José Alfredo Calderón
Las semanas post electorales se venían dando entre el tradicional desencanto popular y la pírrica victoria de las élites, quienes no tenían en Giammattei a su candidato favorito, pero al que tuvieron que apoyar en segunda vuelta por ser la opción más conservadora y que mejor respondía a sus intereses. Mientras tanto, la Alianza Criminal se relamía las heridas sufridas en la peor derrota electoral de un partido oficial (FCN) en la historia política del país y con aliados que también sufrieron aparatosos resultados (TODOS, UCN, PAN, PODEMOS, VIVA, VALOR).
A pesar de lo anterior, sabedores de su peso en la correlación de fuerzas en la lucha por mantener el statu quo, hicieron de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad –CICIG–, su principal (por ser la única) victoria. La cooptación del Estado por parte de lo más rancio de la operación política criolla, es una tarea muy avanzada pero que aún tiene fisuras que deben cubrirse para que el control y aprovechamiento sea total. Una serie de fallos judiciales a favor del Pacto de Corruptos incentivó este sentido de victoria y borrachera fantasmagórica. La ausencia de los representantes de CICIG en las audiencias se hizo sentir y sin el respaldo investigativo y la presión internacional, muchos jueces y magistrados se plegaron, otros ya lo habían hecho, quedando un reducido número de paladines de la justicia que, contra viento y marea, siguen plantando cara a pesar de las adversidades.
El sentido de derrota sobrecogió a muchos y las redes sociales, espacio habitual de quienes manipulan la opinión pública de masas, hicieron gala de triunfalismo en contra de quienes desde La Plaza (tanto la del 2015 como la del 2017), iniciaron una lucha ciudadana que poco a poco se fue apagando. Por otra parte, el gobierno electo empezó a dar muestras de su alineación con el pensamiento conservador, el cual no necesariamente coincide con los grupos de extrema derecha condensados en la Alianza Criminal. La concatenación de estos hechos, no podía ser mejor escenario para quienes quieren desterrar, de una vez por todas, la lucha contra la impunidad y la corrupción.
Por su parte, otro escenario vital para el pacto oscuro, eran las Comisiones de Postulación, pues el Organismo Judicial, si bien cooptado en su mayoría, sigue teniendo un grupo de magistrados y jueces que no se doblegan.[1] Mientras tanto, organizaciones de la Sociedad Civil mantienen una actitud valiente de denuncia y monitoreo de todo el sector justicia, por lo que debe destacarse el gran trabajo de la Alianza por las Reformas, la Fundación Myrna Mack, El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y el Movimiento Pro Justicia. Esta lucha es todavía más loable ante la indiferencia de una población que no termina de entender la dinámica del sector justicia, pues la atención la concentran los otros dos poderes del Estado, mucho más simples (por no decir burdos) en su accionar.
El contexto de la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia ha estado plagado de vicios como ya es tradición. A pesar de ello, hubo algunos avances, como el hecho de establecer un punteo mínimo de 73 para los candidatos preseleccionados[2], la advertencia pública de manipulaciones y operaciones espurias[3] y la más importante: la no elección preliminar de Mynor Moto, presidente de la Asociación de Jueces y Magistrados desde enero 2019 y Beyla Estrada, esposa del secretario de la Presidencia, Alfredo Brito; ambos, operadores fundamentales en la lucha perversa por mantener el statu quo.[4]
Resignados al carácter “vigilante” de la Fiscal General de turno, nos olvidamos de la otra VIGILANCIA, la que todavía demuestra el talante ético del sistema y la inclaudicable lucha por un país diferente, uno de verdad. Cuando la Alianza Criminal le había puesto catálisis al proceso de elección de Cortes, la otra vigilante, la Corte de Constitucionalidad somata la mesa y dice: ¡DESPACIO QUE PRECISA! Admite dos recursos y se pronuncia, retrotrayendo todo el proceso.
Para entender el alcance de la actuación de la máxima Corte hay que hacer un poco de memoria. ¿Se recuerdan de la convocatoria tempranera para integrar las Comisiones de Postulación, en pleno evento electoral? Pues la Corte de Constitucionalidad (CC) dejó en suspenso el proceso y ordenó al Congreso repetir la convocatoria cumpliendo con los plazos establecidos en ley.[5] La anticipación se hizo para poder negociar en pleno proceso electoral general, las candidaturas de Magistrados.
¿Se recuerdan también sobre lo denunciado por el Movimiento Pro Justicia en agosto recién pasado? “El Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones efectuó una asamblea el 27 de junio, en donde se eligió a los 12 integrantes de la comisión de postulación de candidatos y candidatas a magistraturas de la CSJ. La sesión se realizó con algunos sobresaltos. Previo a la votación, el presidente de la Sala Primera de Femicidio, Noé Adalberto Ventura Loyo, anunció acciones legales contra la asamblea, por considerar que la convocatoria informal, vía correo electrónico y chat, constituyó una falta al principio de publicidad exigido por la LCP. A criterio de Ventura Loyo, la convocatoria debió ser publicada en el diario oficial, razón por la que no participó del proceso de elección y se retiró del lugar, sin embargo, todos los presentes se dieron por convocados y se procedió con la postulación de las planillas. A diferencia de procesos anteriores, para este evento se postuló una única planilla propuesta por los magistrados: Gilma Esperanza Valladares, Zonia de la Paz Santizo Corleto, Luis Mauricio Corado Campos, Jenny Nohemí Alvarado Tení y Wilbert Estuardo Castellanos; quienes indicaron que dicha planilla fue producto del consenso entre cinco grupos, sin especificar a qué grupos se referían.”[6] La idea de la planilla única era ir a lo seguro en el proceso de cooptación total de las Cortes.
¿Se recuerdan también que el Consejo de la Carrera Judicial fue ignorado en su oportunidad en la obligatoriedad de evaluar el desempeño de todos aquellos jueces y magistrados de la carrera judicial que pretendieran aspirar al puesto de magistrados? La aviesa intención de esta grosera omisión, era evitar obstáculos para personajes señalados de prevaricato, incapacidad, cohecho y otras gracias.
Pues resulta que la otra vigilante (la de verdad), si le funcionó a la ciudadanía y un día después de la independencia, le dijo a la Alianza Criminal: ¡SE LES ACABÓ LA FIESTA!
¿Quiénes fueron los primeros en saltar y echar sapos y culebras? Usted ya sabe, íntegro y justo lector o lectora. Que si los plazos, que si los comunistas, que si Venezuela, y bla bla bla. La ciudadanía solo debe tomar en cuenta que el bien común, jueces y magistrados probos y eficientes, un sistema verdaderamente democrático, así como la ética y la transparencia, son bienes mucho mayores que el interés espurio de unos cuántos.
José Alfredo Calderón E.
Historiador y observador social
[1] Los otros dos organismo del Estado: Ejecutivo y Legislativo, por mucho están con la Alianza Criminal.
[2] Se debe recordar el vergonzoso punteo mínimo de 47 con el que pasaron algunos candidatos en 2014.
[3] Lo cual hace que la ciudadanía se entere de cuestiones que no son muy públicas y pueda ejercer algún grado de presión, aunque fuese mínimo.
[4] Aunque debe resaltarse que también, en consecuencia, bloquearon al Juez Miguel Ángel Gálvez y a la jueza Ericka Aifán.
[5] Amparo promovido por la Asociación de Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro – FADS– (Eleonora Muralles), el 16-05-2019
[6] Informe sobre la “Integración de comisiones de postulación para la elección de magistrados y magistradas 2019-2024, sin balance en materia de diversidad y género”.