Para la organización Impunity Watch Guatemala, la elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) es trascendental para garantizar la objetividad, imparcialidad e independencia del máximo tribunal constitucional del país.
Estas observaciones se dan en el marco de la convocatoria que realizó recientemente la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para elegir a un magistrado titular y un magistrado suplente de la CC que deberán completar el período de la actual corte, que finaliza en abril de 2021.
“Presentamos las siguientes recomendaciones para que el proceso cumpla con los requisitos que se establecen las leyes nacionales y los estándares internacionales de objetividad, participación en igualdad de condiciones, publicidad y transparencia”, afirma esa organización.
En relación al perfil de los aspirantes, Impunity Watch establece que todos los aspirantes deben cumplir con los requisitos de honradez, capacidad, idoneidad y honorabilidad que se establecen en los artículos 113 y 270 de la Constitución, y los requisitos formales que se establecen en los artículos 151 y 152 de la Ley de Amparo y 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
En el proceso de elección, la organización señala que la CSJ debe publicar la información de todas las fases del proceso, esto incluye la convocatoria de la elección, el cronograma de trabajo, los nombres y expedientes de las personas que apliquen, las objeciones presentadas por la ciudadanía, los criterios de evaluación, las entrevistas a los aspirantes, los resultados de la deliberación y los nombres de las personas electas.
“Se deben facilitar las condiciones para que todas las personas interesadas puedan aplicar a los cargos con igualdad, esto incluye a las mujeres, los indígenas y las personas con discapacidad, por ello es importante que se establezca un plazo razonable para presentar los documentos requeridos y que en los criterios de evaluación se establezca claramente el principio de equidad. De acuerdo con los estándares internacionales, el proceso debe asegurar la igualdad de oportunidades y procurar una representación equitativa de género, grupos étnicos y minorías en la función judicial”, asegura.
En relación a los criterios de evaluación, esa entidad establece que la CSJ debe establecer criterios objetivos para evaluar las capacidades, experiencia y ética de los aspirantes, para ello se debe verificar la información que presenten los aspirantes en sus expedientes, solicitar a las instituciones y la ciudadanía información sobre los antecedentes y la honorabilidad de las personas que aspiran a los cargos. “Se deben realizar entrevistas públicas. Es importante definir un período razonable para que la ciudadanía pueda presentar objeciones (tachas) en contra de las y los aspirantes que no son idóneos, y la CSJ debe verificar la información”, añade.
Por último, Impunity Watch solicita al Organismo Judicial garantizar que los medios de comunicación y la ciudadanía tengan acceso a toda la información del proceso y que las entrevistas y las sesiones de deliberación sean públicas para garantizar la transparencia de esta elección que es relevante para resguardar la objetividad, imparcialidad e independencia de la CC.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido que todo proceso de elección de magistrados debe garantizar los principios de publicidad y transparencia, asegurando que el proceso sea abierto al escrutinio público y la participación de todos los sectores sociales”, concluye.