José Alfredo Calderón E.
Historiador y analista político
A estas alturas ya no queda la menor duda de que la alianza perversa se amplió y fortaleció, y si bien la contundencia de los ataques bajaron, es claro que la agenda en contra de CICIG/Iván-Velásquez y MP/Thelma Aldana, continúa vigente por diversos medios. Ahora la atención se vuelca sobre la próxima elección de Fiscal General, la más fuerte e importante de las luchas por las implicaciones judiciales y políticas que tiene.
La carencia de un liderazgo fuerte al frente de la alianza perversa, se resolvió –parcialmente– con un nuevo personaje aglutinador: Álvaro Arzú. Esto quita del ojo del huracán al presidente y le permite tomar aire, deteniendo su caída libre aunque no su deterioro. El líder del conservadurismo criollo nacional cubre la debilidad que representaba un Jimmy Morales al frente de la cruzada anti CICIG.
La alineación de los astros continúa haciendo sintonía para los cambios gatopardistas, pues la Embajada parece haber tomado el control para delimitar y contener la demanda ciudadana y matizar las posiciones cimarronas de la extrema derecha representada en el empresariado más conservador y sus aliados. Esta calma chicha de la que se hablaba en semanas anteriores, presagiaba este tipo de cosas que tienden a la estabilidad del sistema, agotado sí, pero cuya reforma profunda puede esperar todavía más.
El apoyo del empresariado a Jimmy (ahora ya oficial después de ENADE), no es gratuito; suma fuerzas conservadoras, le da una bocanada de oxígeno al presidente y negocia los 2 años próximos para que pueda culminar su período presidencial, lo cual no choca con los intereses de la Embajada e incluso de la Sociedad Civil “permitida”.[1]
El manejo de un imaginario fundamentalista basado en la “ideologización” del enfrentamiento, la “injerencia extranjera”, “golpe de Estado” y el discurso cavernario, gana nuevos adeptos en sectores “moderados” que tradicionalmente habían sido indiferentes (aunque no contrarios) a dicho discurso. Muchos “neutrales” simplemente se cansan de lo que ven como una confrontación inútil que afecta su cotidianidad.
De la división se pasa al fraccionamiento en dos bandos principales y un importante sector emergente que juega a moderador y alegre componedor. Grupos empresariales y académicos “progres”, políticos tradicionales que juegan a “buenos conversos”, líderes sociales cooptados por el financiamiento internacional y los reflectores de oportunidades electorales en 2019, integran este segmento emergente. La guerra política sigue pero con énfasis en el campo ideológico-comunicacional. El descaro por un lado y el hartazgo por otro, definen los campos en contienda.
En la correlación de fuerzas, la alianza perversa cuenta con un plan político-militar bien estructurado y debidamente financiado por los poderes tradicionales más recalcitrantes. Los sectores progresistas en cambio, basan su lucha en el entusiasmo y la emoción, con las limitaciones propias de los enfrentamientos internos y las divisiones históricas del movimiento social y popular. En este contexto, paulatinamente el discurso de moderación y negociación se va imponiendo y la Ciudadanía no alcanza a reaccionar, organizarse y consolidar una plataforma unitaria y contundente.
El ambiente pre-electoral está cerca y los diputados lo saben, por eso su interés en “entretener la nigua” con sus discusiones y vaivenes de reformas no estructurales al sistema político. Apuestan a dos variables con un mismo resultado perverso:
- Cambios superfluos para engañar a la gente en 2019; o
- Alegar falta de tiempo y acuerdos para implementar cambios en el corto plazo y que sea la siguiente legislatura quien le entre al tema.
ESCENARIO DE CIERRE 2017
El presidente sigue muy debilitado pero ya no en el ojo del huracán. CICIG sigue con legitimidad, pero sujeta a ataques que desgastan y debilitan. La lucha pro y en contra de la impunidad se concentra en la elección del Fiscal General, lo cual incidirá en los procesos judiciales activos y por venir. Muy probablemente asistamos, en mayo de 2018, a un golpe de timón con respecto a la administración de Thelma Aldana.
La Ley Electoral y de Partidos Políticos será nuevamente la válvula de escape para legitimar las elecciones 2019; soltar presión al Congreso; mantener moderación en la demanda ciudadana y consolidar la restauración conservadora.
Los diputados se concentran en el tema del presupuesto 2018 y la elección de una Junta Directiva afín al Pacto de Corruptos. No se descarta un “decretazo” en medio de la desmovilización ciudadana propia de las fiestas de fin de año. Se debe recordar que el 30 de noviembre es la fecha límite y luego viene el receso parlamentario. De la actual legislatura podemos esperar lo peor.
El sistema judicial –el menos expuesto de los 3 organismos–, no escapa a la debacle de un Estado fallido que oculta su condición por medio del maquillaje instrumental que proveen diversas fuerzas y actores.
El gran reto para el movimiento social, campesino y popular, es superar las diferencias políticas, programáticas y personales, tanto de las organizaciones como sus líderes, a modo de generar una plataforma verdaderamente amplia, unitaria y sólida. Mientras tanto, los cambios reales y de raíz, quedan nuevamente relegados a menos que algo inesperado suceda en 2018. Vaya descansando en paz el 2017.
[1] Aquella que basa sus demandas en la moderación, el financiamiento internacional y en reformas pírricas a un sistema electoral que deviene en válvula de escape a la crisis, tal y como sucedió en 2015.