José Alfredo Calderón
Historiador y analista político
Muy posiblemente, los constituyentes de 1945 y el propio Dr. Juan José Arévalo Bermejo, no se hayan imaginado las consecuencias que tendría otorgar –constitucionalmente– tanto poder al ejército al crearle autonomía, incidencia política y la creación de dos poderes paralelos: el ministro de la defensa y “el Jefe de las Fuerzas Armadas”[1] Tampoco creo que los tres civiles que firmaron “el concordato maligno” en 1966[2]– hayan previsto las funestas consecuencias que dicho pacto tendría para la gobernanza y gobernabilidad del país en años posteriores. Quizá los civiles que apoyaron los fraudes electorales en favor de militares en 1974, 1978 y 1982, así como los golpes de Estado fácticos de 1963, 1982 y 1983, ya tendrían la perversión suficiente para conocer las implicaciones de tales eventos, así como su grave responsabilidad por el contubernio, facilitación o silencio civil, respecto de los goles de Estado técnicos del ejército, contra el gobierno del Lic. Marco Vinicio Cerezo Arévalo en mayo de 1988 y 1989. Hago alusión únicamente a personajes civiles, pues los informes de esclarecimiento histórico (CEH y REHMI), documentaron después, la planificación que los mandos militares tenían con relación a la barbarie que se suscitaría en los años setentas y ochentas, particularmente entre 1978 y 1983, con su vergonzoso saldo de vidas humanas.
El autogolpe de Serrano Elías el 25 de mayo de 1993, nos daría otra lección: el poder civil sabía que no podía hacer absolutamente nada que no contara con el consentimiento tácito (cuando no apoyo expreso) de los altos mandos castrenses.[3] Fue así como los mismos militares que acuerparon a Serrano, lo defenestraron en el Callejón Manchén una semana después, protegiendo su huida a Panamá y sosteniendo tres días de gobierno ilegítimo del Vicepresidente golpista Gustavo Espina Salguero.[4]
En el ínterin, debe recordarse la operación de dos estructuras criminales dentro del propio ejército: El Sindicato y la Cofradía, las cuáles se servían también de civiles. Luego vino el partido Patriota al mando del general Otto Fernando Pérez Molina y muchos otros militares y civiles, los cuales, como lo evidenció la CICIG, se erigieron como una estructura criminal dentro del Estado con el único fin de delinquir.
Es por todo esto que los que hemos aprendido de la historia política del país, acusamos mucha preocupación cuando el actual gobierno hace esfuerzos para reposicionar y redimensionar, un ejército de trayectoria ya conocida. Desde la aparente buena intención de asignarle tareas no acordes a su naturaleza, como la construcción de escritorios o el bacheo de carreteras; hasta cosas de peligrosidad más evidente, como aumentar el número de años de servicio de los oficiales del ejército, la creación de un nuevo grado militar para respaldar este incremento cuatrienal[5], los incrementos sucesivos al presupuesto del Ministerio de la Defensa, los nombramientos constantes de militares en puestos de naturaleza civil, el surgimiento y consolidación de un nuevo poder paralelo de corte militar dentro del gobierno[6], la inminente creación de una nueva policía militar privada (al mejor estilo de la Policía Militar Ambulante –PMA–)[7], la intención de eliminar la inteligencia civil (DIGICI) y concentrar operaciones en la Secretaría de Inteligencia del Estado –SIE– y la última “joya”: El ministerio de la Defensa se deslinda de la Junta de Honor creada en contra del coronel Edgar Rubio Castañeda, pues “…es un proceso solicitado y bajo competencia del Estado Mayor de la Defensa” (sic)[8]
El verdadero problema somos los civiles que no aprendemos de la historia, ya sea por amnesia, incapacidad intelectiva o elección perversa.
José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
[1] Se puede consultar detalles en mi artículo de la revista Crónica en físico de finales del mes de mayo de 2017.
[2] Pacto mediante el cual el ejército (mediante 15 altos oficiales), condicionara el gobierno legítimamente electo de los licenciados Julio César Méndez Montenegro y Clemente Marroquín Rojas (1966-1970), cuyos pormenores se pueden ver en mis artículos de 18 y 25 de mayo de 2017 de esta revista.
[3] Las fotos de la época dan cuenta de la alianza entre civiles y militares, tanto para el autogolpe como para la reducción de Serrano.
[4] Es justo mencionar que el único funcionario que renunció públicamente ante el rompimiento constitucional, fue el entonces ministro de Trabajo: Mario Solórzano Martínez.
[5] Lo cual traería nuevas pugnas y luchas de poder, así como costos del erario nacional, entre otras cosas.
[6] La llamada “Juntita” formada por militares en retiro y otros activos, que si bien ya fue reducida al orden –en términos políticos de incidencia– ahora asistimos al surgimiento de otra unidad de cooptación de corte muy similar.
[7] Esto se aúna al hecho de que casi todas las empresas privadas de Seguridad, polígonos y armerías del país están en manos de militares (tanto en activo como en retiro).
[8] Declaraciones del portavoz del ejército, coronel William García. Diario La Hora, lunes 29 de mayo de 2017, pág. 2. El coronel Rubio escribió un libro que cimbró la “moral” castrense y puso al descubierto lo que ya todos sabíamos.