- Dos hechos de violencia colocan bajo sospecha la actuación de las fuerzas de seguridad.
- En Huité, las versiones oficiales pasaron de negar una incursión militar a reconocer que soldados dispararon y no se disipan dudas.
- En el asesinato del exfiscal, la liberación de dos hermanos y la investigación sobre un arma presuntamente plantada por policías cuestionan la primera respuesta del Gobierno.
Redacción Crónica
El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta una crisis que rebasa su capacidad para contener la violencia: está en juego la credibilidad de sus explicaciones. La muerte de ocho personas en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre, y el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, han dejado un patrón preocupante: comparecencias oficiales que anuncian investigaciones, pero no consiguen explicar las inconsistencias de las propias instituciones encargadas de proteger a la población.
Los casos tienen circunstancias distintas y responsabilidades pendientes de establecer. Sin embargo, ambos plantean una pregunta política común: ¿puede el Ejecutivo garantizar una investigación confiable cuando integrantes del Ejército o de la Policía Nacional Civil aparecen señalados por acciones que podrían comprometer el esclarecimiento de los hechos?
La sospecha de encubrimiento no equivale a una responsabilidad demostrada. Pero las versiones cambiantes en Huité y la posible fabricación de evidencia contra dos jóvenes repartidores obligan al Gobierno a ofrecer algo más que llamados a esperar.
Un presidente con poco margen de confianza
Estas crisis golpean a una administración debilitada en las mediciones de opinión. El ranking de CB Global Data correspondiente a octubre situó a Arévalo en el último lugar entre los 18 presidentes latinoamericanos evaluados, con 31% de imagen positiva y 63.1% negativa. La precisión importa: se trata de esa comparación específica, no de una medición universal de todos los gobernantes de la región.
En Guatemala, la encuesta de Fundación Libertad y Desarrollo y CID Gallup divulgada este mes registró apenas 15% de evaluación positiva de su gestión. El sondeo fue levantado entre septiembre y principios de octubre, por lo que no permite atribuir sus resultados al asesinato de Solórzano Foppa. Sí muestra el desgaste previo con el que el presidente enfrenta esta nueva crisis.
Arévalo respondió a las encuestas con una frase políticamente reveladora: “Como no soy candidato, no tengo por qué estar distrayéndome en eso”. Sin embargo, la confianza ciudadana también condiciona la capacidad de gobernar. En circunstancias como estas, determina cuánto crédito recibe una explicación oficial y cuánto pesan sus contradicciones
Huité: una explicación que cambió por etapas
La primera fractura del relato oficial apareció después de la matanza de Huité. El 28 de septiembre, la portavoz militar, Nathalia Mollinedo, negó que se hubiera producido una incursión del Ejército y atribuyó la violencia a una disputa territorial del crimen organizado. También rechazó que el uniforme y equipo de los hombres señalados correspondieran a la institución.
Posteriormente circularon videos de vehículos J8 y camiones con soldados. Defensa reconoció entonces el despliegue y sostuvo que las tropas habían evitado ingresar al área del enfrentamiento para no agravar la violencia. El 30 de septiembre, Arévalo admitió la participación de elementos y unidades militares, aunque dejó pendiente explicar su alcance.
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La salida del gobierno fue entregar la brasa candente al Ministerio Público (MP) para que investigue, sin haber tenido bajo su control la escena de los crímenes cometidos
La diferencia entre esas versiones no es secundaria. Negar una incursión, reconocer un despliegue y admitir una participación son afirmaciones que requieren una cronología precisa: quién sabía qué, desde cuándo y con base en cuáles reportes.
En la conferencia del 30 de septiembre, el ministro de la Defensa, Henry Sáenz, justificó el cambio diciendo que la información inicial indicaba que no había participación militar en el hecho violento y que posteriormente se obtuvieron nuevos datos. Pero no detalló las acciones concretas de la unidad. También reconoció que desconocían la nacionalidad de quienes protagonizaron la incursión.
Ese punto debilitaba la firmeza de las primeras explicaciones sobre los responsables: si todavía faltaban datos básicos sobre el grupo armado, ¿sobre qué evidencia se había construido una atribución tan categórica?
La conferencia dejó otro problema institucional. Arévalo anunció una comisión multidisciplinaria dentro del Ministerio de la Defensa para esclarecer la actuación castrense. Una revisión interna puede reconstruir órdenes, desplazamientos y comunicaciones, pero su procedencia exige un contraste independiente. La investigación penal no puede descansar exclusivamente en la explicación de la institución cuestionada. El propio Gobierno indicó que el informe sería remitido al Ministerio Público.
Los disparos que la primera versión no explicaba
El 8 de octubre llegó una admisión de mayor alcance: personal militar había disparado. Sáenz explicó que las tropas instalaban puestos de registro y control en los accesos al casco urbano y que, al escuchar detonaciones sin identificar su origen ni una amenaza, efectuaron disparos que calificó de advertencia.
La explicación dejó abierta la cuestión fundamental: llamar “de advertencia” a los disparos describe la intención atribuida por el mando militar, pero no establece dónde impactaron ni si causaron víctimas.
Ese día se anunciaron relevos en la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional y en el mando de la Segunda Brigada de Infantería, además de poner a disposición de las investigaciones a 107 militares, su armamento y equipo. Estas medidas no equivalen a capturas ni a una determinación de culpabilidad. Tampoco resolvieron quién mató a las ocho personas.
