Desde la Revolución de 1944, este bello paraje que llamamos Guatemala, ha tenido pocos episodios que hayan hecho reflexionar a la ciudadanía sobre la posibilidad de cambiar la estructura económica, política y social imperante. Después de la brutal intervención mercenaria de 1954, el porcentaje de la población consciente de los problemas nacionales y la necesidad de cambiarlos, siempre ha sido mínima. Sin embargo, este porcentaje mínimo de población –básicamente urbana–, ha sido suficiente para mantener la esperanza de cambio, por lo menos hasta 1996 cuando se dio la firma de la paz. En el ínterin, sucesos importantes movieron las estructuras sin llegar a quebrarlas: El levantamiento militar del 13 de noviembre de 1960 que luego dio origen al MR-13)[1] y las Jornadas de Marzo y Abril de 1962, que pusieron en jaque el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes (1958-1963) y si no fuera por el golpe de Estado del 31 de marzo de 1963[2] (un año antes del final de su mandato), la historia del país habría sido muy diferente. Otro suceso clave fue el hamaqueo que provocó el escandaloso fraude electoral del 3 de marzo de 1974 en perjuicio del general Efraín Ríos Montt, de la progresista Democracia Cristiana, y en favor del también general Kjell Eugenio Laugerud García, de los ultramontanos Movimiento de Liberación Nacional –MLN–y el Partido Institucional Democrático –PID– , ambos de extrema derecha.
Luego vino el terremoto del 4 de febrero de 1976, el cual desnudó la miseria guatemalteca y el olvido en que vivía la mayoría de habitantes. También se incrementa la actividad guerrillera y el uno de julio de 1978, la llegada de otro general a la presidencia (Fernando Romeo Lucas García), desató una carnicería sin precedentes. Desde el asesinato de Oliverio Castañeda de León, secretario de la Asociación de Estudiantes Universitarios –AEU–, el 20 de octubre de 1978, la represión militar en el país se incrementa de forma descomunal, pero paralelamente, se incrementa también el movimiento guerrillero mediante la incorporación de gran cantidad de indígenas e importantes segmentos de ladinos empobrecidos. De 1978 a 1983, la amenaza militar al Estado guatemalteco fue una realidad viable, pero la aniquilación de muchísimos combatientes revolucionarios y población civil, así como la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984, desactivó la protesta social a niveles insurreccionales. A partir de allí, ya no hubo amenaza militar contundente para el Estado guatemalteco y la protesta social no alcanzó niveles peligrosos para la dominación de las elites.
Con la firma de la paz, el 31 de diciembre de 1996, se cayó en un marasmo que solo sufrió un remesón en 2015, aunque al final, no haya alcanzado la categoría de terremoto social y político. Aún así, el remesón asustó a las élites, lo cual hizo que unificaran fuerzas y que ampliaran su base para enfrentar la amenaza. Del Pacto de Corruptos pasaron a la Alianza Criminal, es decir, los corruptos de “overol y mezcla” se mezclaron con los corruptos de “cuello blanco” y eso permitió que el frente oscuro se hiciera más grande y fuerte, pues contaba con el apoyo de las élites más conservadoras.
Los dos eventos fundamentales que motivaron la salida accidentada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG– fueron:
- El juicio y sentencia a Ríos Montt por genocidio.
- La exposición y vergüenza pública de quienes hasta ahí, se habían mantenido en el anonimato de un G-8 que muy pocos conocían.
En sus inicios, las élites habían consentido dejar trabajar a CICIG y “sacrificar” a militares, proveedores del Estado y burócratas de poca o mediana monta, empresarios del capital emergente y cabezas prominentes de la llamada “clase política”, la cual, había sido creada y financiada por esas mismas élites. El juicio, dividió en dos al país; pero lo más importante: abrió el camino para conocer la responsabilidad del empresariado más conservador durante la guerra. Las grandes violaciones de derechos humanos las hizo el ejército con el apoyo de grandes empresarios ultra conservadores, quienes en el proceso, también habían esquilmado al Estado, mediante la ejecución de grandes negocios espurios.
Pero el verdadero parteaguas vino cuando CICIG expuso a miembros del G-8, supra organización empresarial compuesta por 22 familias, sin entidad legal pero con mucho poder, dejando a CACIF y FUNDESA como brazo administrativo (y a veces político) el primero y como brazo social el segundo. El remesón público de aquellos empresarios muy poco conocidos, causó un verdadero terremoto. Los señores “de bien”, los dueños del país, los herederos de la Colonia y la Reforma Liberal, pedían perdón colectivo y público a Guatemala, a sus familias y a ellos mismos. Nunca imaginé ver esto. Desde el abrazo del “Mico” Sandoval Alarcón[3] al comandante guerrillero Rolando Morán del EGP, en España en 1990 con ocasión del inicio de las pláticas de paz, no había sucedido algo verdaderamente trascendental en el país. Un pequeño remesón causado por Serrano Elías en 1993 (El Serranazo), no alcanza para definirlo como crítico, en términos de la dominación de las élites.
