La multimillonaria angoleña Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, fue acusada oficialmente de fraude, desvío de fondos públicos y blanqueo de dinero, por la justicia de Angola, que asegura hacer todo lo posible para traerla de vuelta al país y juzgarla.
Buscada desde hace varias semanas por la justicia de este país africano, Isabel dos Santos, fue acusada además de tráfico de influencias, abuso de bienes sociales y falsificación de documentos cuando era presidenta del grupo petrolero público angoleño Sonangol, informó el miércoles en la noche el fiscal general Helder Pitta Gros.
Considerada la mujer más rica de Africa, Dos Santos también dirigió otras compañías públicas angoleñas, en los sectores de la minería y telecomunicaciones e invirtió en varias empresas, en especial bancarias, en Portugal.
La investigación sobre Isabel dos Santos al frente de Sonagol, ente público que presidió de junio de 2016 a noviembre de 2017, comenzó después de que su sucesor, Carlos Saturnino, denunciara «transferencias irregulares de dinero».
Dos Santos es sospechosa de haber aprovechado el respaldo de su padre para hacerse con fondos estatales del país e invertirlos en el extranjero con ayuda de empresas occidentales.
Isabel dos Santos se fue de Angola después de que su padre, que gobernó Angola durante casi 40 años, renunció a la presidencia en 2017 y fue remplazado por Joao Lourenco. Desde entonces vive entre Londres y Dubái.
La acusación se produce tres días después de la publicación de los «Luanda Leaks» por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con base en Nueva York (ICIJ, según sus siglas en inglés), integrado por 36 medios de prensa que movilizaron para la investigación 120 periodistas en 20 países.
Los documentos difundidos por el ICIJ, que en 2016 se hizo famoso con los «Panamá Papers», una investigación sobre la evasión fiscal, demostrarían que Isabel dos Santos desvió cientos de millones de dólares de dinero público hacia cuentas personales en paraísos fiscales.
La investigación «basada en el análisis de más de 715.000 documentos» deja «en evidencia las fallas del sistema regulatorio internacional, que permite a las empresas de servicios profesionales servir a los poderosos prácticamente sin hacer preguntas», afirmó el ICIJ.
El lunes, tras de la difusión de los documentos de «Luanda Leaks», el fiscal general Pitta Gros declaró que estaba determinado a «usar todos los medios» para llevar a Angola a Dos Santos.
«Activaremos todos los mecanismos internacionales para traer de vuelta a Isabel dos Santos al país», declaró Pitra Gros, entrevistado por la radio nacional.
Gros dijo que dos Santos estaba entre los cinco sospechosos del caso, todos residentes actualmente en el extranjero.
«En este momento, la preocupación es notificar y hacer que se enfrenten voluntariamente a la justicia», dijo el fiscal, subrayando que en ningún momento la acusada mostró deseos de «colaborar con la justifica» angoleña.
Isabel Dos Santos refutó las acusaciones con una salva de mensajes en la red social Twitter, en portugués e inglés, en los que acusó a los periodistas que participaron en la investigación de contar «mentiras». La acusada se dijo víctima de una «caza de brujas» que quería manchar su reputación y la de su padre.
«Mi fortuna está construida gracias a mi carácter, mi inteligencia, mi educación, mi capacidad de trabajo y mi perseverancia», escribió.
También acusó de «racismo y prejuicios» a SIC-Expresso, una cadena de televisión y diarios portugueses, que forma parte de ICIJ, y cuyo comportamiento, según Dos Santos «recuerda a la era colonial, cuando un africano nunca podía ser considerado igual a un europeo».
El abogado de Dos Santos calificó la investigación de un «ataque coordinado» por los actuales dirigentes de Angola, en un comunicado del que se hizo eco el diario británico The Guardian.
Dos Santos aseguró la semana pasada que no descartaba ser candidata a la presidencia de su país en 2022.