Incluso los cambios administrativos dejaron dudas. Posteriormente se explicó que el jefe del Estado Mayor relevado continuaba en funciones de asesoría dentro de Defensa y que el comandante de la brigada permanecía en disponibilidad. La institución sostuvo que ninguno conservaba mando operativo. Retirarlos de esos cargos podía facilitar las pesquisas, pero no significaba su separación del Ejército.
Las discordancias alcanzaron también la entrega del informe: el 7 de octubre, Arévalo afirmó que “ahorita debería estar siendo entregado” al MP, mientras horas antes Defensa había respondido que no existía un tiempo determinado para concluirlo. La divergencia alimentó dudas sobre la coordinación y el control de la información dentro del Ejecutivo.
Más grave resulta que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reconociera posteriormente que se enteró de lo ocurrido por redes sociales y que el Ejército no había solicitado apoyo policial. Defensa admitió ante diputados que las tropas se movilizaron sin acompañamiento de la PNC.
Para las familias, estas contradicciones tienen nombres y pérdidas concretas. Entre los fallecidos estaban Vilma Elizabeth Paz Paiz y sus dos hijas, Cinthia Gabriela y Uve Lisbeth, quienes habían salido a cargar combustible. El alcalde Leonel Humberto Paz López declaró duelo municipal. La explicación sobre una disputa criminal no sustituye la obligación de establecer por qué murieron quienes quedaron atrapados en aquella jornada.
Caso Foppa: de las capturas anunciadas a una evidencia… ¿fabricada?
El asesinato de Solórzano Foppa abrió un segundo frente. El exfiscal y exjefe de la SAT murió durante un ataque en el Campo Marte, en el que también falleció Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro. Horas después, las autoridades presentaron la captura de Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18.
En la conferencia del 17 de octubre, Villeda sostuvo que una primera hipótesis apuntaba a cuatro participantes vestidos con ropa deportiva. Al mismo tiempo, insistió en que todavía se recolectaban evidencias y que no se adelantarían conclusiones.
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Conviene reconocer esa cautela: el ministro no declaró culpables a los hermanos. Pero sus reservas verbales no resolvían la fragilidad de los elementos que sustentaban la actuación policial.
Una de las explicaciones fue que llamadas recibidas por la PNC describían a atacantes con prendas del Barcelona. Rigoberto relató que su hermano llevaba una camiseta del club. la prensa documentó, además, que en tribunales policías y fiscales hicieron que Daniel volviera a ponerse esa camiseta para fotografiarlo, después de haber aparecido con otras prendas. Es una circunstancia que requiere explicación, especialmente cuando la vestimenta formaba parte de la justificación de la captura.
El elemento más grave era el arma que, según la Policía, transportaban en el compartimiento utilizado para repartir comida. Rigoberto denunció desde el inicio que se la habían colocado. El domingo 18, el MP solicitó falta de mérito y el juzgado ordenó la libertad de ambos.
Según fuentes judiciales consultadas por La Hora, el arma habría sido introducida por agentes y no correspondería a la utilizada en el ataque. La diligencia se desarrolló bajo reserva, por lo que esa información debe mantenerse atribuida y pendiente de esclarecimiento judicial.
Se asegura que la Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga a los policías por la supuesta colocación de la carabina. Si se confirma, el caso trascendería una captura equivocada: implicaría fabricar evidencia contra personas y desviar recursos de la búsqueda de los verdaderos responsables.
Una conferencia que abrió nuevas hipótesis
Al ser cuestionado sobre la posibilidad de que los hermanos no estuvieran en la escena del crimen, Villeda señaló que podían haber participado antes o después. La posibilidad es investigable, pero en esa comparecencia no se expusieron pruebas que sostuvieran tal vínculo.
El ministro también explicó que Solórzano Foppa contaba con protección policial y que, según los escoltas, les había pedido permanecer junto a su hijo mientras él dirigía al equipo desde la orilla del campo. Añadió que no existía una denuncia oficial reciente de amenazas. Son datos relevantes, pero la versión de los escoltas debe verificarse y la ausencia de una denuncia reciente no permite concluir que el riesgo hubiera desaparecido.
Quedan pendientes la reconstrucción de la respuesta de la protección policial, los registros de comunicación y los videos. También debe aclararse quién ordenó las capturas, qué información recibió la cadena de mando y cómo se verificó antes de divulgarla.
La sospecha que el Gobierno debe despejar
Los dos casos no prueban una operación común ni permiten afirmar que Arévalo haya ordenado ocultar hechos. Sí muestran problemas que comprometen políticamente a su administración: en Huité, información militar corregida por etapas; en el caso Foppa, una actuación policial que ahora es objeto de investigación.
En el primero, debe establecerse si hubo desinformación, negligencia o un intento deliberado de ocultar responsabilidades. En el segundo, si agentes fabricaron evidencia y, de ser así, con qué propósito y bajo cuáles instrucciones. Resolver esas preguntas es indispensable para distinguir errores institucionales de posibles actos de encubrimiento.
La responsabilidad penal corresponde determinarla al MP y a los tribunales. La responsabilidad política del Ejecutivo comienza antes: preservar la evidencia, impedir interferencias, explicar las contradicciones y corregir públicamente las afirmaciones que no se sostengan.
Arévalo llegó al Gobierno con una promesa de recuperar las instituciones. Huité y el asesinato de Solórzano Foppa ponen esa promesa a prueba en su terreno más sensible: la capacidad de investigar a las propias fuerzas de seguridad. La credibilidad presidencial dependerá de que el esclarecimiento alcance también a quienes portan uniforme, ejercen mando o proporcionaron versiones que después quedaron bajo sospecha.