- Al menos 80 niños indígenas pudieron ser adoptados ilegalmente entre 1968 y 1996 y se menciona el nombre de la fiscal general vinculado a casos en 1982
- Expertas y expertos de la ONU alarmados por alegaciones de adopciones ilegales históricas y la vinculación de la alta funcionaria guatemalteca
GINEBRA – La informacion recibida sobre al menos 80 niños indígenas que fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales tras haber sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” después de su captura y desaparición forzada entre 1968 y 1996 en Guatemala es sumamente preocupante, afirmaron hoy expertos y expertas de la ONU*.
“Nos preocupa especialmente que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta implicación de algunas autoridades estatales en estos procesos y que las madres afectadas por estas adopciones ilegales aparentemente no hayan recibido ni el reconocimiento ni las reparaciones adecuadas”, señalaron las y los expertos.
Las adopciones ilegales pueden ocurrir mediante una serie de actos ilícitos o prácticas ilegales, incluidos el fraude en la declaración de adoptabilidad, la falsificación de documentos oficiales, la coacción o la falta de consentimiento libre e informado de los padres biológicos, así como el beneficio financiero indebido para los intermediarios.
Las y los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que en estos procesos de adopciones ilegales internacionales, supuestamente estuvieron involucrados funcionarios públicos, incluyendo a la ex Directora/Administradora, la Sra. María Consuelo Porras Argueta, actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, quien, según se informa, fue la “tutora legal” de los niños desde el 21 de enero hasta el 30 de agosto de 1982.
Los y las expertas señalaron que actualmente se está llevando a cabo un proceso de nombramiento judicial e instaron a todos los actores a ejercer cautela ante estas graves alegaciones, que aún no han sido investigadas. También mencionaron que la Sra. Porras Argueta se postula actualmente para la elección a la Corte Constitucional y que podría ser nominada para la reelección como Fiscal General esta semana.
“Todas las personas contra las cuales existan alegaciones creíbles de conductas incompatibles con los estándares de derechos humanos, especialmente aquellas que han tenido autoridad para tomar decisiones relacionadas con la criminalización o violaciones de derechos humanos, no deben ser preseleccionadas ni nombradas hasta que se realice una investigación pronta, independiente y exhaustiva de esas alegaciones”, recordaron las personas expertas.
“Las víctimas tienen derecho a acceder a todos los remedios disponibles según el derecho internacional y nacional, incluidos los mecanismos judiciales y no judiciales, las iniciativas de búsqueda de la verdad, los procesos penales, las reparaciones y las garantías de no repetición.”
Los y las expertas afirmaron que los Estados tienen la obligación, según el derecho internacional de los derechos humanos, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones relacionadas con las adopciones ilegales internacionales y las desapariciones forzadas, y de garantizar que las víctimas y sus familias puedan ejercer plenamente sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.
Las personas expertas están en contacto con las autoridades guatemaltecas al respecto.