El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) y Acción Ciudadana (AC), junto a otras 60 organizaciones de la sociedad civil, plantearon que en el proceso de readecuación del presupuesto vigente 2020 a ejecutarse el próximo año, este atienda algunos aspectos puntuales como evitar la corrupción y la ejecución sin resultados en el desarrollo.
Entre los puntos que enfatzan los firmantes son:
Priorizar la inversión pública en las niñas, niños y adolescentes, la lucha contra la desnutrición infantil, el desarrollo rural, la mejora en la calidad y cobertura de los servicios de salud y educación pública y que en general se cierren las brechas de cumplimiento de la agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible.
Otro punto es la erradicación de las asignaciones de gasto que ensanchan la corrupción y se supriman asignaciones de gasto ilegítimas, como la Comisión presidencial de Centro de Gobierno, el seguro médico escolar privado y los aportes directos para organizaciones no gubernamentales espurias.
Asimismo, piden corregir la proyección de ingresos tributarios para el próximo año, la cual debe tener sustento técnico y reflejar un mayor esfuerzo del gobierno en la mejora de la recaudación enfrentando decididamente la evasión de impuestos.
Que se racionalice el uso de la deuda pública, destinándola exclusivamente a inversiones que maximicen las capacidades humanas, sociales y económicas y que el Ministerio de Finanzas Públicas elabore y publique un estudio que evalúe la sostenibilidad y vulnerabilidad fiscal de Guatemala.
Además piden que se incluya como parte de un plan de reactivación económica en el 2021, una significativa asignación para la asistencia y protección social equilibrada con esfuerzos de infraestructura destinados a la construcción y mejora de escuelas, centros y puestos de salud, caminos rurales, sistema de riego y programa de protección y saneamiento ambiental, estableciendo su impacto en la generación de empleo, producción de alimentos y en la priorización de mejores condiciones de vida para las poblaciones afectadas por la pobreza.
Por último, indicaron que se suman al clamor popular que rechaza la corrupción y la represión violenta y la criminalización del derecho y práctica democrática fundamental de manifestación y protesta pacífica.
“El diálogo democrático tiene como premisa y condición insoslayable el respeto irrestricto a los derechos fundamentales y las garantías constitucionales”, puntualizaron.
Engavetan Presupuesto
Este pronunciamiento se da luego que el Congreso de la República diera marcha atrás a la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2021, el cual generó un fuerte rechazo y críticas por parte de la ciudadanía.