Se prestaba poca atención a las capturas de guatemaltecos que han huido de la justicia y se refugian en el exterior. Eso ha cambiado, y el caso Cooptación del Estado hace que se vuelva la vista hacia lo que hace o deja de hacer Interpol, la policía internacional que busca a los prófugos.
La más reciente en sumarse a la lista pública de más buscados por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), es Alba Elvira Lorenzana Cardona, originaria de Puerto Barrios, Izabal, y esposa del dueño de los canales de televisión abierta del país, Ángel González.
Lorenzana Cardona, prófuga desde el pasado 2 de junio, es sindicada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), del delito de financiamiento electoral ilícito y del cual se habría beneficiado al Partido Patriota (PP) y la expareja presidencial de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. El caso es conocido como Cooptación del Estado.
Otro que aparece en la lista pública de la fuerza policial internacional es Luis Alberto Mendizábal Barrutia, considerado como uno de los líderes de la estructura de defraudación aduanera conocida como La Línea y en la que también están involucrados Pérez Molina y Baldetti, quienes guardan prisión preventiva. Él anda huyendo de la justicia desde el 16 de abril de 2015 y a la fecha no se ha logrado dar con su paradero.
Actualmente la Interpol contabiliza en su página pública de personas buscadas con alerta roja —con orden de captura emitida por un órgano jurisdiccional competente—, 109 solicitudes de parte de Guatemala, en donde se registran delitos de corrupción, narcotráfico y asesinato.
En 2015 la mayor organización policial del mundo, está presente en 190 naciones, logró la aprehensión de 92 prófugos guatemaltecos y en el transcurso del presente año se han realizado 58.
La lista no oficial
La Interpol también cuenta con un listado privado en el cual Guatemala tiene más de 100 requerimientos por diversos delitos.
En la asamblea general de esta organización policial de alcance mundial, que se llevó a cabo en marzo último, se resolvió que la sede en Francia será la encargada de determinar cuáles de las órdenes de captura internacional se harán públicas.
Está decisión obedece a que los prófugos son más meticulosos con sus movimientos cuando saben que la policía los está buscando; es decir, lejos de beneficiar a la Justicia, la publicación de los nombres de los más buscados la perjudica, porque alerta a las personas que evaden la ley y refuerzan estrategias de protección para evitar su captura.
Ante los diversos casos de corrupción que se han ido presentando en el país, el MP ha realizado requerimientos de captura internacional, los cuales no necesariamente se han hecho públicos en la página de Interpol.
Entre ellos está el exinterventor de la Empresa Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, quien al enterarse de su situación jurídica publicó un video negando todos los señalamientos y asegurando que está en Estados Unidos y que vendría al país a enfrentar a la Justicia. Ya han pasado cinco meses y la ausencia de Marroquín en los juzgados persiste.
En la misma situación se encuentran los exministros de Comunicaciones y Energía y Minas, Alejandro Sinibaldi y Erick Archila, respectivamente. Ambos son acusados de asociación ilícita y lavado de dinero, específicamente por el caso conocido como La Cooperacha.
No soy prófugo de la justicia, ya que al momento de salir del país no existía una orden de captura vigente en mi contra y no puede aducirse que estoy huyendo de la Justicia, externó Sinibaldi en sus redes sociales, al enterarse de su orden de captura; asimismo, agregó que se encontraba fuera del país en un viaje con fines de estudio y aprendizaje.
Archila también emitió un comunicado el 11 de junio, en el cual resaltaba: Yo soy el más interesado en desvanecer las acusaciones en mi contra y, confiado en el Estado de Derecho, me someteré ante los Tribunales de Justicia para esclarecer mi situación con evidencias serias y sostenibles. Sin embargo, ninguno de los dos exfuncionarios se ha presentado a tribunales para aclarar su situación legal.
A ellos se suma el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, acusado de haberse beneficiado con la creación de plazas de trabajo fantasmas en el Legislativo.
Las risas y burlas de Rabbé, al enterarse de que estaba siendo investigado por corrupción y que había un proceso de antejuicio en marcha, fueron desapareciendo poco a poco, conforme se concretaba el retiro de su inmunidad.
Y cuando se dio cuenta, el manto de impunidad que lo cubría estaba por caer, que era solo cuestión de horas, salió del país a hurtadillas. Días después se le vio en Nicaragua y se dice que actualmente podría estar en México.
Ninguno de los exfuncionarios mencionados aparece en la lista pública de la Interpol, pero no se descarta que formen parte del listado que no es público, y que ello se deba a la nueva medida que ha impuesto la Secretaría General de esa organización y que busca no alertar a las personas que andan huyendo del brazo de la justicia.
Cómo se gestan las capturas internacionales
La policía internacional mantiene comunicación y coordinación con sus sedes en los 190 países miembros y se comunican en tiempo real las 24 horas del día; sin embargo, cada búsqueda internacional debe ser evaluada por el consejo de la Organización Internacional de Policía Criminal.
Cuando se recibe el requerimiento de búsqueda internacional de un prófugo, se traslada a la Secretaría General ubicada en Francia, para que por medio del consejo jurídico se evalúe si cumple la solicitud con las condiciones, según los reglamentos y el derecho internacional —que no sea una persecución política o religiosa y que sean delitos atribuibles al crimen organizado y corrupción, entre otros—.
Si se cumple con todos los requisitos, la Interpol, por medio de su secretaria, pide a las naciones que la integran que busquen y ubiquen a la persona. Si la solicitud no cumple los requisitos, la secretaria lo informa al país requirente y se notifica a la fiscalía a cargo para que amplié la información y que se pida al órgano jurisdiccional competente que deje sin efecto la orden de aprehensión internacional.
Para que proceda la solicitud de detención debe existir una acusación formal y se debe hacer un resumen de los hechos, la forma cómo participó, qué delitos cometió y la circunstancia en que se llevaron a cabo, esto, para no violar los derechos del prófugo.
Existen países que han legislado en función de la alerta roja; es decir, cuando hay un prófugo con este tipo de notificación se confiere prioridad a la localización y aprehensión. Entre estos países se menciona a España, Colombia, Perú y Argentina. Sin embargo, en la búsqueda de los fugitivos cada país hace lo que considere oportuno, a fin de ser más eficiente.
Fugitivos de la ley
Esta organización mundial alberga a 190 países, quienes tienen comunicación a tiempo real; los resultados aún quedan pendientes, si tomamos en cuenta que hay fugitivos que llevan más de un año esquivando la ley y esto se debe a que los prófugos toman precauciones para no ser detectados y posteriormente capturados.
Francisco Quezada, analista en seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), explica que las personas que huyen de la justicia evitan al sistema migratorio oficial para no dejar rastro de sus movimientos.
El experto comenta que cuando se desplazan a otras naciones prefieren otras rutas para trasladarse; es decir, no utilizar los puntos fronterizos ni aduanas o aeropuertos; en este sentido, Centroamérica es bastante vulnerable en el tema migratorio vía terrestre, debido a la falta de controles y a la corrupción.
Lorena Escobar, analista en seguridad y justicia de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), comenta que la facilidad para falsificar documentos hace que un prófugo acuda a recursos que le permitan cierta movilidad.
Al crear una identificación falsa tiene acceso a abrir cuentas bancarias, para todo esto se requiere de poder económico, contactos, y atreverse a esconder, porque no es una vida normal estar siempre perseguido, dice Escobar.
Quezada concuerda al indicar que el momento más difícil es hacerse de recursos, tomando en cuenta que la huida no está planificada, debido a que las transferencias y el uso de tarjetas los pueden ubicar con facilidad.
En términos normales, si se extiende demasiado o con vísperas de no regresar al país, tienen que pensar en tener una doble vida, es decir, documentación falsa, cuando son estrategias jurídicas, del hecho que no se acerquen en ese momento a los tribunales porque es el momento en que definitivamente los van a dejar en prisión, por lo que esperan que se lleve a cabo el resto del proceso para presentarse posteriormente, subraya el analista del CIEN.
Escobar agrega que normalmente los prófugos viven en localidades donde su identidad no sea conocida, incluso cambian su aspecto físico para ocultar su identidad, lo que hace mucho más difícil la ubicación y ejecución de detenciones. Existen áreas donde la presencia del Estado es débil y es un lugar propicio para esconderse.
Uno de los casos en 2013 fue la captura de Roberto Barreda, cónyuge y presunto asesino de Cristina Siekavizza, quien fue ubicado por medio de información que se recibía en Mérida, Yucatán, México, con documentos falsos.
La aprehensión más reciente se llevó a cabo el pasado 10 de agosto, cuando Estados Unidos deportó a Santos López Alonzo, quien era requerido por Guatemala desde el año 2010 por su participación en la masacre durante el conflicto armado interno en el parcelamiento Dos Erres, en la Libertad, Petén.
Sin embargo, Guatemala también ha puesto a disposición las personas que han sido requeridas por otros países, uno de ellos, Brayan Jiménez, directivo de la Federación de Futbol, quien se vio involucrado en casos de corrupción en la FIFA, investigación que llevó a cabo Estados Unidos.
Limitantes
El que no exista tratados de extradición y que los prófugos cambien sus estatus migratorios también limita la labor de la policía internacional.
Julio Rivera Clavería, analista en seguridad y justicia, indica que Interpol ha hecho un buen trabajo, empero resalta que los estatus migratorios pueden entorpecer su labor, en este sentido comenta que en Italia no se goza de extradición, así como en Nicaragua si el fugitivo es ciudadano no se puede extraditar.
Es por ello que explica que una limitante es que no existan tratados de extradición, otro tema que perjudica, es que los prófugos hayan cambiado de estatus migratorio, por ejemplo que sean ciudadanos de otros países, pero subraya que si estas personas prófugas no gozan de privilegios son capturados.
El desempeño de la policía internacional también depende de la magnitud de los delitos cometidos por los sujetos que se tratan de ubicar; por ejemplo, prioridad a los sindicados de terrorismo, sobre todo por la amenaza que representa para los ciudadanos del mundo; hechos delictivos de menor trascendencia se trabajan con una dinámica distinta, opina Mario Mérida, analista en temas de seguridad.
Otro aspecto que se evalúan y que determina qué nivel de prioridad debe atribuirsele, según otros expertos, es el impacto de la acción criminal. Un ejemplo de ello son las actividades de narcotráfico.
Ronaldo Leiva, exministro de la Defensa Nacional, indica que en ciertos momentos ha dado buenos resultados la Interpol, pero asegura que estos buenos resultados dependen del nivel de relación y coordinación que existan entre los miembros de cada país y los intercambios de información e inteligencia. Guatemala ha hecho buenas relaciones por medio de la Policía Nacional Civil, donde está la unidad de Interpol y se han tenido buenos avances, por supuesto que no es a un cien por ciento.