Han pasado más de 16 meses y ni el Ministerio Público ni la Contraloría, investigan la corrupción y/o a los responsables de perdidas multimillonarias
La pandemia por Covid-19 afectó severamente al país en muchos aspectos, pero hay uno que las autoridades quieren dejar en el olvido y hacer creer que no ha pasado nada irregular. Sin embargo, se trata de dos casos, vinculados entre sí, que la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público(MP) ignoran a pesar de la pérdida de centenares de millones de quetzales.
En abril de 2021, cuando el mundo avanzaba con la vacunación masiva y la OMS anunciaba cuales eran las marcas que habían pasado los procesos de aprobación requeridos, el gobierno de Guatemala sorprendió con el anuncio de la compra del inmunológico ruso conocido como Sputnik V, que no contaba con las licencias recomendadas, lo que disparó las alarmas en algunas salas de prensa.
En poco tiempo, el diario elPeriódico publicó el contenido del contrato, el cual mostraba a todas luces que la compra se hizo sin contemplar las necesidades, incumplió los requisitos mínimos legales para proteger al país y dejaba mucha tela que cortar para una investigación, que obligatoriamente debían realizar la Contraloría General de Cuentas (CGC) y el Ministerio Público (MP).
El contrato divulgado por el medio independiente muestra irregularidades comprometedoras, lo que permite suponer que pudo haber existido un interés especial para comprar vacunas que no sólo no tenían la aprobación de los organismos internacionales de salud, sino que además no eran las indicadas para un país como el nuestro, sin capacidad para refrigerar las dosis y enviarlas al interior adecuadamente.
Pero el contrato mostraba cosas peores. El Congreso al aprobar los fondos para la compra de vacunas en enero anterior, había establecido que la compra se debía hacer directamente con las farmacéuticas, sin intermediarios. Aquí la negociación se llevó a cabo con un intermediario ruso, ignorando la Ley de Vacunación.
Por otro lado, el vendedor no se comprometió con plazos o fechas para realizar la entrega del biológico, lo que permitió que se hiciera sin programación. Primero los envíos llegaron a cuentagotas, y finalmente, cuando habían llegado al país millones de dosis de vacunas de marcas reconocidas en calidad de donaciones, llegó un envío masivo –millones– desde Rusia, lo que provocó varios problemas adicionales y un stock más grande del que se podía operaren ese momento.
Sí, sí… pero ¡no!
Desde el día 6 de marzo, el MP principió a recibir denuncias tras conocerse de las anomalías del contrato. Para entonces, se sabía que la Procuraduría General de la Nación (PGN), había avalado la compra, lo mismo que la ministra de Salud, Amelia Flores, quien con el visto bueno del presidente Alejandro Giammattei estampó su firma en el contrato.
La fiscal general declaró ese mismo mes que se ha abierto una investigación sobre el contrato, supuestamente por parte de la fiscalía Contra la Corrupción, pero desde entonces nunca se supo de algún avance.
Fuentes de la CGC dijeron también que se verificaría todo lo relacionado con la compra, el contrato, la entrega y uso de las vacunas, pero nunca se ha rendido informe de lo descubierto o no.
El monto del contrato no es poca cosa. El Gobierno aceptó pagar por adelantado el costo de ocho millones de dosis de Sputnik V por un costo de US$79.8 millones –unos Q614 millones–, lo que significa que Guatemala compró vacunas no probadas en su calidad a un costo mayor que el de otras vacunas, como Moderna, AstraZeneca o Pfizer.
Hasta la fecha, ni el MP ni la CGC han hablado de lo que podría ser un gran negocio por sobreprecio pagado. Los más desconfiados señalan que el sobreprecio pudo ser parte de un hecho de corrupción que no se ha querido investigar.
De acuerdo con la cadena de responsabilidades, el presidente Gammattei, la ministra Flores, y el PGN, Jorge Luis Donado, pudieron haber incurrido en ilegalidades, si no en actos de corrupción.
Por su parte la fiscal general Porras y el Contralor General, Edwin Humberto Salazar, podrían tener responsabilidades por entorpecer las investigaciones o al menos, incumplimiento de deberes.
Más negligencia
Aunque podrían verse como dos casos separados, la vinculación de la compra irregular o ilegal de las vacunas Sputnik, está relacionado con la pérdida de más de Q300 millones por vacunas que se vencieron en las bodegas del ministerio de Salud, mientras el nivel de vacunación de personas en el país es uno de los más bajos de América.
En total se reconoce oficialmente que se vencieron 7.8 millones de dosis de vacunas de diferentes marcas, la gran mayoría de ellas Sputnik V, las cuáles ni siquiera pudieron ser enviadas al interior por carecer el ministerio de Salud de la capacidad para mantenerlas a la temperatura requerida.
Cualquier negocio que produce pérdidas tan grandes al Estado debiera ser investigado y los responsables señalados por las autoridades competentes. Sin embargo, aunque el vencimiento de estas vacunas tuvo lugar entre febrero y marzo de este año, este es el momento en que no se han pronunciado ni el MP ni las autoridades de la contraloría.
De hecho, hasta hace algunos días, el MP ni siquiera había terminado el conteo de las dosis vencidas para preparar el informe y determinar si hay algún delito que perseguir.
El gobierno y el presidente Giammattei han pretendido ignorar el caso, mientras la impunidad en todo lo actuado es evidente en cada uno de los pasos que se han dado.
Hasta el día de hoy, el nuevo ministro de Salud, Francisco Coma, evade en las entrevistas periodística referirse al futuro del contrato sobre las vacunas Sputnik, tomando en cuenta que el mismo contempla el doble de dosis de las ya entregadas, aunque para las futuras entregas no se ha pagado ningún anticipo.
Cuando han transcurrido 16 meses de la firma del contrato, el ministro aún se escuda en que se está haciendo un análisis jurídico para ver lo que procede. Las autoridades se negaron siempre en declarar lesivo para los intereses del país dicho contrato.
Silencio y vanas explicaciones
En el MP hay silencio sobre este tema. Aunque son cientos de millones los que el Estado ha perdido y hay muchas evidencias para una línea de investigación sobre corrupción, nada se ha hecho.
En ninguna fiscalía –Contra la Corrupción o la Feci– hay abierto un expediente. En voz baja se dice que no está en la agenda de las más altas autoridades y los fiscales encargados siguen instrucciones de la jefe del MP, la fiscal general Porras.
En la Contraloría el trabajo se hace al paso más lento posible, posiblemente esperando que se produzca el cambio de autoridades para lavarse las manos y no proceder contra él o los funcionarios responsables.
¿Corrupción? ¿Negligencia?
Los expertos consultados, especialmente en Acción Ciudadana, señalan que los indicios son claros. Lo que parece es que no solo hay casos de corrupción que se deben investigar, sino también hay evidente negligencia de las autoridades.
Una fuente del ministerio de Salud, que pidió no ser identificada por temor a represalias, asegura que nunca se tomaron en cuenta las advertencias que se hicieron con la compra de las vacunas Sputnik, ni se tomaron las medidas del caso para que las vacunas no llegaran en la forma que vinieron.
Como se puede entender con facilidad, si no hay investigaciones que avancen, es difícil poder determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados. Lo que es evidente es que algo se esconde desde el inicio, como bien señaló un alto cuadro del ramo de Salud.
En cualquier país con instituciones sólidas, habría varias líneas de investigación departe de las autoridades responsables.