravención de la ley. Zamora ejerce este derecho en su calidad de ciudadano y periodista directamente afectado, amparado además en el derecho constitucional de petición, que garantiza a toda persona acudir ante las autoridades para exigir el cumplimiento de la ley y la protección de sus derechos fundamentales.
Zamora subraya que su requerimiento constituye un llamado a que las autoridades actúen conforme a la ley y garanticen la protección de los derechos fundamentales y el respeto al orden jurídico.
“El Estado tiene el deber de garantizar la protección de los derechos humanos y asegurar que ninguna organización utilice su estructura para vulnerarlos”, afirmó.
Con esta solicitud, se inicia un proceso administrativo mediante el cual las autoridades competentes deberán evaluar los argumentos presentados y determinar, conforme al marco legal vigente, si procede la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo.