- Guatemala aparece como país «parcialmente libre» en el informe anual del organismo que mide las libertades existentes en cada país; Venezuela y Nicaragua los peor calificados en Latinoamerica.
Un informe divulgado este jueves por la organización Freedom House presenta a Guatemala como un país «parcialmente libre» durante el año 2023 y destaca las acciones que ha seguido el Ministerio Público a cargo de la fiscal Consuelo Porras y el expresidente Alejandro Giammattei, en el rol de limitar los derechos de los guatemaltecos.
Freedom House es un organismo internacional que trabaja para defender los derechos humanos y promover la democracia, centrándose en los derechos políticos y las libertades civiles. Todos los años elabora un estudio detallado con una puntuación en base a la situación que se vive. En el caso de Guatemala ha tenido una puntuación de 46 sobre 100, para alcanzar la calificación de «parcialmente libre».
En la región latinoamericana, Venezuela y Nicaragua son los países con menor puntuación y se les califica como «o libres», por las restsricciones políticas, falta de libertad de prensa y un sistema de justicia sin independencia.
Entre los señalamientos que hace Freedom House sobre la situación que se vivió en Guatemala durante 2023, destaca lo siguiente:
- Tras las elecciones generales de junio, funcionarios del partido gobernante y la Fiscalía hicieron repetidos intentos de socavar el proceso democrático. Tales esfuerzos incluyeron intentar utilizar las instituciones judiciales para ignorar, retrasar o revertir la certificación de resultados; intimidar a las autoridades electorales y a los miembros y candidatos del Movimiento Semilla; y sembrar dudas sobre los resultados electorales. En julio, el Tribunal Constitucional suspendió brevemente los resultados de la primera vuelta después de que un grupo de partidos conservadores derrotados se quejara de presuntas irregularidades, pero un recuento parcial realizado en respuesta no cambió el resultado de las elecciones.
- Los esfuerzos para impedir que Arévalo asumiera el cargo no cesaron después de su victoria en las elecciones de agosto. En diciembre, los fiscales solicitaron que se despojara a Arévalo de su inmunidad política (la tercera solicitud de este tipo desde agosto) y pidieron la anulación de las elecciones. Posteriormente, la Corte Constitucional emitió un fallo ordenando que todos los funcionarios electos asumieran sus cargos en enero de 2024. En diciembre, el titular del Tribunal Supremo Electoral (TSE) declaró públicamente que los resultados electorales eran “válidos, oficiales e inalterables” y que Arévalo asumiría el cargo según lo previsto en 2024.
En 2020, cuando asumió la presidencia Alejandro Giammattei, la calificación de nuestro país era de 52 puntos en materia de libertades y la calificación sufrió una baja cada uno de los años de su administración.
Sobre el tema de justicia en el país, el informe señala:
- El Fiscal General Porras ha despedido, transferido o iniciado casos frívolos contra numerosos fiscales anticorrupción y jueces independientes. Durante 2023, el fiscal general emprendió acciones legales por motivos políticos en un aparente intento de deslegitimar las elecciones e impedir que el presidente electo Arévalo asumiera el cargo.
- El gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.) ha sancionado a varios funcionarios anteriores y actuales del gobierno guatemalteco, incluido el fiscal general Porras y al menos 10 jueces y fiscales, por delitos relacionados con la corrupción.
Sobre Libertad de prensa y el acoso que se ha producido en contra de periodistas y medios independientes, Freedom House destaca:
- Los ataques, amenazas y casos legales falsos contra periodistas aumentaron durante 2023. Según organismos internacionales de vigilancia de la libertad de prensa, al menos cuatro periodistas fueron asesinados durante el año, potencialmente como represalia por su trabajo. En junio, el fundador y presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, fue condenado a seis años de prisión por cargos espurios de lavado de dinero. Su condena fue revocada en apelación en octubre debido a “irregularidades procesales”, pero Zamora permaneció en prisión en espera de un nuevo juicio hasta fin de año. Sus abogados y varios otros periodistas que han colaborado con el periódico también han sido objeto de acoso e intimidación, y el periódico se vio obligado a cerrar en mayo. Al menos 20 periodistas han abandonado el país en los últimos años.
- Los periodistas rurales, indígenas y mujeres reciben poca protección contra la discriminación, las amenazas y las acciones legales frívolas, y los reporteros que cubren noticias regionales sufrieron ataques y detenciones en varias ocasiones en 2023.