- Entraría en vigor si no es impugnada ante la Corte de Constitucionalidad (CC); es análisis técnico del decreto aprobado por el Congreso la semana anterior
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) hizo un «análisis técnico» de la ampliación presupuestaria aprobada mediante el Decreto del Congreso de la República número 17-2024,[1]reiterando[2]que el incremento de Q1,881.0 millones al aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), y de Q1,000.0 millones para el ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), y determinó que «carecen de justificación técnica y «constituyen riesgos de abuso y corrupción»
En esta nueva versión de la ampliación presupuestaria –la segunda, tras la impugnación ante la CC de la primera–, el Icefi destaca como aspecto positivo que «se avanzó en corregir el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios», pero reitera que esta corrección podría resultar insuficiente, toda vez que, tomando en cuenta la recaudación real observada al 31 de julio de 2024, el Icefi estima que persistiría un error de subestimación de alrededor de Q2,887.4 millones, equivalentes a 0.3% del producto interno bruto (PIB).
El Icefi reconoce una lista de casi 20 acciones y efectos con potencial de beneficio económico y social de la ampliación presupuestaria aprobada. Sin embargo, son enunciados que, aunque loables, «no están respaldados con elementos técnicos que expliquen o justifiquen su viabilidad presupuestaria, toda vez no se especifican montos, no se precisa su relación o ubicación en la estructura programática del presupuesto, y no se explica cómo el Ejecutivo propone mejorar o readecuar su capacidad actual y lograr ejecutarla en los últimos 4 meses del ejercicio fiscal 2024».
El Icefi recomienda enmendar estas debilidades técnicas y transparentar cómo las asignaciones aprobadas contribuirán a alcanzar y lograr los beneficios enunciados, así como la elaboración y publicación de estudios técnicos sobre los impactos macroeconómicos y fiscales de la ampliación aprobada.
También reitera su preocupación por el carácter vulnerable al abuso y a la corrupción del incremento de Q1,000 millones a la asignación presupuestaria para el Maga. De este monto, el Maga debe destinar Q400.0 millones para la compra directa de fertilizantes, de semillas por Q25.0 millones y de herramientas agrícolas por Q75.0 millones, toda vez la ley aprobada le exonera de la obligación de usar las modalidades más transparentes y competitivas de adquisición pública.
Además, el Maga y el Crédito Hipotecario Nacional deben crear un fondo de crédito con los Q500.0 millones restantes, sin que se haya elaborado el reglamento que defina los requisitos y los criterios de evaluación para otorgar los créditos, y sin estudios, análisis, opiniones técnicas o dictámenes de entidades especializadas como la Superintendencia de Bancos.
El Icefi expresa su preocupación por que algunas de las disposiciones aprobadas «son insuficientes» para prevenir abusos y actos de corrupción, y en algunos casos incluso revierten controles existentes. Casos preocupantes son las disposiciones que exoneran la obligación de seguir procesos de adquisición pública transparentes y competitivos, o la prohibición de que ciertos contratos de obra pública de infraestructura vial excedan los montos autorizados en las asignaciones presupuestarias vigentes.
El Icefi recomienda al Organismo Ejecutivo «reforzar la normativa reglamentaria existente y, de ser necesario, emitir normativa nueva». Sugiere que la prioridad de estos esfuerzos normativos debe ser evitar que se repitan las prácticas fraudulentas y corruptas que han plagado la operación de los Codede y las adquisiciones públicas usando la modalidad de compra directa.
Recomienda que el diseño de los fondos revolventes creados debe estar debidamente sustentado por estudios técnicos. Además, deben mediar opiniones y dictámenes técnicos de las entidades especializadas, incluyendo a la Superintendencia de Bancos, y estima deseable la gestión de asistencia técnica de las instituciones financieras internacionales y de la banca internacional de desarrollo, para conocer, analizar y estudiar la experiencia y las mejores prácticas internacionales para este tipo de instrumentos financieros.