Este suceso de dejar al descubierto al capital oligárquico (G-8) y a la burguesía transnacional (CMI fundamentalmente), como causantes del pecado original del sistema político (financiamiento electoral ilícito) y como integrantes de las redes políticas y económicas ilícitas, fue mucho. La suerte de CICIG se terminó de marcar con esto.
Los resultados obtenidos por el Comisionado Iván Velásquez y su equipo fueron muy provechosos para el sistema de justicia y la vida democrática del país, lo cual se refrenda por muchas vías, siendo la principal, la variedad de encuestas de opinión serias que fueron favorables al mandato y desempeño de CICIG, en al menos un 72%.
Este martes 3 de septiembre se concretó la finalización del mandato de CICIG y lo menos que podemos hacer (además de agradecer), es exhortar a todos los sectores democráticos y progresistas de Guatemala, para unificar esfuerzos en un frente común, a efecto de rescatar y proteger lo avanzado, en materia judicial, criminalística y social, con énfasis en la protección de todos aquellos adalides que dieron su mejor esfuerzo en esta cruzada contra la impunidad y la corrupción, aún a costa de muchos riesgos y amenazas en su contra.
Los guatemaltecos conscientes debemos prevenir a todos aquellos actores públicos y privados, de accionar abierto o encubierto, que se prestaron a obstruir y denigrar el trabajo de la Comisión Internacional y su personal, así como de la institucionalidad legítima del Estado guatemalteco; para que cesen en su aviesa campaña de desprestigio y amenazas de todo tipo, en contra de quienes consciente y valientemente lucharon y siguen luchando en contra de ese brutal flagelo que constituye la corrupción y la impunidad.
Los valiosos aportes dejados por el trabajo de la Comisión Internacional en general y el Comisionado Iván Velásquez en particular, deben aprovecharse sin más interés que el bien común, una justicia pronta y cumplida, así como una lucha ciudadana integrada en contra de la cooptación del Estado y sus instituciones legítimas. Tanto el informe final de la CICIG, como diversos informes de Sociedad Civil, entes académicos nacionales e internacionales y grupos ciudadanos en general, han sido prolíficos en la enumeración de logros y nuevas prácticas, que quedan para la historia pero – sobre todo – para el futuro del país.
Sin perjuicio del arsenal táctico y operativo que se deja, quiero destacar los logros estratégicos de la CICIG:
Un nuevo enfoque y arquetipo de investigación criminal, que se erige en modelo científico y paradigmático, no solo para Guatemala sino para otros países del mundo.
La demostración de cómo el trabajo institucional integrado provoca una efectividad mucho mayor, que el trabajo aislado de instituciones que deberían tener como objetivo –únicamente– los intereses nacionales y la aplicación de una justicia imparcial, objetiva, científica, contundente y puntual.
El empoderamiento logrado en fiscales, jueces, auxiliares judiciales, técnicos e investigadores criminales, tanto del MP como de la Policía Nacional Civil y otras instituciones conexas; lo cual, permite ahora, disponer de una capacidad instalada con la que no se contaba, no solo en términos técnico-científicos sino de mística de trabajo enfocada a la Nación y la protección de sus habitantes probos.
La sistematización de la información y la socialización de su accionar, desnudando la existencia de las redes políticas y económicas ilícitas, que durante décadas cooptaron al Estado y sus instituciones, las cuales ya describí.
Finalmente, la incidencia del trabajo de CICIG en el despertar de la conciencia ciudadana, la cual, se unificó en 2015 y a pesar de los altibajos que han pasado desde ese lapso, una cuestión si es segura: Guatemala no volverá a ser la misma de antes. CICIG impactó no solo en el sistema de justicia sino en las mentes y corazones de todos los guatemaltecos de bien. Para los otros, la minoría afectada directa o indirectamente, queda la vergüenza, el rencor, la marca pública y el registro histórico del remesón de las élites y sus adláteres.
José Alfredo Calderón Enríquez
Historiador y observador social
[1] Punto de origen de la guerra interna que azoló Guatemala de 1960 a 1996.
[2] Dado por el ministro de la Defensa de Ydígoras, el coronel Enrique Peralta Azurdia.
[3] Líder anticomunista que lideraba el MLN y lo hacía llamar, el partido de la Violencia Organizada.