José Alfredo Calderón
El martes 15 recién pasado, tuve la oportunidad de asistir a la presentación del análisis que hizo el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales –ICEFI– sobre el anteproyecto de presupuesto nacional 2020. Estos eventos son particularmente importantes para quienes no tenemos la experticia presupuestaria y financiera, pues desnuda la creciente debilidad técnica del gobierno saliente; pero, además, la opacidad y franco descaro que demuestran.
Tecnicismos aparte, la actividad contó con un ingrediente particular: fue Anders Kompass quien inaugura el evento, lo que seguramente habrá provocado algunas agruras a más de algún asistente ligado a las huestes que intentaron –denodadamente– expulsar del país al embajador sueco. Para las mentes suspicaces, debo aclarar que su presencia está relacionada únicamente al financiamiento que hacen algunas misiones internacionales a estos eventos.
De entrada, no sorprende que mientras la carga fiscal baja, los anteproyectos de presupuesto suben. Es como ganar Q4 mil al mes y tener gastos proyectados de Q7 mil o más. Seguro pasan cualquiera de estas dos cosas: Me endeudaré para cubrir mi despropósito o simplemente me bajarán de la moto y me tendré que ceñir al presupuesto real. En este bello paisaje suele suceder lo primero, llegando al punto de la irracionalidad, poniendo en riesgo la relativa estabilidad macroeconómica con que se cuenta.
El espacio no me permitiría tocar todos los puntos expuestos, pero tomemos un área clave –en términos estratégicos– como lo es la Educación. Muchas veces hay carteras con incrementos presupuestarios cuantitativos, pero cuando se desglosan los rubros, se detectan disminuciones que siguen siendo letales en términos de desarrollo en el mediano y largo plazo. En el MINEDUC, algunos aumentos corresponden a demandas derivadas del Pacto Colectivo.
En la exposición de Walter Figueroa de ICEFI, se describen recortes presupuestarios en rubros tan importantes como los relacionados con la Actividad: Primaria, lectura y matemáticas:
- Establecimientos dotados con recursos tecnológicos -89.3 millones
- Textos impresos -51.1 millones
- Gratuidad Educativa -39.4 millones
Para el nivel básico, los recortes importantes son:
- Centros reparados, remozados y dotados de mobiliario -25.0 millones
- Gratuidad Educativa -14.2 millones
- Profesionalización docente -4.4 millones
Pero los problemas también se reflejan en otras áreas importantes como la Salud, donde se acusa una disminución de Q15.9 millones para actividades de vacunación, por ejemplo.
La opacidad y dirección espuria del anteproyecto, también se evidencia en dos actividades muy puntuales: por un lado, el financiamiento de Q55 millones a Organizaciones No Gubernamentales –ONG– en el MAGA, de dudosa naturaleza, enfoque, incidencia y efectividad. Con acertada puntualidad, ICEFI pregunta: ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es la justificación técnica para estas asignaciones millonarias? Por otro lado, los constantes incrementos al Ejército como este de Q200 millones para “defensa del espacio aéreo”, hacen presumir que la necedad para comprar aviones continúa.
Y qué decir de las famosas Alianzas Público Privadas –APP– a las cuáles le recetan Q1 mil millones. Según parece, se recorta esa cantidad del presupuesto del Programa de Desarrollo de la Infraestructura Vial, para poder ejecutar vía estas alianzas, que seguro favorecerán a los de siempre[1]. Pero también hay otras “linduras” como la autorización para emitir hasta Q6 mil millones de Bonos para el Desarrollo de la Infraestructura y Bienestar Económico –BIBE– para metro riel y libramiento CA-1 oriente. Adicional a esto, se incurre en posible inconstitucionalidad, pues se exceptúa aprobación del Congreso, obligación establecida en la literal d) del artículo 62 del Decreto 16-2016, Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Walter Figueroa sentencia: “Ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad: no se pueden modificar leyes de vigencia permanente en el decreto de aprobación del presupuesto.”
Finalmente, ICEFI plantea la necesidad de las correcciones correspondientes por parte del Congreso, las cuales se centran en tres aspectos generales:
- Los ingresos tributarios deben ser realistas.
- Alinear el presupuesto con la equidad de género.
- Transparencia Fiscal
- Incluir fechas y plazos para cumplimiento de normas de transparencia fiscal.
- Incluir norma que obligue al MINFIN, evaluar cumplimiento de normas de transparencia.
- Incrementar presupuesto de la PDH para verificación de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública.[2]
Felicito al ICEFI por la disciplina, pertinencia y puntualidad de sus estudios e investigaciones, así como la actitud de promocionar los resultados para que la ciudadanía (sobre todo para quienes somos legos en estos temas), pueda enterarse y advertir la necesidad impostergable de la auditoría social y la participación ciudadana para incidir en las actuaciones de los facinerosos que tienen cooptado al Estado.
José Alfredo Calderón E.
Historiador y observador social
[1] Para muestra, el botón del Libramiento de Chimaltenango, el cual ejecutó la tan cuestionada Constructora Nacional Sociedad Anónima -CONASA-, de empresarios procesados y condenados. ¿Se recuerdan de Álvaro Mayorga?
[2] Por Ley, cuando se designó a la PDH como autoridad rectora del cumplimiento de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública -LAIP-, debió dársele un presupuesto adecuado para el cumplimiento del rol rector. Nunca se cumplió desde 2009.