- La columna del periodista José Rubén Zamora ha sido publicada en la página Medium (medium.com), especializada en blogs a nivel internacional.
José Rubén Zamora
(Periodista, fundador de elPeriódico)
Los planes estratégicos del Pacto de Corruptos pasan por defenestrar a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera del poder, y sentar a Conzuelo Porras en el Guacamolón. Sin embargo, lo harían en el momento propicio: cuando la popularidad de Arévalo haya desaparecido y el repudio en su contra sea generalizado.
No obstante Giammettei, su concubino Miguel Martínez y Jimmy Morales están en modo de pánico. Tienen indicios de convicción de que inevitablemente serán sujetos a extradiciones quirúrgicas hacia los Estados Unidos y pavorosamente sienten la respiración en la nuca. El peligro creciente de ser extraditados los llevó a precipitarse y activar, sin el debido cuidado y sofisticación, los mecanismos para despojar al presidente y la vicepresidenta de sus cargos y dignidades.
El terror de una extradición televisada en directo los hizo poner abruptamente en escena al patético ignorante enciclopédico Corrupchiche, quien no puede esconder su similitud con los asnos en términos de rudeza, insensatez, conocimientos precarios y limitaciones intelectuales (con el perdón de los nobles asnos). Como esbirro oficial, sentenció sin investigación, “mintiendo con sinceridad”, sin entrevista en el Ministerio Público, sin audiencia de primera declaración, sin juicio ni tribunal de sentencia a Bernardo Arévalo, etiquetándolo como “Jefe de la Corrupción” y aniquilando, como ya ha hecho con tantos otros, su presunción de inocencia. Al mejor estilo de Torquemada, el implacable inquisidor famoso por su rigor demencial, Corrupchiche actuó sin investigación previa, pues Arévalo goza de derecho de antejuicio y, por lo tanto, de inmunidad. Destruyó su presunción de inocencia, violentando sus derechos constitucionales y su derecho a la defensa. Además, al retratar a Arévalo como jefe de la delincuencia, implícitamente transfirió la carga de la prueba al acusado, cuando es el Ministerio Público quien debería demostrar las imputaciones.
Es francamente impresionante observar cómo los aliados del Pacto de Corruptos creen en sus propios monólogos absurdos y cómo sus perversos y siniestros títeres imponen una “conversación” mezquina sustentada en la acumulación de diálogos destinados a que no haya dudas sobre la culpabilidad de Arévalo, como de cualquiera a quién le ponga la perseguidora criminal con las estructuras delincuenciales del Ministerio Público. Con vehemencia, rabia, odio y la exhibición de supuestas pruebas fabricadas, las presentan como verdades irrefutables. Con un arsenal retórico vacío, jerga enrevesada, mentiras y sentencias anticipadas, buscan aplastar a Bernardo Arévalo, quien jamás podrá probar su inocencia.
Que la carga de la prueba recaiga en el acusado es propio de los tiempos de la Inquisición, no de un Estado de Derecho. La Inquisición — como lo hace ahora el Ministerio Público de Conzuelo Porras — consideraba que si un acusado confesaba era culpable, y si no lo hacía, incluso bajo tortura, también lo era, porque el diablo le daba fuerzas para resistir.
Los demonios han dado varios pasos: primero, sentenciar a Arévalo como criminal; luego, celebraron su “desayuno de oración diabólica” (pues los demonios también rezan); y finalmente, la horrenda y malvada Fiscal General, Conzuelo Porras, citó a los jefes de bloque del Congreso para medir sus fuerzas de cara a la solicitud de retiro del antejuicio de Arévalo, como paso previo para instalarse en el Guacamolón. Un cañonazo de 50 millones de dólares, de los 5 mil millones que Giammattei, Miguelito y Morales robaron a los guatemaltecos, será suficiente para que el Congreso despoje al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Herrera de su inmunidad a velocidad de vértigo.
Y mientras tanto, Bernardo Arévalo, bien gracias: ya tendrá tiempo para lamentar su inexplicable pasividad y su lamentable negligencia.