En medio de un acelerado proceso de antejuicio en el Congreso de la República en su contra, el presidente Jimmy Morales enfrenta fuertes presiones nacionales e internacionales, en demanda de «coherencia» entre su discurso y la lucha contra la corrupción, lo que se traduce en problemas de gobernabilidad y aumenta la incertidumbre en medio de la prolongada crisis política que vive el país
En el plano doméstico, seis instituciones que forman parte de la Mesa Técnica de Gobierno Abierto, anunciaron que se separan temporalmente de este esfuerzo encaminado a generar transparencia, «por no haber coherencia entre lo que se dice y se hace en materia de transparencia y lucha contra la corrupción», explicó Manfredo Marroquín, de Acción ciudadana uno de los grupos que tomó esta medida como muestra de protesta por el intento del presidente de expulsar del país a Iván Velásquez, comisionado de la CICIG.
También aumentan las críticas en las redes sociales en contra del Presidente y los diputados, pues se teme que no se le quitará la inmunidad en el Congreso de la República. La Fiscal General, Thelma Aldana recordó a los diputados que aprobar el antejuicio permitiría «profundizar en las investigaciones, sin que se afecte la presunción de inocencia del mandatario». El MP y la CICIG consideran que hubo financiamiento electoral ilícito por parte del partido FCN-Nación cuando era Secretario General el presidente Morales.
En el plano internacional continúan acumulándose las muestras de malestar por la actitud de Morales, que lo podrían llevar a un aislamiento virtual. Primero fueron Estados Unidos, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Suiza y La Unión Europea los que se pronunciaron a favor de Velásquez y la CICIG, luego lo hizo la ONU y varios de sus organismos, para sumarse ayer tres senadores de los Estados Unidos, Ben Cardin, Tim Kaine y James Lankford, quienes pidieron al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a la embajadora ante la ONU, Nikki Hailey, tener en cuenta que la ley estadounidense requiere que el Departamento de Estado retenga el 50% de la ayuda a Guatemala si el gobierno no toma medidas efectivas de “cooperación con comisiones contra la corrupción y la impunidad”.
“Creemos que el combate a la impunidad y el fortalecimiento del Estado de derecho deben estar en el centro del compromiso de Estados Unidos en Centroamérica”, dijeron en una carta.
En ese sentido, los legisladores expresaron su “profunda preocupación” por el intento del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, de expulsar de ese país a Iván Velásquez, el colombiano jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de la ONU.
“Es imperativo que la Cicig continúe su trabajo crítico sin interferencias”, afirmaron, al enfatizar la necesidad de respaldar los esfuerzos de Velásquez y de la fiscal general Thelma Aldana para que prevalezca el mandato de la ley en Guatemala.
El trámite jurídico contra Morales fue iniciado el pasado 25 de agosto y dos días después el mandatario declaró non grato al jefe de la Cicig y ordenó su expulsión inmediata al acusarlo de injerencia y de exceder sus funciones.
La medida provocó un terremoto político hasta que la orden presidencial fue suspendida el pasado 29 de agosto por la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia judicial del país.
En su misiva a Tillerson y Haley, los senadores alentaron además al gobierno de Morales “a honrar la decisión de la Corte” con relación a Velásquez.
Mientras tanto, el presidente Morales ha sumado 19 días sin atender a la prensa, y no ofrece conferencias formales desde hace meses, y ha utilizado algunas declaraciones en actos públicos o mensajes en las redes sociales, para fijar su postura en torno a esta crisis, calificada por muchos como un auténtico terremoto político en proceso.
ANTEJUICIO AVANZA
La comisión pesquisidora nombrada por el Congreso ha iniciado la labor de estudiar los expedientes, y según su presidente, el diputado opositor Julio Ixcamey, trabajarán en «sesión permanente» e intentarán dar su informe el próximo martes, aunque no descarta que puedan solicitar una prórroga a los cinco días que se les dieron para llevar a cabo las pesquisas.
Ixcamey dijo también que esperan que el presidente Jimmy Morales no se circunscriba a enviar un informe por escrito –al estilo del alcalde Álvaro Arzú–, sino que «es mejor que se presente personalmente en aras de la transparencia». Ha diho también que se mantendrá informada a la población de todas las acciones que realicen.